REFORMA A COSTA DE LA SALUD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES

A lo largo del siglo XX, no pocos presidentes demócratas de Estados Unidos han intentado, sin éxito, ensayar alguna reforma de la salud pero tal parece que, crisis y recesión mediante, será Barack Obama el primero en lograrlo, si no fracasa en el Senado o pierde el respaldo de algunas de sus aliadas más firmes dentro del influyente movimiento feminista.

Como público admiramos series médicas como ?ER? o actualmente al cínico ?Dr. House?, pero la realidad del sistema de salud estadounidense dista mucho de ser ?primermundista?.

Estados Unidos tiene la peor calificación entre los países más desarrollados en renglones clave: población protegida, eficiencia y calidad de los servicios, veracidad en la información, medicina preventiva y expectativas a futuro. Y es que su sistema -complejo de entender- no se ha decidido nunca por ser universal, de control estatal y, por ende, garante del acceso a un derecho humano fundamental. Por el contrario, librado al criterio del mercado, coexisten seguros privados -muy poderosos- que son estrictamente individuales o más corporativos como el que tienen los militares, con servicios públicos como Medicaid (orientado a la atención de población de menores recursos) y Medicare (sistema de seguros dirigido a mayores de 65 años), en un entorno de financiamiento mixto: federal, estatal y de los propios beneficiarios.

Casi 46 millones, (16% de la población) carece de protección alguna; este sector crecerá a 72 millones en las próximas tres décadas, sin incluir a los migrantes indocumentados. Un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese país indica que: ?Cuatro de cada 10 estadounidenses de bajos ingresos no tienen seguro médico y la mitad de los casi 46 millones de personas sin cobertura de seguro en Estados Unidos son pobres. Alrededor de un tercio de las personas sin cobertura de seguro tienen una enfermedad crónica y tienen seis veces menos posibilidades de recibir asistencia por un problema de salud que los que sí tienen cobertura. Por el contrario, 94% de los estadounidenses de ingresos más elevados tienen seguro médico?.

 

MENOS GANANCIAS, MÁS BENEFICIARIOS

La reforma que impulsa la administración Obama prevé extender la cobertura a 36 millones de estadounidenses sin seguro de salud, lo que significaría que el 96% de la población total tendría cuidado médico asegurado, una cifra no alcanzada jamás. La ciudadanía estaría obligada a pagar las mensualidades a aseguradoras privadas o a un plan público, con la ayuda de subsidios, so pena de multas.

El plan prohíbe a las aseguradoras privadas negarse a extender una nueva póliza a personas que sufran alguna enfermedad, algo que hacen en la actualidad dejando sin atención a miles que, habiendo contraído una enfermedad sin seguro, no pueden luego conseguir quien los asista al invocarse ?condiciones pre-existentes?. Esto se vuelve especialmente problemático para muchas mujeres cuando se embarazan sin tener cobertura: un 15% no accede a la atención prenatal (control del embarazo) exclusivamente por esta razón. Un muy sentido spot que aparece en la web del Centro Nacional de Derechos de las Mujeres, bajo la consigna: ?Ser una mujer no es ser una condición pre-existente?, denuncia que en la actualidad no les es posible acceder a una cobertura médica si están embarazadas, han tenido cesáreas o han padecido violencia doméstica (ni hablar si tienen cáncer de mama, por ejemplo, y necesitan tratamiento).

Según los demócratas, el nuevo sistema conlleva un coste de 1,1 billones de dólares durante diez años. Ese gasto sería totalmente compensado con una subida de impuestos a los más ricos, reducción de algunas exenciones fiscales para grandes empresas y una tasa sobre los aparatos médicos. Pero Obama no ha logrado convencer a la oposición ni con la forma de financiamiento ni con la cifra a invertir.

Para impulsar este plan, el presidente cuenta con el apoyo de algunos de los sectores directamente involucrados -incluyendo no sólo las empresas sino al sindicalismo- que estarían dispuestos a renunciar a parte de sus abultadísimas ganancias en aras de un sistema con más beneficiarios. Pero la oposición, no sólo de los grupos más conservadores y reaccionarios, sino incluso dentro de sus propias filas demócratas, desnuda una gran resistencia a la socialización de la salud: parece que no suena tan bien como socializar los irresponsables déficits bancarios de su igualmente semicolapsado sistema financiero.

 

SAPOS Y CULEBRAS DE LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA

En el intento de que se aprobara en la Cámara de Representantes, la reforma tuvo un giro inesperado: el aborto quedará excluido de toda posible financiación federal tanto a nivel público como privado. Las pólizas compradas con subsidios federales a aseguradoras privadas también tendrán las mismas restricciones, y las mujeres que busquen cobertura para el aborto tendrán que comprar seguros separados con su propio dinero.

Quien tuvo que acceder a semejante concesión fue, paradójicamente, una representante demócrata ?pro-opción?: Nancy Pelosi, la negociadora que se impuso a la oposición a través de la ?enmienda Stupak? (nombre del representante demócrata del estado de Michigan que propuso la exclusión del aborto). Aún así, hubo 39 demócratas que no acompañaron con su voto, casi todos provenientes de los estados más conservadores del sur del país.

La furia de las mujeres ?pro-opción?, en un país que tiene legalizado el aborto desde 1973, no se hizo esperar. Barbara Lee (California) acusó a los grupos católicos y ?pro-vida? de haber presionado a los congresistas: ?Insertar el punto de vista religioso en una política pública es simplemente vergonzoso. Somos una democracia no una teocracia?. Rosa DeLauro (Connecticut) admitió que con esta enmienda, al prohibir el acceso al aborto, se está invadiendo el terreno ?de las decisiones más personales de las mujeres?.

Frances Kissling (Católicas por el derecho a decidir) y Kate Michleman (Naral, América por el derecho a decidir), en una editorial del ?New York Times?, fueron durísimas con el partido demócrata al acusarlo de haber abandonado de su plataforma a la salud reproductiva y el aborto legal, al admitir en sus filas a líderes políticos que no comparten estos principios y conquistas históricas, para ?dar una imagen de que los demócratas no son hostiles a la religión?. ?A los demócratas se les dijo que pararan de hablar del aborto como un derecho legal y moral, centrándose en cambio en un lenguaje más confortable que hablara sobre la reducción del número de abortos?. Esto último incluiría hablar de grupos ?pro-vida? en vez de ?antiabortistas?, entre otros ?cambios de lenguaje?.

Pero, como alerta Sharon Lerner (autora de: ?La guerra sobre las madres: la vida en las enemistosas familias de la nación?) desde el ?Washington Post?, el lobby religioso no ha apuntado solamente hacia la intransigencia respecto de dar cobertura financiera a los abortos, sino también sobre todo lo que tenga que ver con políticas de control natal: anticonceptivos, exámenes ginecológicos, medicina preventiva en torno a las enfermedades de transmisión sexual (ETS), atención neonatal, pediatría, un paquete de cuidados demasiado enorme para ?comprar? por fuera del sistema.

Las mujeres en edad fértil, sexualmente activas, ?no representan un especial grupo de interés para los políticos?, se lamenta Lerner, aún cuando los médicos sí comprenden la importancia que tiene desarrollar este tipo de políticas para bajar los índices de morbimortalidad infantil, anemia, sífilis congénita, etc.

Y algo que de tan obvio se olvida: las mujeres ganan menos que los hombres aún en Estados Unidos, donde los seguros de salud son tan caros que sólo las que tienen empleo a tiempo completo pueden plantearse costear uno; si éste, además, debe ofrecer cobertura maternal, se vuelve impagable para casi cualquier trabajadora. Eso explica que tantas mujeres y tantas organizac
iones estén demandando, junto a otros sectores de la sociedad, una reforma donde el Estado obligue a hacer la inclusión que jamás ha podido resolver el mercado.

 

PRIMERAS REACCIONES FEMINISTAS

El movimiento feminista estadounidense es tan amplio que tiene desde expresiones muy conservadoras, fundamentalmente vinculadas a lo religioso, hasta grupos progresistas o decididamente vanguardistas como el movimiento queer, de modo que no sólo en torno al aborto se dividen las aguas.

De las primeras en reaccionar fue la histórica NOW (Organización Nacional de Mujeres). Su actual presidenta, Terry O´Neill, consideró que la enmienda «es un gigantesco paso atrás que volverá el aborto totalmente inaccesible para todas nosotras. Queremos que el Senado elimine la enmienda y si no lo hacen vamos a presionar al presidente para que no la firme. Deberían estar más preocupados por haber aprobado una ley que le da a las mujeres una cobertura de salud parcial que por hacer enojar a la Iglesia Católica?.

En la misma línea se pronunciaron Nancy Northup (Centro de Derechos Reproductivos) y Cecile Richards (Planificación Familiar), todas organizaciones que llaman a presionar con cartas, e-mails, llamados telefónicos a los congresistas para intentar revertir esto.

Eleanor Smeal, presidenta de Mayoría Feminista, afirmó que con esta decisión ?Millones de mujeres de la clase media o más pobres no accederán a la asistencia sanitaria en abortos. Y millones más perderán la cobertura en abortos porque actualmente cerca del 85% de los planes privados la tienen incluida. La enmienda Stupak, lejos de ser `neutral´, sobre el aborto es un enorme retroceso inaceptable para todas las mujeres?.

Obama ha dicho públicamente que lamenta la exclusión del aborto en las negociaciones, pero la idea es que la reforma salga y, en tal caso, ?se peleará después? por los derechos reproductivos recortados a las estadounidenses. En cualquier país del mundo, las mujeres sabemos de sobra lo que eso significa.