mujeres y democracia vetadas

esde 1985, fueron 6 los proyectos de ley para despenalizar el aborto que ingresaron al Parlamento. Sólo 2 tuvieron tratamiento en ese ámbito: uno en la anterior legislatura, aprobado en la Cámara de Representantes y rechazado por el Senado, y otro en la actual, que fue aprobado primero en la Cámara Alta, discutido y modificado en la de Diputados, y finalmente sancionado cuando la primera aceptó esas modificaciones el pasado 12 de noviembre.

Menos de 48 horas después de ese día, histórico ya que nunca se había llegado tan lejos, ingresó el veto del Poder Ejecutivo al Palacio de las Leyes.

Más velozmente aún, la noticia recorrió el mundo, cosechando indignadas reacciones dentro y fuera del país. Uruguay estaba en la mira de las mujeres organizadas de todas partes, particularmente de las latinoamericanas, y pudo haberse convertido en pionero en la región en materia de protección integral, con alcance nacional, de los derechos sexuales y reproductivos de sus ciudadanas. Pudo también haber dado prueba de que al gobierno en el poder realmente le interesa profundizar la democracia: sólo si el Poder Ejecutivo promulgaba la Ley era viable la convocatoria a un referendum en el que pudiera pronunciarse toda la ciudadanía.

El 5 de febrero de 2004, durante los festejos del trigésimo tercer aniversario de la creación del Frente Amplio, aseguró el entonces presidenciable Tabaré Vazquez: » Trabajamos por una sociedad fuertemente democrática (…) y por eso esta fuerza política está comprometida, trabaja, profundiza la democracia representativa que mucho respetamos (…) Pero también en esa profundización de la democracia utilizamos la democracia directa, herramientas de la democracia directa y propugnamos la participación ciudadana (…) y la transferencia cada vez más importante del poder de decisión a los ciudadanos uruguayos».

En 2008 y al cabo de tres años y medio a cargo de la presidencia de la República, el mismo Tabaré Vázquez acaba de abortar una excelente oportunidad de probar la sinceridad de sus propósitos.

 

¿70 AÑOS NO ES NADA?

En lugar de avanzar, el país retrocedió. Como en 1938, las uruguayas volvieron a ser condenadas a enfrentar los riesgos del aborto practicado clandestinamente, sin las garantías sanitarias mínimas; al miedo y la estigmatización; a la maternidad forzada; a ser ciudadanas en cuya capacidad de no se confía para decidir sobre su cuerpo, aunque luego se les deleguen en exclusividad las responsabilidades de la crianza.

La democracia no fue menos herida. Lejos del lema del padre Artigas -«Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana»-, la autoridad del Presidente no cesó ante nada.

Lo dicho no minimiza la responsabilidad de legisladores y legisladoras que en la Asamblea General tuvieron la oportunidad de rechazar el veto y no lo hicieron. Ellos también vetaron, a las mujeres y a la democracia.

Es probable que por esa especie de «euforia acrítica» que caracteriza los tiempos electorales, el proyecto frenteamplista no pague tan caro el precio de este «traspié» provocado por su principal dirigente. Pero la prudencia aconseja recordar que las nuevas generaciones, que votan, heredaron ese proyecto y aunque lo asumieron como propio, no están tan comprometidas con él como las anteriores que lo construyeron; pueden preferir otras opciones si tan ligeramente da portazo a sus necesidades.

 

JUSTIFICACIONES QUE OFENDEN

«No hay en este trámite nada anormal. Tampoco hay razones para dramatizar esta situación, a no ser que se tenga una visión devaluada o tremendista de la democracia o se pretenda transformarla en un recurso publicitario con objetivos que podrán ser legítimos pero que hoy resultan extemporáneos».

Asi comienza un suelto editorial colocado en el sitio web de la Presidencia de la República para justificar el veto presidencial, que ofende por su ligereza.

Formalmente, nada anormal, es cierto. El Presidente utilizó un recurso que la constitución concede, lo que no quita que se trate de un recurso de corte monárquico, pensado para lidiar con parlamentos hostiles y sin mayorías gubernamentales, nada parecido a lo que le ocurre a este Presidente, cuyo partido tiene mayorías parlamentarias en ambas cámaras que le son generalmente fieles.

¿La situación no es dramática para quién? Para las mujeres que tienen que exponer su cuerpo a los riesgos del aborto inseguro, lo es y mucho. Que los hombres no conciban ni se embaracen no los autoriza a vanalizar esos procesos.

¿De quién será la visión devaluada de la democracia? ¿De quiénes luchan consecuentemente por los derechos humanos de las mujeres o del que desconoce la voluntad del Poder Legislativo, el más representativo sin duda, e impide que la ciudadanía se pronuncie democráticamente?

¿Es extemporáneo insistir en el reconocimiento de derechos porque la fuerza política gobernante está conmocionada por dificultades para seleccionar a sus candidatos para las próximas elecciones?

 

ENDEBLE FUNDAMENTACION

Los fundamentos del veto enviados al Poder Legislativo son también pobres y endebles.

Afirmar que «en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado» implica desconocer que no hay estadísticas de la clandestinidad, la realidad de la práctica sólo se revela en la legalidad y no hay datos anteriores fiables para comparar. Además, las estadísticas conocidas muestran en el correr del tiempo todo lo contrario.

Afirmar, como lo hace Vázquez, que el aborto se instala como «una costumbre», ofende la dignidad de las mujeres, que abortan sólo cuando tienen la imperiosa necesidad de hacerlo y luego de una profunda reflexión, en general a solas con su conciencia.

La evidencia de la vida humana en la etapa de gestación, tan cara al Presidente Vázquez como a los líderes religiosos que se oponen cerrilmente a la despenalización del aborto, no se niega. Lo que sucede es que se confunde con la existencia de un sujeto de derechos, de una persona, que no la hay y hasta la ciencia lo reconoce. No agrega, y más bien resulta por demás inoportuno en un país que todavía busca a sus desaparecidos en dictadura, la invocación de las virtudes del ADN para determinar identidades.

«El verdadero grado de civilización de una nación se mide en cómo se protege a los más necesitados» y «Hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el embarazo», suscriben Vázquez y su ministra de Salud Pública. Pero en Uruguay la mitad de los niños nacen en hogares que están bajo la línea de pobreza.

«Esta ley afecta (…) los compromisos asumidos por nuestro país en tratados internacionales, entre otros Pacto de San José de Costa Rica», sigue la fundamentación del veto. Efectivamente, dicho instrumento prevée «la protección de la vida, en general, desde la concepción». Obsérvese que el «en general», entre comas solo se justifica si está suponiendo otras soluciones para casos particulares, como el de aquellos países que tienen pena de muerte o como el uruguayo, cuyo Código Penal contempla atenuantes y exhimentes de pena para el aborto practicado en ciertos casos.

«El artículo 42 de nuestra Carta obliga expresamente a proteger la maternidad». Protegerla no es igual a forzarla y esto es lo que sucede cuando se condena a la mujer a ser víctima de su biología, sin posiblidad de decisión alguna al respecto.

Llama la atención que, al cuestionar la forma en que la ley vetada regulaba la interposición de la objeción de conciencia de los médicos, el Poder Ejecutivo se preocupe tanto por la supuesta falta de respeto a «la libertad de pensamiento en un ámbito por demás profundo e íntimo» y tan poco por el respeto a la decisión de las mujeres sobre su propia maternidad, que vaya si es profunda e íntima.

La defensa a ultranza de la
«libertad de empresa» de las instituciones sanitarias, por más confesionales que sean, no parece compadecerse de los principios que inspiran la reforma de salud que lleva a cabo el gobierno que preside Tabaré Vázquez, centrada en el derecho a la protección de la salud de todos los habitantes del país.

Por «medicina hipocrática» también se entiende «hacer el bien, nunca el mal». Y mucho mal se les causa a las mujeres cuando en lugar de acompañarlas y protegerlas en el difícil trance de abortar, se las deja libradas a su suerte y encima cargando el estigma de la criminalidad.

En definitiva, se ha perdido lo que se creía la última batalla. Pero no se termina la lucha, que en el debate público ya tiene suficientes raíces para permanecer y en el Parlamento se renovará en marzo de 2010, cuando se instale una nueva legislatura.