EL ESTADO DE LAS COSAS EN VIH-SIDA

Se habla mucho sobre poblaciones ?en riesgo? de contraer VIH-sida, como trabajadoras y trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y personas privadas de libertad. Pero mucho menos de la creciente feminización de la pandemia, del posible vínculo entre las mujeres con VIH-sida y la violencia doméstica y sexual, de niñas, niños y adolescentes que conviven con la enfermedad en sus familias. El III Foro -Ungass Uruguay, que se realizó en Montevideo, centró la mirada en ?Niñez, mujeres y sida desde una perspectiva de género y generaciones?, para pasar revista a la evidencia en materia sanitaria, cultural, institucional y de acceso a servicios, entre otros aspectos. Los resultados del análisis serán elevados al V Foro Internacional, que tendrá lugar en noviembre próximo en Lima, Perú.

Datos del Programa Prioritario de ITS/sida del Ministerio de Salud Pública (MSP) muestran una incidencia del VIH de 64.6% para los varones y de 35.4% para las mujeres. Sin embargo, en los últimos años en Uruguay ha habido una lenta pero constante feminización de la pandemia.

De la misma fuente surge que cerca del 70% de la transmisión del virus ocurre por vía sexual y que la transmisión vertical madre-hijo/a es del 5%.

En el marco del Foro llevado a cabo los días 31 de julio y primero de agosto que, vinculado a la conmemoración del Día Nacional de Lucha contra el VIH-Sida organizaron la Asociación de Ayuda al Sero Positivo (Asepo) y Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), esta última organización no gubernamental presentó una evaluación del avance hacia las metas en salud sexual y reproductiva y VIH de la Declaración de compromisos de Naciones Unidas sobre VIH-Sida (Ungass, por su sigla en inglés), realizada a partir de los informes y monitoreos que desde 2005 sostiene la sociedad civil.

Para el período 2005-2008 resultó evidente una constante: la concentración de la epidemia de VIH-sida en grupos vulnerables: trabajadoras y trabajadores sexuales, personas trans y privadas de libertad, usuarias y usuarios de drogas inyectables y hombres que tienen sexo con hombres. También confirmó la tendencia al crecimiento de la pandemia entre personas jóvenes y mujeres.

 

DE CAL Y DE ARENA

Como avances en materia de políticas públicas se señaló la aprobación de normativas y guías clínicas y la disponibilidad del test rápido de VIH en los servicios de salud así como la de medicación antirretroviral.

A nivel social y personal se computan en el haber los niveles crecientes de abordaje público de la temática, la mayor repercusión de las denuncia sobre discriminación hacia las personas con VIH que, a su vez, hablan de mayores niveles de empoderamiento de las mismas y del fortalecimiento de las organizaciones que las apoyan.

No obstante, persisten diversos tipos de obstáculos para lograr mejores resultados. Entre los de carácter institucional, se identifica la ?baja prioridad de las políticas en salud sexual y reproductiva y VIH en las decisiones políticas?, la no inclusión de prestaciones de vigilancia obligatoria en VIH en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y la poca o nula articulación entre los programas prioritarios del MSP.

En lo que hace a la realidad de los servicios de salud, se señala que la prioridad sanitaria está concentrada en la atención de las mujeres cuando están embarazadas y en ese contexto en reducir la transmisión vertical de VIH y la sífilis connatal; el bajo conocimiento de las normativas en materia de salud sexual y reproductiva, la falta de acceso a condones femeninos y dificultades para el acceso a tratamiento y antirretrovirales.

Específicamente como vacíos, se menciona la ausencia de una política integrada de VIH, enfermedades de transmisión sexual y salud sexual y reproductiva, que se refleja en la falta de servicios integrales y de interrelación entre VIH-sida y violencia doméstica y sexual.

 

METODOS ANTICONCEPTIVOS

La dispensación de métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia, llegó a los servicios públicos a partir de 1997/98, pero no se replica en los servicios de salud privados. A su vez, MYSU encuentra que no hay estudios nacionales sobre prevalencia en el uso de esos métodos, que varios estudios parciales ubican entre el 63 y 65%.

La creación en esta administración del Programa de Salud de la Mujer y Género del MSP, que cuenta con un área de salud sexual y reproductiva, las guías de anticoncepción y la comunicación al cuerpo médico que la ligadura tubaria y la vasectomía no requieren otra formalidad que el consentimiento informado de quien los solicita, constituyen avances. Pero respecto del programa se alerta sobre su débil posibilidad de incidencia en las políticas del SNIS. Al corporativismo médico, de las mutualistas y de la industria farmacéutica se le atribuye el no acceso a métodos de anticoncepción en los servicios de salud privados.

La priorización de la salud de la salud de las mujeres durante el embarazo y de la salud infantil, mediante la incorporación de metas prestacionales específicas en el ámbito del SNIS es reconocida como un avance, al igual que las normas que determinan la gratuidad de los controles respectivos en los servicios de salud privados, la incorporación de buenas prácticas durante el parto y la creación de la Comisión para el monitoreo y la reducción de la muerte de mujeres por embarazo, parto, puerperio, cesárea y aborto.

El impacto en la salud de la violencia doméstica y sexual, en cambio, todavía tiene una débil incorporación en la atención institucional de la salud, pese a que su detección y atención está normatizada y otra meta prestacional del SNIS para 2009 es la capacitación de las y los trabajadores de la salud en la materia.

 

EMBARAZO NO DESEADO

Según quien lo estime -estadísticas no hay por tratarse de una conducta penalmente sancionada-, en Uruguay se produciría un aborto cada 20 minutos (33.00 anuales) o cada 40 minutos (16.000 en el mismo período de tiempo).

La Ordenanza del MSP Nro 369 de 2004, que institucionalizó los servicios de prevención del aborto inseguro, fue un indudable avance que redujo la mortalidad materna por esa causa. Pero, si bien se instalaron servicios especializados públicos -durante mucho tiempo el único estuvo en el Hospital Pereira Rossell y progresivamente se fue extendiendo a otros centros del MSP- pero todavía no entró a las instituciones de salud privada, que están igualmente obligadas a implementarlos. Por otro lado, los efectos beneficiosos para la salud de las mujeres de esa estrategia de reducción de daños, chocan contra la imposibilidad de recetar Misoprostol, el medicamento que puede provocar el aborto en la forma más segura, no obstante que está autorizado su uso obstétrico a nivel hospitalario para completar abortos en curso y provocar partos, entre otras indicaciones.

Según encuestas de opinión pública, la ciudadanía se ha pronunciado mayoritariamente por la despenalización del aborto que se realice durante las doce primeras semanas de la gestación, pero los artículos de la ley aprobada por ambas Cámaras parlamentarias en 2008, que instrumentaban esa voluntad popular fueron vetados por el presidente Tabaré Vázquez.

 

LISTA DE ?PENDIENTES?

Derivadas de las constataciones realizadas, MYSU identifica una larga lista de ?pendientes?, que involucran responsabilidades estatales. Entre ellos:

–    Desarrollar políticas de población basadas en un enfoque de derechos humanos que incluyan los derechos sexuales y reproductivos con equidad de género y generaciones.

–    Superar las desigualdades por razones de etnia/raza, territorialidad, diversidad-identidad sexual, niveles socio-económicos y educativos.

–    Garantizar y desarrollar prestaciones integrales en salud sexual y reproductiva en los servicios de salud públicos y privados, incorporándolas a las metas del SNIS.

–    Coordina
r los programas prioritarios de salud del MSP.

–    Capacitar y actualizar al personal de salud en salud sexual y reproductiva.

–    Realizar campaña de promoción y prevención dirigidas a mujeres y varones, de todas las edades y condiciones.

–    Articular los cometidos y acciones de las políticas sanitarias, educativas y de los programas sociales.

–    Revisar el funcionamiento y recrear los mecanismos de diálogo Estado-sociedad civil para la discusión, monitoreo y evaluación de políticas públicas en derechos sexuales y reproductivos.

–    Asignar recursos genuinos para políticas de prevención y atención en salud sexual y reproductiva, VIH-sida, violencia y discriminación.