prostitución: ¿trabajo o violencia de género?

irginia Guigou, asistente social uruguaya que realizara su maestría en Ciencias Sociales en Suecia justamente sobre «Distintas miradas sobre trata y prostitución», aportó al encuentro promovido por Mujer Ahora el conocimiento sobre el tratamiento del problema en ese país y sus alrededores, en tanto la asistente social Andrea Tuana, integrante de la organización no gubernamental uruguaya «El faro», brindó un panorama de la situación nacional.

A juicio de Guigou, es fundamental tener en cuenta que el delito de trata involucra a tres partes, que pueden o no ser protagonizadas por los mismos sujetos: en primer lugar, la captación de las personas a explotar, que puede hacerse por diferentes medios; luego, el traslado al lugar donde serán explotadas (dentro o fuera del país de origen), y por último, el acto de la explotación.

Antes de la firma del Protocolo de Palermo, fueron necesarias algunas definiciones ideológicas, pues dos corrientes confrontaban respecto a cómo considerar el delito de trata: por un lado quienes consideraban la prostitución como trabajo digno, por el otro quienes sostenían que siempre implicaba violencia de género para quien la ejercía.

Posicionarse en uno u otro lado determinaba no pocas cosas: si se consideraba a la prostitución como un trabajo digno, tipificar trata implicaría que para el ejercicio de la tarea hubiese mediado el uso de la fuerza o el engaño; si se entendía siempre como violencia de género estructural, no cabía preguntarse sobre esos extremos, ya que siempre supondría un vínculo desigual y forzado.

En el mencionado Protocolo primó la primera postura, por lo que de no probarse que se ejerció la fuerza o el engaño, no habrá delito de trata, precisó Virginia Guigou, alertando al mismo tiempo sobre las cifras: 600 mil personas al año son traficadas fuera de su país, según datos oficiales, «aunque Naciones Unidas habla de 4 millones al año». En más del 80% de los casos se trata de mujeres que son trasladadas con fines de explotación sexual, mientras que de los 32 billones de dólares al año que produce de ganancia la práctica del delito en general, 28 billones son producto de la trata sexual de mujeres, según los datos recogidos por Guigou para su maestría.

Unicef asegura que 1,2 millones de niñas y niños son víctimas de trata al año dentro y fuera de su país de origen.

Se considera que la trata es el tercer negocio más lucrativo del mundo, luego de la venta de armas y de droga, y a la vez es el menos penalizado.

 

TRATA: ALTERNATIVAS  FRENTE AL DELITO

Para visualizar hasta qué punto se trata de un delito profundamente vinculado a la desigualdad de género, una investigación realizada en nueve países sobre prostitución y trata asegura que «entre un 65% y un 95% de las mujeres que ejercen la prostitución, fueron abusadas por familiares hombres o allegados en su infancia».

La política sueca para combatir la trata y prostitución es lo que Guigou quiso hacer llegar a las mujeres de distintas organizaciones sociales, así como a algunas políticas que se hicieron presentes en la charla, como aporte que permita replantearse los desafíos locales para enfrentar el tema.

Una de las definiciones que incluye la ley sueca, da la pauta de cuál es el posicionamiento del país: «La equidad de género se mantendrá inalcanzable si los hombres compran, venden y explotan mujeres para prostituirlas», dice a la letra la legislación del año 1998 contra la compra de servicios sexuales.

Pero el combate al consumo de sexo pago no se queda allí. Más tarde, Suecia aprobó la Ley de Proxenetismo y la Ley de Trata, ambas incluidas en su Código Penal, y además elaboró un Plan de Acción Nacional lo que, en palabras de Guigou, ha permitido estimar la validez de la teoría.que partía del supuesto de que «criminalizando la demanda se reduce la prostitución», ha quedado demostrada tras varios años de aplicación, pues efectivamente se ha reducido, aunque aparezcan dificultades para controlar el entorno, ya que si no es posible coordinar internacionalmente, «las redes continúan trabajando».

Los países europeos, cuenta Guigou, suelen visualizar el problema como un asunto de salud: «la solución que encuentran es repartir condones», olvidando que se trata de «un problema de discriminación» por lo que, en realidad, la apuesta sueca tiene dificultades para consolidarse como política de otros países cercanos.

Para Andrea Tuana, se hace imprescindible «dar la discusión acerca de si la prostitución es o no trabajo» que «Uruguay y sus organizaciones se la deben».

No obstante, su posición personal quedó clara: «Cuando hablamos de trata, hablamos de condición de esclavitud, por más que hubiera consentimiento», aseguró, mostrando preocupación por la «impunidad e invisibilidad» presentes en nuestro país, lo que aumenta los niveles de riesgo.

 

NATURALIZACION, INVISIBILIDAD  E IMPUNIDAD

La traba fundamental es que la trata «implica a gente con poder y con peso» y se invisibiliza de tal forma el problema, que «hay sociólogos en nuestro país que aseguran que las organizaciones que trabajamos en el tema inventamos que hay trata para conseguir fondos internacionales», advirtió Tuana.

En nuestro país, si bien existe legisl ación que penaliza la trata, no siempre se aplica o bien por falta de recursos o porque «El Estado no está preparado». Aunque Tuana resalta como positiva la reciente creación de juzgados especializados en crimen organizado, así como el acercamiento a la mesa de trabajo sobre trata del embajador uruguayo en Italia, prueba de su preocupación por el tema.

Algunas dificultades que se le han presentado para el tratamiento del tema a nivel parlamentario a la senadora Margarita Percovich, que también participó en la actividad, están asociadas a la naturalización cultural del problema. Se han dado «discusiones con las propias trabajadoras sexuales agremiadas y el BPS, que pretendían eliminar el delito de proxenetismo para que sea el proxeneta quien realice el aporte social«.

Percovich insistió en que se trata de un «problema de nuestra academia», pues a su juicio ni abogados, forenses o médicos «creen en los niños», lo que dificulta aún más las cosas. Se trata de un asunto donde las redes de poder son muy fuertes, a tal punto que «la propia ministra del Interior ha dicho que en el tema no sabe quién es de confianza», recordó la legisladora.

Investigadora del tema que presentara el año pasado «Historias en el silencio. Prostitución infantil y adolescente en Montevideo y Área Metropolitana» junto a la organización no gubernamental RUDA, Susana Rostagnol plateó que el conflicto está en cómo » no estigmatizar la prostitución sin a la vez legitimarla».

Al mismo tiempo, consideró que el problema de la naturalización y la invisibilidad tienen que ver con algo más profundo y que toca a toda la sociedad: lo que está de fondo es «la renuncia al derecho al goce», que no es propio solo de la prostitución sino de las prácticas más cotidianas de pareja; en tal virtud, hacer visible el problema implicaría una » interpelación».