PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO

El seminario internacional ?Presupuestos públicos con enfoque de género? que, convocado por la Secretaría de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), se llevó a cabo los pasados 28 y 29 de julio en la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y en la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la Universidad de la República, se propuso no sólo explicitar cuál es la importancia de incorporar la perspectiva de género en la elaboración de los presupuestos, sino también a hacer hincapié en la necesidad de involucrar a la mayor cantidad de actores sociales posibles en sus confecciones y seguimientos. El derecho a la información, la mayor participación social de la ciudadanía -más conocido como ?presupuesto participativo?- la inclusión y la equidad como objetivos, sobrevolaron todas las ponencias de ambas jornadas.

Fueron presentadas algunas experiencias, -todas locales- que ya echaron a andar en la región y en el mundo, con distintos grados de evolución y desarrollo en temas de género o de participación social: Andalucía, España; Rosario, Argentina; Cochabamba, Bolivia, México; Ecuador, Recife, Brasil, Lima, Perú y por supuesto, la de la propia IMM.

 

EL REZAGO URUGUAYO

Si se pasa de la dimensión local a la nacional, la elaboración de los presupuestos públicos con perspectiva de género es aun una expresión de deseo en buena parte de América Latina, la región del mundo más desigual en materia de distribución y carga tributaria.

Nuestro país no es la excepción. En ese sentido, la economista Alma Espino celebró la flamante firma del convenio ?Incorporación de la perspectiva de género al presupuesto nacional? entre el Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres), Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la Udelar, lo que constituye también una evidencia de que está todo por hacerse en la materia.

La experta, responsable de llevar adelante la investigación por la parte académica, lo consideró ?un gran reto? y argumentó sobre la importancia de construir indicadores de género que sean tomados en cuenta por los futuros responsables políticos a la hora de elaborar el presupuesto nacional.

No se trata de pensar un presupuesto ?para mujeres? o que necesariamente se tenga que destinar una mayor cantidad de recursos ?por género?, sino de ayudar a re-elaborar prioridades, re-orientar programas sectoriales con el objetivo de lograr una mayor inclusión social y la equidad, tan esquiva cuando se invisibiliza el trabajo no remunerado que mayoritariamente hacen las mujeres en el hogar, o sólo se lo visualiza como ?el lugar donde se consume? porque lo que allí se produce no tiene valor de mercado desde la visión de la economía más tradicional. Si, por ejemplo, existen brechas de género en el mercado laboral o segregación ocupacional -las mujeres se concentran abrumadoramente en el rubro ?servicios?- hay que tener claro ?donde estamos? (indicador) pero también ?donde queremos estar? (objetivo).

Tan importante como participar en la elaboración del presupuesto es hacer luego los monitoreos y el seguimiento correspondiente de cualquier política pública que se implemente a partir de las ?recomendaciones? que surjan de la investigación.

 

LA EXPERIENCIA DE LAS ALCALDIAS MEXICANAS

Concepción Martínez (UNAM) considera que la desigualdad social es ?el gran tema en México?, donde 45 millones de personas viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. A modo de ejemplo señaló que solamente en el DF (ciudad de México) donde existen 16 delegaciones -lo que para nosotros serían ?municipios?- una homologa en materia de IDH (Índice de Desarrollo Humano) a Suecia mientras que otra encuadra perfectamente con el IDH de Haití, uno de los países más pobres del planeta.

De los 2.497 municipios que posee ese país, la experta considera que, cuando menos en el plano discursivo, en 140 de ellos se incorpora la temática de género en la elaboración presupuestal. Pero recordó que de los 2.497 alcaldes existentes, sólo 88 son mujeres y ?no todas tienen una visión de género?.

Otro aspecto difícil para quienes están dando esta batalla, es acceder efectivamente a toda la información detallada de cómo se elaboran esos presupuestos, siendo particularmente inaccesible el rubro financiero-legal que Martínez calificó de ?caja negra?. En tono anecdótico, relató algunas de las proezas que han hecho las mujeres para poder conseguir la información como el caso de la Alcaldía de Zacatecas donde, disfrazadas de negro y con pasamontañas, pudieron entrar y dar con la información presupuestal.

 

Y SI HABLAMOS DE IMPUESTOS?

Pero si hablamos del presupuesto nacional y de cómo se regulan las políticas redistributivas desde él, no hay que olvidarse de la otra cara de los recursos públicos: el sistema tributario. El uso poco transparente de los recursos, las fuertes restricciones fiscales que recortan drásticamente el gasto público han sido casi la norma en América Latina en las últimas décadas, recetas que, como ya sabemos, han tenido costos sociales altísimos.

La argentina Corina Rodríguez participó por su país de una investigación internacional sobre estructuras tributarias junto a México, Uganda, Sudáfrica, India y Reino Unido. ¿Cómo reducen, incrementan o dejan sin efecto la equidad de género los sistemas tributarios? En primer lugar, la investigadora analizó los sesgos de género explícitos -legislación- y los implícitos que hacen a los arreglos socio-culturales del comportamiento humano en nuestras sociedades, encontrado que en la tributación por ingresos en el hogar, cuando la pareja paga conjuntamente como una unidad, castiga al miembro cuyo ingreso es secundario, o sea generalmente, a las mujeres.

De la misma manera, por no tratar desigualmente a los grupos sociales que parten de condiciones diferentes, el peso del sistema tributario en su conjunto castiga más a las mujeres pobres, los hogares monoparetales de jefatura femenina o los hogares sin hijos, tanto en la tributación directa -deducciones, exenciones, tasas de imposición- como en los impuestos al consumo -el famoso IVA (impuesto al valor agregado) que en Argentina es del 21%- afectando masivamente a todos los productos que integran una canasta familiar básica. Si bien existen tasas diferenciales reducidas para algunos productos -un sistema similar al existente en nuestro país- dista mucho de ser una medida justa y equitativa para amplios sectores de la población.