moviéndose en red y marcando carencias
eresa Herrera, Rosana Medina y Clyde Lacasa son las actuales coordinadoras de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que desde su creación en 1992 viene funcionando ininterrumpidamente. Hoy la integran 21 organizaciones con trabajo en la temática de varios departamentos del país y está en plan de ampliación de su base social.
A juicio de las coordinadoras, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres es una jornada de reivindicación del derecho a una vida libre de violencia y de lucha para erradicar un flagelo de cuya prevalencia en la sociedad uruguaya da cuenta un día sí y otro también la realidad cotidiana.
Herrera, Medina y Lacasa aseguran que la Red se encuentra en una «nueva etapa» que pretende dar continuidad al trabajo hasta ahora realizado con el plus que significa una mejor situación financiera. Hasta el momento, la colaboración recibida había sido circunstancial y no permanente; el apoyo de la cooperación internacional les permite hoy «ser más optimistas» en materia de efectiva realización de las actividades programadas.
Fortalecer a la Red en el interior del país es una de las prioridades para lo que resta del 2008 y el 2009, ya que a un año y medio de la culminación de la ejecución del Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstica, es fundamental intentar «que se efectivice a nivel nacional», señala Rosana Medina.
NO HAY POLÍTICA SIN RECURSOS
Respecto a las instituciones encargadas de generar políticas de género (Instituto Nacional de las Mujeres, Comisiones y Departamentos de Género de diversas instituciones públicas) y a la aplicación del Plan en general, Teresa Herrera afirma que como Red están «muy preocupadas, pues más allá de los discursos, en el presupuesto no se ha destinado un solo peso específico para violencia doméstica».
Más aún, los trabajos que se están realizando en la materia desde el Estado, «responden básicamente también a financiamientos internacionales y no a recursos destinados especialmente», cuestión que aparece con mayor claridad y se constituye como «más grave en el Instituto Nacional de las Mujeres que, en general, no tiene presupuesto propio y, lamentablemente, no hay política sin recursos».
Mientras, si bien el tema violencia doméstica «hoy es reconocido por la ciudadanía, incluso por los medios» gracias al trabajo de sensibilización que ha hecho la Red en este sentido, el conflicto aparece justamente en que, ante una mayor demanda de la población de atención de la problemática, a la que antes daban respuesta las organizaciones de la sociedad civil que componen la Red, se requiere de «adecuación de tiempos y velocidad de respuestas».
Si en la medida en que se sensibiliza a la ciudadanía, y el tema violencia doméstica toma estado público, aumentan como ha sucedido las denuncias, se hace necesario a su vez articular cada vez mejor las respuestas, por lo que las coordinadoras de la Red consideran que no es «que no se estén haciendo cosas, sino que la realidad marca un ritmo al que las respuestas no están siendo acordes».
ARTICULAR ES NECESARIO
El nudo de la cuestión, aparentemente, está en que la violencia doméstica y sexual requieren de «un tratamiento enfocado y articulado entre los operadores que intervienen, y llegar a eso es bien complicado», pues debe planificarse y evaluarse el cumplimiento permanentemente, dimensión en la que la Red considera que Uruguay está en deuda.
«Voluntad creo que hay, en algunas instituciones más difusa que en otras, pero el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) yo creo que tiene una fuerte preocupación por abordar el tema», reflexiona Cyde Lacasa. El problema está en que los tiempos no condicen con las necesidades, además de una «falta de priorización del tema en las instituciones en general (ministerios, intendencias departamentales)», según Medina.
Para una respuesta integral hace falta articulación, y en la lectura de la coordinación de la Red, «lo que hay está todo fragmentado». Si bien el Ministerio de Salud Pública tiene su programa específico y también el Ministerio del Interior, entre otros, no hay trabajo unificado ni en lo territorial ni en lo interinstitucional, lo que en el interior «se da a la enésima potencia».
Al mismo tiempo, si bien en algunos lugares del interior del país los servicios están en proceso de instalación, se vive una realidad compleja, pues «mientras tanto las mujeres son atacadas, los niños son abusados, las cosas siguen pasando», alerta Herrera, advirtiendo que la voluntad sola no es suficiente para enfrentarla.
ACCIONES VS. PROCESOS
Respecto a la necesidad de instalar en el país refugios para mujeres y familias víctimas de violencia doméstica, en la que el Inmujeres ha hecho hincapié junto al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, aún no hay novedades. Además, según las integrantes de la Red esto debería pensarse como parte de un proceso, pues «no es sólo un lugar a donde ir a dormir» lo que hace falta.
Un lugar con esa función debe atender el desarraigo (cambio de barrio y de hogar), brindar apoyo psicológico, capacitación laboral para las mujeres si no están insertas en el mercado de trabajo, por lo que debe entenderse como una intervención compleja y enmarcada en un proceso planificado, en el que el refugio «solo es parte de una salida del problema».
Por otro lado, si bien en Montevideo actualmente funcionan cuatro juzgados especializados en violencia, la ley prevee la instalación de dos juzgados más que no se han puesto en marcha pues «el Poder Legislativo no otorgó presupuesto al Poder Judicial para hacerlo», precisa Herrera, agregando: » Creemos que es una medida equivocada, pues fue a raíz de un enfrentamiento entre ambos poderes al que el presupuesto quedó atado».
Pero no sólo los juzgados especializados en funcionamiento en Montevideo «no dan abasto», sino que la situación es mucho peor en Ciudad de la Costa: «Canelones necesita a gritos tener juzgados especializados y no los tiene», además de que en muchísimos lugares del interior «los equipos multidisciplinarios que prevé la ley no existen» y todo esto responde, en gran medida, a la falta de presupuesto.
En contrapartida, si bien tampoco está aceitado el proceso de formación específica a fiscales y peritos en la materia, por medio de distintos proyectos internos dentro del Poder Judicial «se desarrolla capacitación específica a funcionarios», aseguran las coordinadoras, aunque queda trabajo por hacer, ya que «los juzgados penales no articulan con los especializados y allí surgen dificultades importantes».
EL CAMBIO CULTURAL PENDIENTE
El asunto es que, más allá de los cambios en las instituciones, los agentes que intervienen deben realizar un proceso de revisión y transformación de sus propias prácticas: «Esto del cambio cultural que está tan trillado, es un eje importante de la Red, que pretende promover estrategias para ir generando nuevos modelos de ser mujer y ser varón».
Se trata de repensar cosas que «uno tiene completamente naturalizadas, no las cuestiona, y entonces se perpetúan», de visualizar cómo queremos vincularnos como varones y mujeres y para ello » debemos involucrarnos, no verlo como un problema de otros, sino como afectados o contribuyentes para que eso pase», profundiza Medina. «El centro es qué cosa o actitud personal promueve, a pesar de no ser yo una persona que viva la violencia ni tener eventualmente alguien cerca, una vida sin violencia», y allí aparece el valor de la prevención. Si bien «hemos avanzado», aún quedan muchas pautas culturales o modos de relacionarnos que fomentan la violencia.
PREVENIR ANTES QUE SEA TARDE
Hace falta dar ese paso que v
a de visualizar la violencia doméstica y el abuso sexual como problema a intentar buscar su origen, tratando de dar respuesta a las interrogantes: «¿por qué siguen pasando estas cosas?, ¿por qué se siguen muriendo las mujeres?, ¿por qué se sigue abusando de niños, niñas y adolescentes?, ¿de qué forma son nuestras relaciones, para que estas cosas sigan pasando?». Esto tiene que ver con concepciones como la del «amor propiedad, en la que nos parece que el chico que nos gusta nos mande diez mensajes de texto por día o nos vaya a buscar a todos lados, lo hace un divino y es súper romántico».
La Mesa de Violencia Doméstica creada por el segundo Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre mujeres y varones de la IMM, ha lanzado propuestas para la prevención.
El concurso «Manejate», que con la consigna «Si se hace el lindo y no te valora, que se maneje» convoca a jóvenes liceales a presentar filmaciones en las que se refleje un modo de relacionamiento afectivo cotidiano entre varones y mujeres que exprese situaciones de violencia en las relaciones de pareja, es un comienzo interesante.
En la misma línea de acción, el próximo 25 de noviembre a las 11 horas, en el Salón Rojo de la IMM se presentarán, junto a los videos ganadores, los resultados de una encuesta a adolescentes realizada por las organizaciones no gubernamentales Iniciativa Latinoamericana y Aire.uy, en la que se incluyó el aspecto relacional del tema violencia doméstica y sexual.
Una de las preocupaciones que surgen de los resultados de este trabajo, adelanta Herrera, es que «notamos una apropiación por parte de las mujeres de algunas actitudes agresivas que tienen los varones: el grito, el golpe, seguramente para intentar colocarse desde otro lugar». Un indicador de que es imprescindible » apurar acciones» preventivas hacia ese sector generacional, que aún puede modificar algunas formas de vincularse.
LUGAR EN LA AGENDA GUBERNAMENTAL
Ratificando un comunicado a la opinión pública emitido por la Red inmediatamente de conocida la noticia, Herrera enfatiza «nuestro profundo desagrado con el acto que está planificando el Presidente para el 25 de noviembre, que nos parece una falta de respeto absoluta a lo que se conmemora ese día». Refiere a la convocatoria de Tabaré Vázquez a celebrar en esa fecha los logros de la gestión de gobierno . «Que el 25 de noviembre no esté en la agenda del Presidente, de alguna manera muestra porqué no se destina plata para la violencia doméstica y sí para el tabaquismo, para el alcohol, y otras cuestiones», aseguran las coordinadoras de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual. Clyde Lacasa agrega que, además, «es no reconocer que la violencia doméstica en Uruguay es una pandemia», por la cantidad de muertes y de situaciones cotidianas que se denuncian y que, si no son más, son igual de importantes que las producidas por el consumo de alcohol o tabaquismo.
La Red no omite un reconocimiento «con mayúscula» para los medios de comunicación públicos y privados que contribuyeron a que hoy «decir crimen pasional (en referencia al asesinato de mujeres por violencia doméstica) sea aberrante». Esto refleja resultados de la sensibilización llevada a cabo por la Red y otras organizaciones sociales, que permiten que los propios comunicadores sean portadores de un discurso más comprometido.
PLAN A TRANCO LENTO
Respecto al cumplimiento del Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstica, la Red considera que «es más lo que no se ha cumplido que lo que se ha hecho», evaluando que a pesar de estar en el «70% del tiempo de ejecución, sigue estando en pañales».
Uno de los cuestionamientos que realiza al funcionamiento del Consejo Nacional Consultivo creado por la Ley Nro. 17.514 de Violencia Doméstica, es que, si bien la misma encomienda la integración de representantes «con poder de decisión de los distintos organismos del Estado», quienes participan efectivamente en él no tienen tal capacidad resolutiva dentro de sus instituciones.
Hay cosas que «son necesarias y no son tan complejas que ayudarían a eficientar esos espacios», dicen las coordinadoras. Por ejemplo, «la construcción de una agenda común al inicio de un ejercicio», que permita ir evaluando el cumplimiento del Plan Nacional a partir de criterios previamente definidos.
De todos modos, el problema no está para ellas en la inacción, pues «es impresionante la cantidad de cosas que se van haciendo en los distintos espacios», sino en la falta de articulación por la que «hay movimiento, pero unos y otros no sabemos con claridad como potenciarnos» y de este modo es difícil «rendir cuentas a la ciudadanía».
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