cacería de brujas, votos y veto

rocedimientos policiales considerados abusivos y riesgosos para la salud de mujeres, detenidas ante la sospecha de que se practicaron abortos, motivaron una urgente solicitud de audiencia a la ministra del Interior, Daisy Tourné, firmada por Amnistía Internacional-Sección Uruguay, Casa de la Mujer de la Unión, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Cotidiano Mujer, Instituto Mujer y Sociedad (IMS) y Red Uruguaya de Autonomías (RUDA).

En el encuentro, que se llevó a cabo el pasado 5 de mayo, la jerarca explicó que, pese a no haber recibido ninguna denuncia formal, ya se había iniciado una investigación administrativa para evaluar la actuación de efectivos a cargo de esa cartera, cuestionada en nombre del secreto médico y la confidencialidad de la consulta, por médicos del Hospital Pereira Rossell cuya intervención se solicitó. Tourné explicó que la policía había actuado como auxiliar de la Justicia, cumpliendo lo solicitado por la jueza Graciela Merialdo, a cargo de un procedimiento contra clínicas donde se practicaban abortos clandestinos. Se le objetó que, a diferencia del Instituto Técnico Forense, responsable de las pericias que solicite el Poder Judicial, los médicos no son auxiliares de la Justicia y la confidencialidad de sus intervenciones está por encima de cualquier otra cuestión.

«Entendemos que se trata de una situación éticamente inaceptable, con independencia del sustento legal de la investigación judicial, ya que desde hace un año 9.000 ciudadanas y ciudadanos uruguayos han admitido públicamente estar incursos en delitos de aborto, sin consecuencias de ningún tipo para ellos», advertía la solicitud de audiencia a Tourné, en referencia a la iniciativa «Los y las abajo firmantes» que bajo el lema «Nosotras y nosotros también», se solidarizó con una joven procesada por esa razón. Las firmas avalaron la declaración de que se había violado la Ley 9.738 de 1938 «haciéndonos un aborto, financiándolo, acompañando a una mujer a practicárselo, conociendo la identidad de muchas y callándonos».

 

RESISTENCIA A LA «CAZA DE BRUJAS»

El médico ginecólogo Francisco Coppola, jefe de la emergencia del servicio ginecológico del Hospital Pereira Rossell, catedrático de la Facultad de Medicina y presidente del Consejo Arbitral del Sindicato Médico, fue uno de los que recibió a mujeres conducidas por la policía. Públicamente denunció haber tenido que enfrentar primero la pretensión de la funcionaria de permanecer en el consultorio mientras se examinaba a la paciente y negarse después a entregar un diagnóstico por escrito amparado en el secreto médico.

Coppola dejó en claro que la función médica es velar por la salud de la gente, no determinar si se cometió o no un delito, y defendió enérgicamente la confidencialidad de la consulta.

Otras mujeres que fueron conducidas al nosocomio en la misma forma y a los mismos efectos, revelaron a los médicos que habían recibido malos tratos por parte de la Policía, entre ellos el de retenerlas 24 horas en la comisaría incomunicadas.

En el Pereira Rossell funciona una policlínica donde se brinda atención pre y post aborto de acuerdo a los lineamientos de la Ordenaza Nro. 364 que expidiera el Ministerio de Salud Pública en 2004.

Iniciativas Sanitarias, una asociación de profesionales de la salud comprometida con la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, a cuyo impulso se logró la formalización de esa estrategia de reducción de daños, emitió un comunicado en el que puntualiza que procedimientos policiales como los cuestionados «Amenazan y desconocen los logros obtenidos en términos de políticas de salud que viene desarrollando Iniciativas Sanitarias conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública en la aplicación» de la referida ordenanza. Asimismo, «expulsan a las mujeres del sistema de salud, generando temor a la consulta profesional, fomentando las conductas inseguras» y «atacan la confidencialidad como derecho humano básico, inalienable, insustituible e inviolable».

También recuerda que en los últimos años en Uruguay y en particular en el Pereira Rossell, ha disminuido la mortalidad materna y la enfermedad por aborto provocado en condiciones de riesgo, siendo el modelo de reducción de daños un componente fundamental en ese cambio.

La molestia de los profesionales de la salud no fue la única. La jueza Merialdo también manifestó la suya, alegando que en el Instituto de Técnica Forense no existen los recursos para la pericia que pretendía se realizara en el Pereira Rossell. Una cosa no justifica la otra, y así se lo explicaron los médicos que citó a su despacho, enfatizando su responsabilidad en los aspectos éticos de la cuestión.

 

LA «OPORTUNIDAD POLITICA»

Algunos legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP) dudaban respecto de la «oportunidad política» de que la Cámara de Representantes votara durante la actual administración el proyecto de Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, en virtud del enfrentamiento que supondría con el presidente Tabaré Vázquez, quien se mantiene firme en su voluntad de vetarlo si se aprueba.

Con la decisión adoptada el pasado 5 de mayo, en el sentido de que el MPP acompañará la voluntad del resto de la bancada frenteamplista de cumplir con la responsabilidad legislativa, votando de una vez, se alcanzarían los votos para completar en la Cámara Baja un proceso iniciado en el Senado.

De los 52 diputados y diputadas del Frente Amplio, se presume que solamente dos votarían en contra de la iniciativa: Daniela Payssé de Asamblea Uruguay y Juan Andrés Robillo de Alianza Progresista.

Aún cuando no se obtenga ningún voto afirmativo del Partido Nacional y solamente alguno del Partido Colorado, donde las voluntades están divididas, sería suficiente para convertir el proyecto en ley.

Así las cosas, en el curso de este mes se comenzaría a discutir formalmente el proyecto de ley que está radicado en la Comisión se Salud de la Cámara de Representantes.

 

EL VETO ANUNCIADO

Aparentemente despejado el camino parlamentario, el obstáculo que queda es el veto anunciado.

La Constitución de la República, en su artículo 168, confiere la potestad de oponerse » a la promulgación de un proyecto de ley aprobado por el Poder Legislativo», «al presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros».

«El presidente solo no es la voluntad del Poder Ejecutivo», resume el doctor Oscar López Goldaracena en un informe realizado para la organización Mujer y Salud del Uruguay (MYSU). El jurista explica que Tabaré Vázquez debería acordar su posición personal con la totalidad de los secretarios de Estado o con la ministra del Interior, Daisy Tourné, por tratarse de la despenalización de una conducta delictiva. Lo paradojal es que esta ministra manifestó en reiteradas ocasiones estar a favor de la despenalización del aborto e incluso en 2007 asumió públicamente con su firma haber violado la ley vigente que lo criminaliza.

Aún si el veto se concretara, podría ser levantado en la Asamblea General por decisión de tres quintos de los miemros presentes de cada una de las Cámaras, en el actual escenario no fácil de obtener por cierto.