barreras para decidir

l libro titulado «Investigación y análisis sobre el aceso de las mujeres al derecho a decidir», elaborado por la Red Uruguaya de Autonomías (RUDA) y la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar (AUPF), echa luz sobre las barreras directas e indirectas que enfrentan las uruguayas cuando se les presenta la necesidad de abortar. Se presentará el 13 de mayo, a las 19 horas, en la Sala Paulina Luisi del anexo del Palacio Legislativo, con la participación del doctor Gervasio Guillot, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia; la senadora Margarita Percovich, el senador Alberto Breccia, la diputada Silvana Charlone y el pastor de la Iglesia Evangélica Valdense Hugo Armand Pilón.

La dirección de la investigación cuyos resultados recoge estuvo a cargo de Rafael Sanseviero, y el equipo integrado por Susana Rostagnol, Serrana Mesa, Valeria Grabino, Carla Sacchi Cerruti, Mónica Gauchín y Clara Olmedo.

El trabajo es contemporáneo con el desarrollo de dos fenómenos con directa incidencia en los procesos de aborto: la difusión del Misoprostol como fármaco abortivo y las acciones emprendidas desde el Estado para limitar el acceso de las mujeres a él, y el desarrollo de un «nuevo discurso» desde la medicina y el Estado hacia las mujeres que abortan, contenido en la Ordenaza 369 del Ministerio de Salud Pública de agosto de 2004. En ese contexto, da cuenta de las limitaciones de esta política estatal e intenta aportar algunas claves para interpretarlas.

Comienza aclarando que todas las mujeres en edad fértil pueden enfrentar una situación de aborto y la intención de abortar expresa la inviabilidad de la maternidad potencialmente implícita en el embarazo en curso.

Otras categoriaas que presiden el análisis son: la maternidad es voluntaria cuando la decisión de llevar a término un embarazo es adoptada como consecuencia del deseo de ser madre en ese momento; no es posible ejercer el derecho a la maternidad voluntaria si están restringidas las posibilidades de evitar la maternidad forzada; la dignidad en que se producen los abortos voluntarios es una dimensión clave para evaluar las condiciones de realización del ejercicio del derecho a decidir.

Además del relevamiento, análisis y comparación de documentos jurídicos y administrativos, la estrategia metodológica incluyó entrevistas a mujeres y proveedores de salud, encuestas y cuestionarios. Entre las entrevistadas hubo adolescentes y adultas captadas en salas de espera de consulta ginecológica; mujeres que vivieron la experiancia del aborto en tiempos recientes y más lejanos; también ginecólogos de Montevideo e interior y jueces penales. Las encuestas fueron dirigidas a usuarias adultas y proveedores de salud, los cuestionarios individuales incluyeron a adolescentes, a estudiantes del ultimo año del residentado en ginecotocología y a parteras.

Los principales hallazgos muestran que entre adolescentes pobres captadas en diferentes centros de salud, 98% son sexualmente activas y 81.5% dice utilizar métodos anticonceptivos para regular su fecundidad; 95.9% maneja información adecuada, pero sólo 43% refiere usarlos correctamente.

La muestra estima que fueron madres voluntarias el 57.2% y forzadas el 29.3%. Habrían abortado el 13.5% de las que estuvieron embarazadas. El rango de embarazos concluidos en abortos voluntarios es entre 19 y 26%, este último valor consistente con invesigaciones anteriores.

También se observó que los dispositivos legales y administrativos que habilitan interrumpir embarazos en forma menos indigna (caso de abortos que tienen eximentes legales, uso de Misoprostol, estrategia de reducción de riesgos del MSP) son ajenos a las prácticas de las mujeres objeto de la investigación y también para un número significativo de proveedores de salud.

El estudio concluye que las «barreras al derecho a decidir» integran un sistema denso de restricciones al ejercicio de los derechos de las mujeres, que se hacen operativas para cada una que enfrenta un aborto.

Las hay directas e indirectas. Entre las primeras está la legislación penal sobre aborto; las omisiones, fracasos y boicot a estrategias legales para regular la fecundidad; las prácticas, rutinas y costumbres en servicios de salud, donde predominan sesgos discriminatorios que impactan sobre los grupos más vulnerables; asimetrías de poder por causa de género, clase, edad y saber en la consulta médica; disputas al interior del espacio profesional y académico de la medicina, que se evidencian especialmente en la resistencia a la Ordenanza 369 del MSP.

Constituyen barreras indirectas, a juicio de los investigadores, las relaciones jerárquicas de género, clase y edad; las representaciones dominantes de la sexualidd femenina; el mandato de la maternidad o sea la homologación de mujer-madre; los sentidos dominantes sobre el aborto voluntario; una legislación radicalmente restrictiva al tiempo que ambigua.