más allá de los números

Durante el seminario «Hacer política desde las mujeres: género, representación parlamentaria y agenda legislativa» la ex senadora del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), María Antonia Martínez; la diputada de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ana Helena Chacón Echeverría y Julie Ballington, Oficial de Programa de Partenariato de Género de la Unión Interparlamentaria (UIP), fueron las encargadas de reflexionar sobre las herramientas para la incorporación de la perspectiva de género en la agenda legislativa aplicadas en diversos parlamentos y las comisiones parlamentarias responsables del tratamiento de proyectos de ley con contenido de género, entre otros temas.

Martínez comenzó advirtiendo que «si bien nos separa un océano, nos unen aquí y allá los mismos problemas a las mujeres». A su juicio, transversalizar el género en el Parlamento hacen falta en primer lugar, «ir a la paridad», y en segundo lugar lograr el empoderamiento de las mujeres dentro de los grupos parlamentarios, «porque no sólo hay que estar sino tener posición».

 

INSTITUCIONALIDAD

A la luz de la experiencia en su país, la ex senadora cree que «La actuación parlamentaria de las mujeres hay que institucionalizarla a través de un órgano que pueda intervenir en todas las actividades del Parlamento», como la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades que lleva funcionando en el Parlamento español veinte años. Ello sin perjuicio de aprender a manejar el instrumento de la ley ­que «no es suficiente pero sí muy poderosa», además de más propia de las legisladoras- en la mejora de la calidad de los derechos de las mujeres.

Si bien España no trabaja con bancadas bicamerales femeninas donde confluyan los intereses de las mujeres de todos los partidos, como sí se hace en Uruguay, Martínez asegura que instituir una comisión con el carácter de la que funciona en su país, que no tiene funciones legislativas pero sí atribución de intervenir en todas las normativas que se elaboren en relación a las mujeres, es un instrumento y requisito fundamental para «transversalizar el género, porque la filosofía es que toda la actividad debe estar impregnada por la igualdad, por tanto no podemos residenciar la competencia legislativa en una sola comisión». Entre las funciones de dicha comisión está el control y seguimiento de lo todo relacionado con igualdad de trato y oportunidades, el estudio y la propuesta y promover la comparecencia de ministerios para evaluar cumplimiento de leyes.

 

IMPACTO DE GENERO

Martínez destaca que de esa comisión surgió el proyecto de Ley sobre Igualdad Efectiva entre Varones y Mujeres que fue aprobado recientemente en su país y modificó más de 24 leyes vigentes, acercándose así a la categoría de «código». A cargo de la misma está también el seguimiento al gobierno y a diversos actores de la sociedad civil para hacer efectivo su cumplimiento.

Respecto a los requisitos excluyentes para integrar la perspectiva de género a todos los ámbitos de la vida parlamentaria, representando así los intereses de la igualdad, María Antonia Martínez destacó la importancia de otro instrumento que aún aplicado en nuestro país: «el impacto de género y los presupuestos públicos», que permiten diagnosticar y hacer corresponder el presupuesto con las necesidades evaluadas.

En España, la aplicación del impacto de género arrojó como resultado que un 83% de las mujeres se ocupan de personas dependientes a su cargo, situación que fue necesario tener en cuenta en el presupuesto generando una pensión que atienda a esa encargatura femenina. Cada proyecto de ley debería incluir una «memoria económica con perspectiva de género», reclama Martínez junto con órganos específicos en cada ministerio y órganos de contralor para hacer efectiva la mirada de género en cada uno de los espacios de gobierno. Esto último no se suple con un sólo órgano encargado del tema, enfatiza.

 

TRANSVERSALIZAR SIN INVISIBILIZAR

«Yo me pregunto mucho cómo transversalizar (la perspectiva de género) sin invisibilizar, y este me parece el reto más grande. Debe estar en tantos lugares que ya no se hacen acciones específicas. Sin embargo, no podemos olvidar que es un mandato de Naciones Unidas«. Esta preocupación fue externada por Ana Helena Chacón Echeverría.

Pensando en para qué son necesarias las mujeres en los parlamentos, Chacón resalta que en muchos casos «podemos tener todos los mecanismos pero ello no alcanza». Ejemplificando, recordó cuando en su país, en medio de una sesión de la Comisión seguridad ciudadana se rechazó una moción que pedía tratar las causas de la violencia de género. Pero, cuando murieron 7 mujeres en un mismo fin de semana, el sacudón mediático hizo posible la aprobación de un proyecto que llevaba tiempo estancado en el Parlamento, la hoy aprobada Ley de prevención contra la violencia de mujeres e intrafamiliar».

Chacón llamó la atención sobre el hecho de que muchas veces son las propias colegas mujeres las que se posicionan en contra y parecen «aliadas de los hombres para llevarse los aplausos de la mayoría». Son el fiel reflejo de que «la cultura machista no es atributo único de los varones», como lo expresó Martínez.

En Costa Rica existe una Comisión Permanente de la Mujer que integra la diputada Chacón, «pero somos sólo 5 diputados integrantes de la misma en un congreso de 57 miembros; es lo que nosotros llamamos la Siberia de las comisiones«, porque nadie tiene interés por ocupar un lugar en la misma.

 

AVANCES

Cuando Chacón Echeverría ingresó a la comisión, en 2006, la misma no tenía un solo proyecto que tratar; actualmente, si bien tiene algunos está en puja interna permanente, pues «El problema es que la comisión está integrada por el partido de derecha, que presenta proyectos en la comisión de la mujer que para mí son nocivos para nosotras», por lo que es imprescindible «buscar alianzas».

Como logros importantes de los últimos tiempos, la diputada destaca la tipificación en su país del delito de femicidio, así como la ley de penalización de violencia contra las mujeres, además de la prohibición de casamiento a mujeres menores de 15 años y la eliminación de una legislación que «permitía a quien abusaba de una menor de edad casarse y eliminar el delito».

Entre los pendientes está la reforma a la ley de hostigamiento sexual para que puedan ser sancionados los parlamentarios, pues «En esta legislatura surgió una acusación a un legislador oficialista de parte de una subalterna, y esto no puede ser investigado bajo la legislación presente. Pero lo peor es que se oponen las propias compañeras oficialistas».

Para la legisladora costarricense «es muy importante que podamos implementar una Secretaría de Género para que mida el impacto de la legislación aprobada en la población femenina. Es necesario, además, elaborar presupuestos sensibles al género, porque es lo único que mide la desigualdad y la injusticia».

Julie Ballington, editora de «Mujeres en el Parlamento: más allá de los números» publicado por IDEA 2002, entre otras actividades, destacó la importancia de medir la «Influencia de género», para lo que «no hay estrategias establecidas».

Entre las cifras que aportó la representante de la Unión Interparlamentaria está el porcentaje de comités de género en los parlamentos: en 1991 no eran más que un 20% y hoy alcanzan un 70%, con una concentración decreciente en Europa, África, América Latina y por último el continente asiático.

Sin embargo, para Ballington es fundamental «asegurar que los intereses de las mujeres no se marginen en esas comisiones», y tener en cuenta que «los partidos políticos pueden obstaculizar el trabajo extrapartidario entre mujeres, que
de hecho hay menos» .

También recordó que como las mujeres ingresan a parlamentos hechos por los hombres, debe apuntarse a modernizar y actualizar esos espacios, generando una «nueva cultura institucional» en donde el tiempo profesional respete el tiempo doméstico, donde se evite el acoso sexual y el lenguaje utilizado sea sensible al género.

Para ese trabajo, aseguró Ballington, «la estrategia requiere de esfuerzos para formar asociaciones con hombres para implementar el cambio, así como el trabajo con partidos políticos», imprescindible para que la participación de las mujeres tenga un respaldo real que asegure su sostenibilidad en el tiempo.

Desde el público, la edila por el Frente Amplio en el Departamento de Cerro Largo, Ivonne Lima, hizo hincapié en que para muchas de sus compañeras pedir la cuota política es algo «vergonzoso», llamando a ser conscientes de que «la fuerza mayoritaria del Frente Amplio lo toma así» de modo que hay que trascender y pensar esa herramienta como como una ley de igualdad.