aborto: histórico fallo de la Suprema Corte mexicana

esde abril de 2007 hasta agosto de 2008, 12.262 mujeres de entre 18 y 29 años -todas ellas de clase media y baja- decidieron, con información y sin ocultarse en la clandestinidad, hacer efectivo su derecho de realizarse una interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 primeras semanas de la gestación, en condiciones seguras y atendidas por personal especializado de alguna de las 12 clínicas que ofrecen el servicio en la capital mexicana.

Pudieron hacerlo porque la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, retomando iniciativas surgidas e impulsadas por las mujeres, en 2007 modificó la Ley de Salud y el Código Penal para que el aborto en esas condiciones dejara de ser un delito y se convirtiera en derecho.

Las mexicanas que habían consultado por el mismo motivo en igual plazo fueron 26.251, de modo que 13.989 decidieron continuar con el embarazo. El 65% de quienes abortaron comenzaron inmediatamente a usar un método anticonceptivo.

Una encuesta realizada por Ipsos-Bimsa revela que más del 50% de la población del Distrito Federal considera que la ILE es de «avanzada», porque evita abortos clandestinos y 77 personas de cada 100 dicen que beneficia principalmente a las mujeres pobres.

 

UN DERECHO QUE REMEDIA UN PROBLEMA

En respuesta a un recurso de inconstitucionalidad de la norma, presentado por la Procuraduría (fiscalía) General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el apoyo de la Iglesia Católica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidó la norma que obliga a las autoridades capitalinas a garantizar que la ILE se realice de forma gratuita y en condiciones médicas y sanitarias adecuadas.

Se trata de una resolución histórica y una de las más importantes en materia de derechos humanos a nivel de toda la trayectoria de la institución, dijeron feministas e integrantes del movimiento de mujeres que durante una semana se mantuvieron a la expectativa de la misma. Ocho de los magistrados del máximo tribunal señalaron que no existe en la Constitución ni en los tratados internacionales suscriptos por México el llamado » derecho a la vida desde el momento de la concepción». La Carta Magna tampoco establece la obligación de sancionar penalmente el aborto, además de que es atribución de los congresos locales despenalizar o no este tipo de delitos.

Olga Sánchez Cordero, una de esas magistradas, aseguró que la ley que permite el aborto «es una manera eficaz de ayudar a las mujeres», pues con ello se saca de la clandestinidad el problema «para poder enfrentarlo y remediarlo».

 

LA DEUDA DEL ESTADO

Por su parte, su colega Juan Silva Meza consideró que la principal causa del aborto ha sido la incapacidad del Estado para mitigar «las situaciones de desigualdad imperantes en nuestra sociedad, reflejadas en la pobreza, marginación e ignorancia en la que todavía se encuentran inmersas un gran número de mujeres». » El Estado tampoco ha cumplido con su obligación constitucional de educar en materia sexual y reproductiva, como lo marca el artículo cuarto constitucional, además de que no ha garantizado el acceso pleno a los métodos anticonceptivos ­ agregó Silva Meza-, por lo que no puede reprocharse a la sociedad el ejercicio irresponsable de la libertad reproductiva mediante la penalización absoluta» de la interrupción del embarazo.

Católicas por el Derecho a Decidir, el Observatorio Eclesial y la Red Todos los Derechos para Todos coincidieron en que la resolución reafirma la dignidad de las mujeres y su derecho a decidir sobre su sexualidad y reproducción, reconoce su autoridad moral para tomar decisiones autónomas y responsables ante el «dilema ético del aborto» y permite que ejerzan su libertad de conciencia con dignidad, equidad y autodeterminación.

Discordantes, legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN) que gobierna al país, anunciaron que acatan pero no comparten, ya que se trata «del permiso legal para deshacerse de un hijo» y adelantaron que trabajan en un paquete de iniciativas para dar claridad al tema y proteger a nivel constitucional la vida de los no nacidos.