avances y desafíos del trabajo doméstico

l Consejo de Administración de la OIT aprobó este año tratar en la Conferencia Internacional de 2010 la propuesta presentada por el Grupo de trabajadores en torno a la adopción de una Convención Internacional de esa organización sobre trabajadoras domésticas.

En Uruguay, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) priorizó el Seminario Internacional «Avances y desafíos del trabajo doméstico» como la actividad más importante en materia de género, lo que tiene relevancia tanto a nivel interno como internacional.

La actividad contó con la participación de Manuela Tomei, jefa del Departamento de Condiciones de Trabajo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en Ginebra; María Elena Valenzuela, especialista regional en Género y Empleo de la Oficina Subregional de la OIT para el Cono Sur; la economista uruguaya Elma Espino, una de las autoras del recientemente publicado estudio «Uruguay: ampliando las oportunidades para las mujeres»; representantes de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo del MTSS, de la Liga de Amas de casa, Consumidores y Usuarios del Uruguay, del Instituto Nacional de las Mujeres y del Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT.

 

MAS ORGANIZACION, POCAS GARANTIAS

La especialista en Género y Empleo de la OIT, María Elena Valenzuela aporta un dato preocupante: el promedio regional de cobertura en seguridad social de las empleadas domésticas es muy bajo y, a la vez, no existen «sistemas de reclamos eficientes».

No obstante, destaca que el movimiento de trabajadoras domésticas a nivel de la región ha crecido y que la actual dista mucho del tipo de organización que existía en los comienzos -primera década del siglo XX- cuando el reclamo de las domésticas pasaba por el respeto a «la moral y las buenas costumbres». Ahora se han constituido como «verdadera organización de trabajadoras».

Aunque, aclara Valenzuela, para ello tuvo que darse un cambio en el propio movimiento sindical de cada país, pues «hasta hace poco más de 10 años no se las reconocía como trabajadoras», quizás porque realizan tareas culturalmente delegadas a las mujeres, desvalorizadas en sus roles productivo y reproductivo.

Valenzuela rescata algunas «buenas prácticas» a nivel regional, poniendo el acento Brasil, que adoptó como política la construcción de «viviendas populares» para las trabajadoras domésticas, amparando así a aquellas denominadas «sin retiro» o «con cama», que cuando perdían su trabajo también quedaban sin lugar donde vivir.

Respecto de Uruguay, la experta reconoce el avance en materia legislativa, con la aprobación de la Ley Nº 18.065 en 2006, que genera a su vez un reconocimiento del valor social y económico de la tarea de las trabajadoras domésticas otorgándoles derecho a la seguridad social, lo que va en consonancia con la idea de OIT de que «el trabajo decente implica la perspectiva de género».

Manuela Tomei, jefa del Departamento de Condiciones de Trabajo de la OIT, por su parte, aporta algunos ejemplos de buenas prácticas a nivel mundial, centrándose en la experiencia de África, donde el Programa de Inspección Laboral implementó la descentralización de locales de información y formación tanto para empleadas como para empleadores/as, lo que permitió no solo un empoderamiento de las primeras -necesario por la dificultad de inspeccionar en los hogares- sino también la construcción de » redes para evitar el aislamiento».

 

¿COSA DE MUJERES?

Para la economista uruguaya Elma Espino, co-autora del estudio «Uruguay: ampliando las oportunidades para las mujeres», desde una perspectiva de género lo conflictivo de la relación laboral de las domésticas remuneradas es que se instala en el ámbito de la «economía del cuidado», a la vez que «reemplaza o complementa en él al ama de casa», labor que coloca en las estadísticas a la persona que la realiza como inactiva.

Espino destaca la tensión existente en una relación asalariada -y por tanto pública- pero que se realiza en lo privado y se vincula con lo privado (el bienestar de las personas), a la vez que deja para debatir en alguna instancia por qué hablamos en general, respecto del trabajo doméstico remunerado, de «empleadoras» y no empleadores.

Algunos datos que arrojó la investigación realizada por Espino, Amarante, Pérez, Bonino y Anández, plasmada en el libro presentado por el Instituto Nacional de las Mujeres con el apoyo del Banco Mundial, dan un mapa de la situación en nuestro país, en el que un 8,3% del total de las personas ocupadas son empleadas domésticas remuneradas, es decir cerca de 109 mil personas.

Una de cada diez empleadas domésticas declara vivir en asentamientos irregulares, mientras que un 12% del total de trabajadoras del sector es afrodescendiente lo cual, entre otras variables, ejemplifica que se trata de una labor con «mayor incidencia de pobreza», lo que Espino refleja en el dicho: » cuidar es cosa de mujeres y servir es asunto de pobres».

La aprobación de la Ley 18.065 ha tenido una sustancial incidencia en la cantidad de trabajadoras domésticas que aportan al Banco de Previsión Social: en 2006 un 67% de ellas no aportaba a la seguridad social; en 2008 un 74% lo hace.

 

PRIVACIDAD Y AISLAMIENTO

De todos modos, siguen quedando pasos por dar. Durante el seminario, desde el público una mujer que se autodefinió como ama de casa preguntó: «¿Qué se está haciendo para que los funcionarios del Estado que reciben los reclamos tengan actitudes menos discriminatorias?». Valenzuela reconoció que «es una cuenta pendiente» y se explicó que las y los inspectores así como jueces laborales, técnicos y demás actores, deben ser capacitados en el tema.

El ama de casa que intervino hacía referencia a una situación puntual, en la que frente a la consulta de si correspondía que por fallecimiento del empleador la trabajadora fuera a seguro de paro, en la División Consultas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) le respondieron que no, mientras que los representantes allí presentes del PIT-CNT opinaban lo contrario.

Ante la duda planteada, una profesional de la División del MTSS en cuestión, dijo que se trataba de un tema frente al cual puede haber «interpretaciones diversas», pues la ley no es explícita respecto al fallecimiento del empleador. Recomendó, asimismo, que en esos casos se elevara la nota correspondiente.

Más allá de idas y venidas, lo cierto es que las intervenciones del público que se sintió convocado al seminario dejó expuesta una situación de vulnerabilidad más frente a la que se encuentran las empleadas domésticas, y que el trasfondo del asunto se encuentra en que «su tarea está mucho más desprotegida, porque todos somos posibles empleadores».

A María Narducci, inspectora general de Trabajo y Seguridad Social, le preocupa la «exclusión de la protección laboral insalvable» de las empleadas domésticas, pues en nuestro país en caso de que alguna de ellas pida a un juez que habilite la inspección en un hogar, «no hay forma de no suponer que la empleada denunció».

Al tiempo de valorar que la experiencia africana es interesante pero «no suficiente», Narducci alertó sobre la ausencia de recursos en su sector para realizar campañas de información y concientización, y reveló un dato que deja en claro hasta qué punto falta trabajar en esta área en Uruguay: desde la sanción de la Ley 18.065 en 2006 hasta hoy, «recibimos sólo una denuncia».