FRENTE AMPLIO, EL ?INTRUSO? EN EL EJERCICIO DEL GOBIERNO

Como hace cinco años, Constanza Moreira vuelve a ofrecer un análisis pormenorizado del juego político existente en nuestro país y sus peculiaridades sistémicas. En aquella oportunidad, en ?Final de Juego. Del bipartidismo tradicional al triunfo de la izquierda en Uruguay?, publicado días después del histórico 31 de octubre de 2004, explicaba el crecimiento y ascenso del ?tercero excluido? -Frente Amplio (FA)- que a 33 años de su fundación obtenía su primer triunfo electoral con mayorías absolutas, sin la necesidad de conformar un gobierno de coalición, algo casi excepcional y que por primera vez sucedía desde la recuperación de la democracia. ?Después del triunfo de la izquierda, nada volverá a ser lo mismo. Se acabó un juego y empieza otro?, anunciaba la politóloga en aquella ocasión.

Esta vez, publicado un par de semanas antes de las elecciones nacionales, apareció ?Entre la protesta y el compromiso. La izquierda en el gobierno. Uruguay y América Latina?, con la novedad de que su autora, además de realizar un análisis académico es senadora electa en una de las listas del Frente Amplio. Juez y parte de esta historia, en un país donde algunas voces han criticado la complacencia de los politólogos con el status quo emergente del período posdictatorial, su actitud y compromiso personal llama poderosamente la atención de tirios y troyanos.

La primera parte del trabajo repasa detalladamente los cinco años de gobierno del Frente Amplio; yo sólo voy a detenerme en el análisis que hace de la agenda de género, escrito con la colaboración de la también politóloga Verónica Pérez.

Previo a ese apartado, se pasa revista a la compleja interna del Frente Amplio para designar los distintos integrantes del gabinete y la conflictividad que se genera en no pocas ocasiones entre gobierno, Parlamento, estructura partidaria y las bases, dada su pluralidad sectorial (sólo en las internas del año 2006, 23 grupos políticos tienen representación en la estructura del FA).

Dentro de las primeras grandes medidas al asumir el gobierno, simplemente nombraré algunas: la creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que atendería mediante el Programa de Atención Nacional a la Emergencia Social (Panes) a la población más vulnerable (luego se convertiría en Plan de Equidad); la aplicación del artículo 4 de la Ley de Caducidad que permitiría avanzar como nunca antes en materia de derechos humanos; la reinstalación de los Consejos de Salarios largamente esperada por la clase trabajadora y también, en su momento, por no pocos empresarios. Luego, el quinquenio dio paso a las grandes reformas: en materia impositiva (Impuesto e la Renta de las Personas Físicas, IRPF), en la salud con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud y la implementación del Plan Ceibal en la enseñanza pública primaria.

 

LA AGENDA DE GÉNERO EN EL QUINQUENIO 2005-2010

Lo que puede entenderse por ?agenda de género? no ha sido relevante en la vida -así como en los programas- de los partidos políticos. No obstante, es la izquierda la que, aunque de una manera ?tibia?, incorpora y maneja algunas de las propuestas más demandadas por las mujeres, más allá de lo emergente en su propia colectividad política.

El primer hecho de destaque se dio al conformar el gabinete con tres ministras: en Salud Pública, Defensa Nacional y Desarrollo Social, a las que en 2007 se suma otra en el Ministerio del Interior. Como ?segundo hecho relevante?, la cientista da cuenta de la transformación del Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres), que pasa a estar en la órbita del Mides (órgano rector de todas las políticas sociales) dotado de mayor presupuesto, recursos humanos especializados así como bajo una dirección de confianza política, más acorde con su función de coordinar las políticas de género del país.

En el área legislativa, las autoras se detienen a considerar tres grandes leyes con algunos sinsabores e incluso frustraciones para el movimiento de mujeres: la Ley de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres (marzo 2007); la Ley de cuotas (marzo 2009) y la Ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, que luego de aprobada fue parcialmente vetada -en lo referente a la despenalización del aborto- por el presidente de la República.

 

REDISTRIBUCIÓN, POBREZA Y DESIGUALDAD

En materia de políticas sociales, el primer gobierno del Frente Amplio no se quedó en el impulso inicial del ?buque insignia? de su agenda programática, esto es la transferencia directa -monetaria- e indirecta -bienes y servicios- del ?ingreso ciudadano? a la población considerada en extrema pobreza e indigencia. ?A fines de 2007, el Panes había llegado a 83.000 personas de las cuales 74.000 cobraban el ingreso ciudadano. El costo total fue de 100 millones de dólares anuales y representaba una cifra muy baja del PBI (0,6%). El monto asignado era fijo y era poco más del 40% del valor calculado de la línea de pobreza. Además, al igual que el Plan Fome Zero en Brasil se entregó una tarjeta alimentaria para los menores de 18 años y embarazadas integrantes del hogar?, acota el libro en análisis. Esta transferencia, cuestionada desde todas las tiendas políticas y también entre la población, tuvo un sesgo de género inobjetable dado que las titulares del cobro del Panes fueron mujeres jefas de hogar en su abrumadora mayoría.

Luego de concluido el plan -diciembre 2007- se impulsa el Plan de Equidad mejorando sustancialmente, por ejemplo, las asignaciones familiares. ?Mientras el porcentaje de hogares con menores de 18 años cubierto por asignaciones contributivas pasó del 21,2% en 2003 a 38,3% en 2006, las no contributivas lo hicieron de 7 a 18%. Así, una de las marcas del gobierno de izquierda la constituyó la implementación y ampliación de los sistemas de transferencias, contributivas y no contributivas, monetarias y de servicios y especies. A todo esto es a lo que se le llama, genéricamente, `políticas de combate a la pobreza´?, observa Moreira.

Pero la mejora en la redistribución -luego de agotado todo un ciclo de paradigma neoliberal ?del goteo? regulado ?libremente? por el mercado- no sólo vino de la mano de políticas focalizadas hacia la pobreza, sino también por la propia reinstalación de la negociación colectiva incorporando por primera vez a los empleados públicos, los trabajadores rurales y las trabajadoras domésticas. El salario mínimo aumentó un 56,5% y a partir de julio 2005 se ajusta en forma semestral. Sin embargo, ?la negociación tripartita afectó positivamente los salarios de los trabajadores formales pero no afectó a los informales donde se concentran los menores ingresos. Aunque las transferencias monetarias impactaron en estos hogares, su impacto se hizo más evidente en la composición de la indigencia que de la pobreza propiamente dicha?. Las mujeres, los trabajadores menores de 35 años, cuentapropistas o empleados en las ramas de servicios y comercio, son quienes se encuentran aún con problemas de informalidad y precariedad laboral.

 

EL RECAMBIO EN LAS ELITES DIRIGENTES

Así como hay todo un análisis de los cambios en la cultura política de la ciudadanía uruguaya que trae aparejado el primer gobierno del Frente Amplio -el/la elector/a disconforme que relegitima la institucionalidad democrática con su altísimo grado de involucramiento y participación, ahora devenido/a en ?oficialista?, a grandes rasgos promedialmente joven, culto, educado- no menos significativo de analizar es el recambio en las elites dirigentes del país, hecho que ocupa la segunda parte del libro.

Moreira no se conforma con ocuparse del caso uruguayo, por demás significativo si pensamos que, hasta el año 2005, el país estuvo gobernado por el Partido Colorado y el Partido Nacional, con una clara hegemonía de este último cogobernando con su histórico aliado. El ascenso de la izquierda en muchos gobiernos de América Latina se toma en cuenta en este capítul
o y en la tercera parte del trabajo, comparando el recambio de nuestra elite gobernante con las de Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Bolivia.

?Ningún recambio en la índole de `los que mandan´ ha sido tan importante en el Uruguay del último medio siglo (descontando la dictadura), como el ascenso al poder de la izquierda?, asegura Moreira. Esa dirigencia presenta características -en extracción de clase, en ideología- muy diferentes a la composición de las elites de los partidos tradicionales: mayor involucramiento con las organizaciones sociales, presencia de sindicalistas en sus filas, pertenencia a estratos de medio nivel socioeconómico relativo, ?y por ende las diferencias en su formación y origen social, le dan una impronta especial a ese gobierno de `clases medias´ que fue la tónica predominante de este país durante buena parte de su existencia democrática?. Esa ?tónica? de la que habla la politóloga descolla claramente en los otros gobiernos de izquierda latinoamericanos analizados, y habría que preguntarse también que pasa allí con la escasa dirigencia femenina que compone esas nuevas elites (el estudio no lo aborda). Por supuesto, no quiero olvidarme de mencionar las dificultades que tiene la propia izquierda para visualizarse como una ?elite gobernante?.

 

Ya a la luz de los recientes resultados electorales, hay algunos señalamientos que hace Moreira que merecen destacarse. El electorado del Frente Amplio, transformado en un partido de masas, policlasista, dejó de ser ?biológicamente? el reclutador hegemónico de los jóvenes y de los sectores medios y educados. ?El FA (2004) amplió y consolidó su capacidad de reclutar hacia abajo en Montevideo: hacia un electorado más pobre, de menor educación relativa, y hasta hace diez años casi cautivo de los partidos tradicionales. Si bien esto es positivo para el crecimiento del FA, no es menos cierto que los datos muestran también cierto desprendimiento de adhesiones a la izquierda entre los sectores más educados, y medio altos y altos. Esto también está vinculado a una cierta desolidarización de estos sectores con los sectores medios bajos y bajos?.