violencia en la salud

l Día Mundial de la Salud, que se conmemoró el pasado 7 de abril, diversas organizaciones que trabajan en esa área se pronunciaron sobre los recientes conflictos suscitados entre usuarios y profesionales de la salud, que se gestionaron en forma violenta.

Previamente, esas organizaciones habían respondido a una convocatoria del representante de las y los usuarios en el Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), destinada a formar un equipo de trabajo permanente que genere propuestas para mejorar el relacionamiento entre usuarios y equipos de salud.

«Las instituciones abajo firmantes rechazamos enfáticamente toda forma de respuesta violenta, ante conflictos que pueden sucederse entre personas o entre personas e instituciones; la ´justicia en mano propia´ no debe instalarse como mecanismo de resolución de dichos conflictos», afirman las organizaciones en un comunicado a la sociedad uruguaya.

«Consideramos de fundamental importancia que los lamentables hechos acontecidos recientemente, sean convertidos en oportunidad para reflexionar entre todos los actores involucrados, sobre caminos que permitan abordar estas problemáticas en forma seria y efectiva», agrega el documento.

Se comprometen a «trabajar para garantizar la salud y la vida sin violencia como un derecho humano fundamental», la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), MYSU, Federación Médica del Interior (FEMI), Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Asociación de Residentes y Postgrados de Medicina Familiar y Comunitaria del Uruguay, Asociación de Usuarios de los Servicios de Salud (Aduss), Facultad de Medicina de la Udelar, Espacio Participativo de Usuarios de la Salud, Asociación de Jubilados de Salud Pública, ASSE, Federación de Colectivos de Usuarios de la Salud y Asistencia y CNSMujeres (articulación de 60 organizaciones de Mujeres en Uruguay).

 

MUJERES EN RIESGO EN HONDURAS

También es violencia en la salud, aunque en este caso no propia de nuestro país, la decisión que está a punto de tomar el gobierno de Honduras y que tiene por objeto prohibir la promoción, comercialización y uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE). Luego que el Congreso Nacional aprobara la iniciativa de ley en tal sentido, la última palabra la tiene el presidente de la República.

Hasta ahora, Honduras se encuentra dentro de los más de 130 países del mundo ­37 de ellos de América Latina y el Caribe- que reconoce ese derecho a las mujeres.

Las PAE son un método anticonceptivo aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que forma parte de la lista de medicamentos esenciales. No interfieren con el proceso de implantación en el endometrio del óvulo fecundado y tampoco en el desarrollo embrionario de un óvulo ya implantado. Sólo tienen dos mecanismos de acción que son previos a la fecundación: impiden la ovulación y/o espesan el moco cervical para impedir la migración espermática. Pero lo más importante es que se trata del único método anticonceptivo disponible en el mundo que puede prevenir un embarazo producto de una violación, por lo cual la prohibición de su uso constituye un grave atentado contra la salud y la vida de las víctimas de ese delito.

Para impedir la concreción de la amenaza, se ha lanzado una campaña internacional que convoca a enviar cartas al presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales por fax, a los teléfonos 504 2393298 y 504 2356608 y promover que legisladoras y legisladores de cada país también lo hagan.