Derecho penal y género: aportes para un vínculo necesario

Esencialmente patriarcal y en masculino, la normativa penal y procesal penal lleva ya un largo proceso de revisión desde la perspectiva de género, que pese a los esfuerzos de la Bancada Bicameral Femenina, aún no culminó.

Hace dos años, esa instancia parlamentaria organizó un seminario en el que se pudieron escuchar ?e interactuar con los diferentes actores participantes- un amplio espectro de aportes al fin sistematizados en un libro editado con el apoyo de Unifem, en el que podrán abrevar las y los actores legislativos y judiciales.

Las intervenciones incluyeron expertizajes locales en las voces de Pilar González, Lilián Curbelo, Andrea Tuana, Margarita Percovich, Mónica Xavier, Beatriz Argimón, Beatriz Scapusio, Alicia Ghione, Silvana Irureta, Angelita Romano, Mariana Malet Vázquez, Ricardo Lackner y el fiscal Eduardo Fernández Dovat. También de llegados del exterior, como la argentina Magdalena Zold y los costarricenses Rodrigo Jiménez y Héctor Sánchez.

Abriendo la presentación en la Sala Paulina Luisi del edificio anexo al Palacio Legislativo, la diputada Beatriz Argimón situó: ?Uruguay tiene una rica trayectoria en ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos, pero el necesario enfoque de género es difícil de trasladar a la legislación nacional?. Entre las causas de esa dificultad, están los anclajes culturales que alimentan las resistencias del ámbito político y determinan que la formación de los profesionales del Derecho todavía no incluya esa perspectiva.

 

RETRASO URUGUAYO

La fiscal Mirta Guianze, quien asumió la nada simple tarea de trasladar a la nutrida audiencia (una vez más, inmensamente femenina) el contenido de la publicación, la considera un trabajo ?serio y trascendente?.

Desde su práctica cotidiana, ella encuentra que ?la mirada de lo femenino no está descartada en la práctica judicial, pero a menudo es tachada de parcialidad?, una estrategia ?como tantas- tributaria de esquemas mentales androcéntricos.

Guianze no tiene dudas de que los instrumentos internacionales que consagran derechos humanos de las mujeres, suponen que los gobiernos están obligados a eliminar la discriminación que pesa sobre ellas, y así se lo recomiendan a Uruguay las instancias que velan por la aplicación de los mismos. Pero, a su juicio, a nuestro país todavía le falta mucho camino para insertarse en lo que sucede en el mundo y en América.

?La función del Estado -asegura Guianze- es administrar justicia con conciencia de las diferencias de género, una responsabilidad que transversaliza el concepto de igualdad a la luz de los derechos humanos?.

La fiscal destacó la coincidencia entre los diversos trabajos que componen el libro, en la necesidad de comprender que ?el Derecho Penal no es solución para la situación de las mujeres?, ya que por sí no cambia la estructura social. Antes bien, se trata de ?un típico instrumento de control y represión, que puede complementar otros sistemas de control privado que reproducen las relación de género?.

No obstante, hay modificaciones que son necesarias porque proveen herramientas para enfrentar la discriminación.

 

LA VICTIMA, ESA DESCONOCIDA

Preocupa particularmente a Guianze la situación de la víctima, ?gran desconocida en el proceso penal?, lo que sería reflejo de su ?invisibilidad? en el derecho sustantivo.

En las nuevas normas penales y procesales proyectadas ?están los principios cardinales del sistema acusatorio, pero su sola formulación no garantiza la perspectiva de género. El sistema da mucha importancia a la fiscalía, que representa los intereses del Estado, no los de la víctima, que tiene que tener un espacio en el proceso con asesoramiento jurídico?, explica. Eso supone la revisión de diversos aspectos del proceso como su oralidad, donde la transparencia será bienvenida siempre que no dañe más a la víctima; la prisión preventiva que, si bien debe ser excepcional, no exime de contemplar en casos de violencia doméstica su trascendencia para que el agresor no pueda efectivamente acercarse a la víctima.

También deben implementarse medidas que atiendan a la vulnerabilidad de las víctimas, como las encaminadas a prestar testimonio mediante cámaras, videos, etc., la prohibición de careos, la constitución de prueba anticipada, el acompañamiento psicológico para niñas y niños

Así como valora la eliminación del perdón judicial por homicidio provocado por adulterio, Guianze reprocha que no haya nada nuevo respecto del homicidio del cónyuge a manos de mujeres violentadas, que no encuadra en la legítima defensa tal como está concebida. Algunas soluciones jurisprudenciales fuerzan el Derecho, como la recurrencia al estado de necesidad, pero no suplen la urgencia de una solución específica para la situación, que tendría que venir de la redefinición del delito de violencia doméstica y la tipificación del homicidio liberador.

También hay que revisar, en la parte especial del Código Penal, los delitos sexuales a partir de reformular el bien jurídico tutelado.

 

SIN REPARACION, NO HAY JUSTICIA

Otro aspecto de singular importancia es la reparación de las víctimas: ?Si no hay reparación ,no hay justicia? , sentencia Guianze, señalando que el Estatuto Roma que crea la Corte Penal Internacional, ratificado por Uruguay, incluye disposiciones muy claras al respecto.

Guianze considera que hay muchas medidas que pueden implementarse aún antes de reformar los códigos: depende de sensibilidad y responsabilidad del sistema de justicia y de sus operadores, que muy a menudo retacean con sus conductas lo que las leyes vigentes conceden.

Para la fiscal, la principal enseñanza del libro es que se está ?actuando mal y hay que ver como coordinarse institucionalmente para que eso no vuelva a suceder?.

 

EL DEBE Y EL HABER DE LA REFORMA EN CURSO

La doctora Diana González Perret ha trabajado mucho en torno a la reforma de las normas penales desde la perspectiva de género. A su turno, durante la presentación del libro, enunció los principales aspectos que tienen en cuenta los proyectos presentados hasta ahora, entre los que se cuentan la incidencia de la violencia doméstica en la comisión de delitos; la consideración de su ciclo para revisar la aplicación de la legítima defensa las mujeres no actúan en la inmediatez del maltrato que reciben) y la revisión de los delitos sexuales para adecuar el bien jurídico tutelado y definir claramente las conductas punibles.

Como diagnóstico de lo avanzado hasta ahora, registra en el haber: la inclusión de la violencia sexual en matrimonio o pareja; la presunción de violencia en víctima menor de 18 años cuando el perpetrador es progenitor o hay relación de dependencia (condiciones en las que se verifica mayoritariamente el abuso sexual en la familia); la ampliación de la violación a la penetración por medio de objetos (aunque sigue quedando afuera la que se consuma por vía oral); reglas para testigos vulnerables o intimidados (pese a que las mujeres víctimas de violencia doméstica no están explícitamente entre ellos y el punto queda a consideración del tribunal) y algunas para protección de la víctima, como designación de un defensor.

Pero continúan en el debe: la tipificación del femicidio; la consideración del ciclo de la violencia y el tipo especial de relación entre víctima y victimario; la inexistencia de normas que obliguen a avisar a la víctima cuando el agresor queda liberado, de modo que pueda adoptar recaudos para su seguridad; el mantenimiento de la figura de atentado violento al pudor siendo que no se trata de pudor sino de abuso de poder y de ataque a la dignidad de las personas, particularmente niñas y niños.

Queda mal parada la adolescencia (la mayoría de las víctimas en esta franja etaria son mujeres), ya que se baja la presunción de violencia a 12 años, cabiendo la prostitución forzada como agravante hasta esa edad pero n
o entre los 12 y 18; disminuye la condena mínima para tentativa de violación; la trata no está incorporada y no hay protección para mujeres que cometen ilícitos estando en esa condición.

 

DESAFIOS DE LA PROXIMA LEGISLATURA

Al cierre de la presentación, la senadora Margarita Percovich destacó el esfuerzo conjunto de legisladores y legisladoras de todos los partidos en pos de la reforma penal y el desafío que tiene por delante la próxima legislatura, sobre todo para no volver atrás.

Reconociendo que el nudo son los códigos, instó a persistir en la necesidad de su reforma desde la perspectiva de género, porque ?las decisiones no pueden quedar en manos de los magistrados: es el sistema político el que debe decidir los marcos legales?.

También recordó el compromiso de luchar por ?un presupuesto quinquenal que contemple más recursos para apoyar a quienes imparten justicia?.