la democracia sigue en deuda

esde 1996, CNS Mujeres realiza el seguimiento de las políticas públicas y sus resultados, produciendo insumos destinados a acciones de incidencia política. En 2008, el monitoreo tuvo como línea de base las propuestas contenidas en la Agenda de las Mujeres elaborada en 2004 por las organizaciones que nuclea. A partir de ella se identificaron cuántas de esas propuestas fueron recogidas por el Plan Nacional de Oportunidades y Derechos (Piodna) aprobado por el Poder Ejecutivo en 2007, cómo el mismo fue asumido como política de gobierno por las distintas dependencias del Estado y el grado de implementación de las acciones incluidas. Para el proceso electoral de 2009, la agenda del 2004 será actualizada y puesta en conocimiento de los presidenciables.

 

INSTITUCIONALIDAD DE GENERO

«El seguimiento de las políticas para la igualdad de oportunidades en educación, salud, trabajo, pobreza, violencia, participación política y mecanismos de participación ciudadana, muestra que si bien ha habido avances y se han hecho importantes esfuerzos, la democracia uruguaya sigue en deuda con las mujeres». A partir de esta afirmación, CNS Mujeres desarrolla en varios capítulos sus conclusiones más relevantes, comenzando por la situación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), órgano rector de las políticas públicas en materia de género y desde el cual se ha elaborado el primer Piodna. Reubicado a partir de 2005, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), se le asignó mayor cantidad de recursos humanos y se amplió su financiamiento particularmente desde la cooperación internacional. No obstante, aún no tiene el rango jerárquico que las mujeres reclaman, la estabilidad de su personal no está asegurada y carece de asignación específica en el presupuesto nacional.

El Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género, cuya creación prevé la Ley de promoción de la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres en la República, promulgada en 2006, no se ha instalado en los plazos y condiciones que la misma determina. En consecuencia, las organizaciones sociales no cuentan con una instancia formal de participación en el contralor de la gestión, implementación y evaluación de resultados del Piodna.

 

PARTICIPACION Y REPRESENTACION POLITICA

En la actual administración, la participación política de las uruguayas ha mejorado muy poco: con un 12,1% de mujeres en el Parlamento, Uruguay es el quinto país de la región con menos participación femenina a ese nivel, la que a su vez es nula en gobiernos departamentales y jefatura de gabinetes.

El movimiento social de las mujeres organizadas entiende que «El sistema político y particularmente los partidos tradicionales con representación parlamentaria, en esta legislatura no permitieron avanzar en la promoción de acciones afirmativas que superen este déficit democrático». Durante el debate del proyecto de ley de cuotas por género, fueron elocuentes «las resistencias masculinas para ceder sus lugares de poder y la persistencia de visiones estereotipadas y retardatarias sobre el lugar de las mujeres en la sociedad». Tanto es así, que se llegó a poner en duda la capacidad y vocación de las mujeres para asumir la actividad política… El resultado fue la media sanción de un texto legal que habilitaría la cuotificación en las listas electorales recién para el año 2014, perdiéndose la oportunidad de mejorar la situación en 2009.

Al déficit parlamentario se suma que en los espacios de alto nivel para la definición de las políticas públicas, como el Consejo de Políticas Sociales, el Sistema Nacional Integrado de Salud, la reforma del sistema educativo y el proceso de transformación del Estado, las instancias responsables de las políticas hacia las mujeres y la igualdad de género no están presentes.

 

RELACION ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL

En cuanto al relacionamiento entre Estado y sociedad civil, CNS Mujeres concluye que no se han generado » más y mejores instrumentos de participación ciudadana para impulsar los cambios en las formas de gobernar». Antes bien, persisten las resistencias sustentadas por el miedo de perder poder de algunos actores.

Incluso, se advierte, en el caso del Inmujeres, su relacionamiento con la sociedad civil organizada se ha limitado a procesos consultivos como las asambleas departamentales y los cabildos regionales, a las contrataciones de organizaciones o personas para la implementación de acciones o a la apelación al trabajo voluntario de las mujeres. Los mecanismos para impulsar políticas de género existentes desde administraciones anteriores o creados por la presente, no tienen un funcionamiento regular, no están debidamente formalizados y no disponen de recursos asignados que les garanticen sustentabilidad. Tal el caso de la Comisión ad hoc para el seguimiento de los acuerdos internacionales en políticas de género del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mrree), el espacio de Diálogo Social del Mides, la Comisión asesora en políticas de salud sexual y reproductiva y la Comisión Nacional de sida del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Consejo Nacional para la erradicación de la violencia doméstica y sus correspondientes consejos departamentales, otros consejos departamentales sobre políticas sociales, las ComunasMujer de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), entre otros.

 

TRABAJO, POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL

Se reconocen avances en la inclusión dentro de las prioridades políticas de aspectos relacionados a la vida de las mujeres en el ámbito laboral y doméstico, pero se evalúa como «débil» la inclusión de la equidad de género en los programas implementados para atender la emergencia social y la equidad social.

Respecto a las políticas activas de empleo con perspectiva de género, se señala como avance la creación de una asesoría de género en la órbita de la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) y la erradicación de las discriminaciones en la Dirección Nacional de Seguridad Social y en la Inspección General del Trabajo.

Los programas Rutas de Salida y Uruguay Trabaja del Mides y Objetivo Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) registran una fuerte incorporación de mujeres, pero no fueron diseñados específicamente para ellas. Otros, como el Proimujer de la Junta Nacional de Empleo (Junae) no fueron priorizados en la política pública vinculada a la empleabilidad de las mujeres. También se considera un avance el impulso exitoso de la incorporación de cláusulas sobre no discriminación, licencia paternal y prevención de la salud así como planes de capacitación con perspectiva de género en los convenios colectivos, lograda por la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo del MTSS . «Sin embargo este ámbito no cuenta con infraestructura ni recursos humanos ni materiales que soporten su actividad ni se divulgan debidamente las leyes y recomendaciones que propone», advierte la publicación de CNS Mujeres.

Sin desconocer los avances en la normativa laboral relativa a regulación del trabajo doméstico, flexibilización del acceso a las jubilaciones, licencias especiales para trabajadores del sector privado, licencias por paternidad, adopción y legitimación adoptiva y para la erradicación del acoso sexual, se marcan las dificultades para la difusión de la misma entre la población beneficiaria y el déficit en el control de su implementación y cumplimiento.

 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Desde la Agenda de las Mujeres 2004 se propuso impulsar una ley integral para garantizar el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la despenalización del aborto.

El Piodna incluye entre sus líneas estratégicas para la igualdad tres relacionadas con la salud y los derechos sexuales y reproductivos. No obstante, CNS Mujeres concluye que las medidas están dirigidas ex
clusivamente hacia el sector salud y no se incluyen líneas que trasciendan esa visión sectorial sanitaria.

«La creación del Sistema Nacional Integrado de Salud en diciembre de 2007 ha significado un avance importante en materia de equidad en el acceso a los servicios de Salud. Sin embargo, en materia de integralidad de las prestaciones en salud sexual y reproductiva no se ha avanzado sustantivamente, en la medida en que varios de sus componentes no forman parte de las prestaciones de vigilancia obligatoria» definidas por dicho sistema, evalúan las mujeres organizadas.

Hay tres programas nacionales prioritarios del MSP relacionados con la salud sexual y reproductiva: de Salud de la Mujer y Género, de ITS-sida y de Salud de la Adolescencia, todos los cuales incluyen en sus definiciones el enfoque de género, pero en la práctica tienen escasos niveles de coordinación y articulación de acciones.

«Si bien en esta legislatura se logró por primera vez en 66 años aprobar una ley integral de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, el veto presidencial la despojó de todos los capítulos relativos a la despenalización del aborto, modificando la ley en su propósito, alcances y cometidos. La ley aprobada no avanza sobre ninguna solución que atienda la práctica ilegal del aborto en el país, con lo cual cada veinte minutos una mujer sigue teniéndose que enfrentar al circuito clandestino para resolver una situación de aborto, poniendo en riesgo su salud y su vida», se precisa en la publicación que se comenta.

 

EL SISTEMA EDUCATIVO

«El sistema educativo es determinante para alcanzar logros en términos de derechos, porque el camino para pasar desde una situación de marginalidad y subordinación hasta una situación de autonomía y de participación activa en los procesos de decisión se inicia siempre en el paso por el sistema educativo» recuerdan las mujeres organizadas. Sin embargo, hasta el presente no ha habido un cambio sustancial en los planes, en la currícula y en los textos que garantice una educación no sexista ni se ha logrado consolidar la aplicación de programas de educación que promuevan el ejercicio de la sexualidad en el respeto a la diversidad.

El Ministerio de Educación y Cultura no integra el grupo de ministerios definidos como estratégicos en el Piodna. No hay acciones conjuntas sostenidas entre dicha cartera y el Inmujeres, ni éste participa en la comisión que está llevando adelante la incorporación de la educación sexual en la ANEP, ni tuvo participación en la elaboración del proyecto de Ley de Educaciòn. En definitiva, «El Inmujeres no es visto por los entes y actores educativos como una institución de referencia, lo que por un lado no le facilita cumplir con su rol de organismo rector en políticas de género y por otro tampoco ayuda a facilitar la incorporación de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres como uno de los ejes prioritarios del cambio educativo y cultural«.

 

VIOLENCIA DE GENERO

El monitoreo realizado por CNS Mujeres concluye que si bien se han realizado múltiples acciones y actividades de distinto tenor en materia de violencia de género, no siempre han sido productivas ni han tenido un buen desempeño e impacto. «La aplicación de la Ley de violencia doméstica aún no está resuelta, y la discrecionalidad con la que actúa el Poder Judicial sigue colocando a las mujeres en situaciones de indefensión y desamparo», afirman las mujeres organizadas, destacando que en la mayoría de los departamentos del país siguen siendo insuficientes los recursos humanos y financieros para instalar servicios accesibles a toda la población que los requiera. En general, las tareas de sensibilización, acompañamiento y asesoramiento siguen en manos de organizaciones de mujeres con trabajo voluntario, que asumen funciones que en realidad deberían desempeñar las instituciones del Estado.

El Inmujeres tampoco ha logrado desarrollar un efectivo trabajo con los varones, tendiente a la democratización de la vida privada y pública. Para CNS Mujeres la violencia de género debe ser conceptualizada en sentido amplio, porque se trata de «un fenómeno que requiere de respuestas que de-construyan los sustentos estructurales y normativos que organizan la sociedad y que habilitan respuestas violentas en los vínculos entre las personas. Por ejemplo, el veto presidencial a la despenalización del aborto en la Ley de salud sexual y reproductiva, es un ejemplo de violencia de género por la forma de proceder y por el contenido de su fundamento. Se impuso la opinión del hombre que ocupa el más alto cargo de poder en el gobierno, sin atender la resolución de un debate democrático y sin tener en cuenta que su decisión afecta la vida y la calidad de vida de las mujeres».

 

SE ESPERAN RESPUESTAS

Al cierre de esta edición, y el marco de la rendición de cuentas a la ciudadanía que realizara ayer el presidente Tabaré Vázquez, las mujeres organizadas esperaban respuestas a las preguntas que sobre salud reproductiva, empleo, violencia de género, presupuesto nacional, país productivo para las mujeres, entre otros temas, enviaron al primer mandatario. Pero eso es objeto de otra nota, en la próxima edición de La República de las Mujeres.