más de 30.000 condenadas cada año

El 20 de noviembre, en Asamblea General, diputados y senadores se expidieron sobre las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva.

La amplia mayoría de legisladores y legisladoras del Frente Amplio votaron en contra del veto. El Partido Nacional en bloque votó a favor del veto, al igual que el Partido Independiente. El Partido Colorado votó dividido.

A pesar de que la decisión presidencial no tuvo el apoyo de la mayoría del Parlamento, al no haberse alcanzado la mayoría de los tres quintos de presentes de cada Cámara, no se pudo levantar el veto.

A iniciativa del senador colorado Isaac Alfie, de los tres capítulos de la ley vetados se desglosaron 3 artículos específicamente referidos a la despenalización del aborto y a la consecuente reforma del Código Penal. Esta primera votación cosechó 61 votos en contra del veto y 58 a favor.

La segunda votación, que refirió al resto de los artículos observados por el Poder Ejecutivo terminó con 62 votos contra el veto y 56 a favor.

«El veto del doctor Tabaré Vázquez, Presidente de la República, apoyado por la ministra de Salud Pública, doctora María Julia Muñoz, con la complicidad de los y las legisladoras de los partidos Nacional, Independiente y Colorado que votaron a favor del veto en el día de hoy, impide que Uruguay avance sustantivamente en el reconocimiento del derecho de las mujeres y sus parejas a decidir sobre la interrupción de un embarazo en determinadas circunstancias y al hacerlo condenan a más de 30.000 mujeres por año a transitar por un aborto clandestino, expuestas a riesgos de salud, de vida y a la condena penal. La salud no se veta, los derechos no se vetan, la libertad no se veta», concluye el escueto comunicado de organizaciones de mujeres y sociales que se pusieron al hombro la instalación y ampliación del debate público sobre el tema durante los últimos veinte años.