estarían los votos, pero…

En la Cámara de Representantes, desde hace cinco meses espera turno para tratamiento un proyecto de ley -el de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva- aprobado en el Senado el año pasado, que incluye la despenalización del aborto en las primeras doce semanas de la gestación.

Sorpresivamente, en las últimas semanas se desempolvó otra iniciativa -la de Educación sexual y reproductiva y maternidad y paternidad responsables, elaborada por el Partido Nacional y apoyada por algunos legisladores frenteamplistas- que omite toda referencia al aborto y Diputados aprobó sin hesitar el pasado 2 de abril.

La primera, basada en la que aprobó el mismo cuerpo en diciembre de 2001 y reclazó el Senado en mayo de 2004, bajo la presión del anuncio de veto del entonces presidente Jorge Batlle, ampliada y mejorada fue presentada nuevamente en la actual legislatura.

Las diferencias entre ellas van más allá del aborto: lo que una desarrolla de manera amplia y exhaustiva, otra apenas lo enuncia. Por lo tanto, la deuda con las mujeres uruguayas sigue en el mismo lugar, sólo que haciendo más patente la hipocresía.

La falta de interés en un caso y el notorio apuro en otro, despertó sospechas.

La clave para deshacer la madeja está en la combinación de despenalización del aborto y veto anunciado por el presidente Tabaré Vázquez, asunto muy sensible en año preelectoral. Indirectamente, así lo confirmaron legisladores frenteamplistas cuando ante el disgusto de algunos de sus pares y la presión de organizaciones de mujeres y sociales, se pusieron a idear estrategias para hacer avanzar el primer proyecto sin comprometer al presidente.

 

SEIS DE CADA DIEZ URUGUAYOS  A FAVOR

Desde hace más de 20 años, una creciente parte de la población uruguaya viene clamando por un cambio en la restrictiva legislación penal vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo o, lo que es lo mismo, porque se respete y garantice el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Actualmente, por lo menos seis de cada diez personas apoyan la legalización del aborto y esa ciudadanía reparte preferencias entre todos los partidos políticos.

Como expresó el diputado frenteamplista Luis Gallo en el debate sobre el uso del misoprostol en Uruguay, convocado por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), la Cátedra Libre de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y el Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (Clacai). «El Parlamento debería ser la caja de resonancia de la sociedad». No obstante, hay legisladores que no se deciden a actuar de acuerdo a la voluntad de sus representados.

El Partido Nacional es el más homogéneo en su postura contraria a la despenalización del aborto, aunque algunos de sus actuales legisladores ya han adelantado que votarán la iniciativa legal que la incluye.

En el Partido Colorado se insiste en una consulta popular que tiene dudoso andamiento si previamente no hay una ley para plebiscitar y que, en su caso, tampoco tendría efecto vinculante, o sea que la decisión volvería al Palacio Legislativo.

En el Frente Amplio, donde la resistencia por convicción es mínima (apenas 2 legisladores de los 69 que integran la bancada), los problemas son otros.

 

EL PRESIDENTE VAZQUEZ EN CONTRA

El presidente Tabaré Vázquez aseguró que vetaría cualquier ley que incluyera la despenalización del aborto, y hasta ahora no hubo forma de hacerle cambiar de opinión. A diferencia de Jorge Batlle, que al sincerar las razones de su idéntica intención las refirió a acuerdos políticos previos a las elecciones que lo llevaron al poder, Vázquez arguye motivaciones personales, vinculadas a su tránsito como médico.

Así las cosas, algunos legisladores del Frente Amplio están dispuestos a resignar convicciones para «no crearle un problema al presidente», menos que menos en tiempos preelectorales.

 

LEY PARCIALMENTE DIFERIDA Y CONSULTA POPULAR

Otros, que participan de la preocupación de los primeros pero son conscientes de que el Parlamento tiene que hacer su trabajo, se afanan en encontrar caminos del medio. Habiendo fracasado hasta ahora las gestiones para «convencer» al presidente, apareció sobre la mesa de la bancada frenteamplista un artilugio político-legislativo para ensayar. Su impulsor, el diputado Luis Gallo, propone que se vote la ley tal como está adicionando un artículo que postergue la vigencia de las disposiciones contenidas en su capítulo segundo (relativas a la despenalización del aborto en las primeras doce semanas de la gestación) hasta el primero de marzo de 2010, cuando el presidente Vázquez ya no podrá vetar porque un nuevo titular del Poder Ejecutivo asumirá en Uruguay.

La propuesta va acompañada de un compromiso de la bancada frenteamplista: que mientras permanezca «congelada» parte de la ley así aprobada -menos de dos años- se instrumente el proceso para someterla a consideración de la ciudadanía, que resolverá en definitiva sobre todo su contenido, incluyendo la despenalización del aborto. Hacen falta aproximadamente 400.000 firmas para habilitar el referendo, pero los resultados de la consulta en este caso sí serían vinculantes, es decir dirimirían definitivamente la cuestión sin necesidad de nuevas intervenciones parlamentarias y con absoluta independencia de votos y vetos.

 

SOCIEDAD CIVIL TERMINANTE:  BASTA DE HIPOCRESIA

Mientras, un activismo cansado de tanto remar por soluciones esquivas, pero que no decae en el objetivo de proteger efectivamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, multiplica oportunidades de debate.

En una conferencia de prensa convocada conjuntamente por la Coordinadora de Organizaciones Sociales por la Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva y el PIT-CNT, Juan Castillo, secretario general de la central sindical, no dudó en afirmar que la aprobación del proyecto de ley que incluye la despenalización del aborto es un reclamo ciudadano que exige el mayor compromiso y no admite demoras.

Alma Fernández, integrante del Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT, aseguró que «Ya no se nos pueden vender más espejitos. Este es un tema de democracia y de ciudadanía. Se tata de una deuda muy vieja que se tiene con la sociedad. Solicito a las compañeras y compañeros diputados: basta de hipcresía».

Por su parte, Lilián Abracinskas en nombre de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) y CNS Mujeres recordó que se trata de una » demanda ciudadana absolutamente comprobada», como lo indican las encuestas que incluyen votantes de todos los partidos con representación parlamentaria, y que por ser el uruguayo un sistema representativo, la opinión ciudadana «debería verse reflejada en el sistema político».

«El gran tranque, todos sabemos, ha sido el anuncio en 2005 del veto presidencial (aunque) la amenaza no fue suficiente y por suerte el Senado aprobó el texto íntegro», afirmó, reiterando el pedido de la Coordinadora al presidente Vázquez en el sentido de que «desista de vetar y, en todo caso, de paso a la consulta popular» para la que hace falta ley aprobada.

Para Castillo, «se está confundiendo a la ciudadanía» mostrando la reciente aprobación de la iniciativa del Partido Nacional como equivalente a la otra, sólo que sin aborto. «No lo es, no sustituye y no contempla los derechos para los que estamos trabajando. No nos satisface su aprobación, porque recorta los derechos para la mujer y para el conjunto de los ciudadanos de este país. Cualquier proyecto que no contemple la libertad de ejercer la decisión por parte de la mujer de practicarse un aborto ante una situación no deseada no nos tiene en cuenta». El sindicalista aprovechó para recordar que no se trata de un tema «sólo de las mujeres ni de algunas organizaciones: es de la sociedad» y al igual que Alma Fernández, reclamó que »
se termine la hipocresía».