posible restitución de aborto terapéutico en Nicaragua

l vicepresidente de la CSJ de Nicaragua y magistrado por el FSLN, Rafael Solís, reconoció la existencia de un borrador de sentencia, admitiendo como «inconstitucional» la penalización del aborto terapéutico.

Solís dijo que «tanto la vida de la mujer como la del niño están protegidas por la Constitución», pero agregó que habría que examinar si, «en casos de enfermedad de la mujer, se le da prioridad para que salve su vida, que es lo que dijo la semana pasada, en África, el Papa (Benedicto XVI)».
Se refería a las declaraciones emitidas el 21 de marzo por Rino Fisichella, presidente de la Academia Pontificia pro Vida del Vaticano, quien criticó la excomunión del personal médico y la madre, que facilitaron la interrupción del embarazo gemelar en una niña de nueve años. En la prensa local se interpretó como la posición del Vaticano.

Mayte Ochoa, del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto y de Católicas por el Derecho a Decidir de Nicaragua, declaró que han recibido indicios de que la CSJ pronto dictará sentencia: «Esperamos que finalmente se resuelva el recurso dentro del plazo establecido por la ley (60 días) y confiamos en que todas las acciones desarrolladas por el Grupo Estratégico y otros actores de la sociedad civil, resulten en una declaración de inconstitucionalidad que restituya el derecho a la vida y la salud de las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país», añadió.

Por su parte, representantes de la jerarquía católica, entre ellos el obispo Abelardo Mata, denunciaron que ya existía un acuerdo político para la despenalización, por lo que arreciarían sus presiones al presidente de la República, Daniel Ortega y a los representantes en la Asamblea Nacional. En la última semana de marzo, la jerarquía realizó marchas en tres departamentos.

Martha María Blandón, del Movimiento Feminista, dijo que han proporcionado al Estado nicaragüense información sobre casos en los que médicos de las instituciones públicas presionaron a mujeres para que llevaran a fin embarazos anancefálicos, en los que el producto no tiene cerebro y, por tanto, no es viable fuera del útero de la mujer. Estas acciones han ocasionado la disolución de parejas y severos daños sicológicos a la mujer, sin que nadie preste ningún tipo de ayuda.

Otras fuentes más escépticas -y que no aceptaron ser citadas- aseguraron que los rumores sobre la despenalización de aborto terapéutico constituyen «una cortina de humo del gobierno. Lo que persiguen es callar los reclamos de la iglesia con relación al fraude electoral».

A pesar de las declaraciones favorables a la despenalización, aún continúa en el Ministerio Público una acusación en contra de nueve líderes feministas acusadas, entre otros cargos, de promover el aborto.

 

DISCRIMINACION Y TRATOS CRUELES

En su «carta sombra», elevada al Comité de Naciones Unidas, las organizaciones nicaragüenses solicitan se complemente el 42 informe periódico de Nicaragua, haciéndole responder por violaciones a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (CAT). En lo que respecta al aborto terapéutico el Estado nicaragüense estaría fallando al «privar de servicios médicos» a las mujeres que demandan la interrupción de embarazos.

Según la denuncia: «La negación de este servicio médico no considera de manera especial a las mujeres con embarazos de alto riesgo obstétrico, los cuales son causas directas de morbimortalidad materna».

La misiva señala que también se incumplen las obligaciones de la Convención ejerciendo discriminación contra las mujeres, ya que «la negación de los servicios de aborto terapéutico constituye discriminación por sexo».

«Los hombres no sufren impedimentos legales para recibir determinados servicios médicos, ni castigo penal por recurrir a ellos, mientras que a las mujeres se les está negando la opción de recurrir a una interrupción del embarazo para preservar su salud y su vida, imponiéndoles sanciones si acuden a ellos de forma ilegal», se denuncia.

La violación de derechos también abarca a las personas del cuerpo médico nacional, atrapado entres sus obligaciones éticas por preservar la vida y salud física y/o mental de las mujeres, y la prohibición total de practicar interrupciones de embarazos.

El Estado nicaragüense podría salir mal librado de esta comparecencia, puesto que, en 2004 esa Comisión manifestó su preocupación por el comportamiento del Estado chileno en una situación parecida. (SEMlac)