salud sexual y reproductiva: sin acuerdo en  bancada oficialista

La polémica por la despenalización del aborto sigue en el tapete. El proyecto de ley que habilita la interrupción voluntaria del embarazo durante las 12 primeras semanas de la gestación, aprobado por el Senado por l8 votos a favor y 13 en contra, podría convertirse en ley si la Cámara de Representantes se decide a considerarlo, ya que es probable que también allí se obtengan las mayorías necesarias.

No obstante, la sola decisión de colocar la iniciativa en el orden del día enfrenta a legisladoras y legisladores oficialistas a la decisión del presidente Tabaré Vázquez de vetarla si es aprobada. Y ante ese «conflicto» hay quienes dudan y quienes directamente se pronuncian por una nueva postergación.

 

EL DEBER DE LEGISLAR

Consultados por La República de las Mujeres, tanto la senadora Mónica Xavier (Partido Socialista) como el diputado José Luis Gallo (Asamblea Uruguay), fueron contundentes respecto a la responsabilidad que consideran tener como representantes nacionales a la hora de cumplir con todo el proceso parlamentario correspondiente respecto del proyecto de Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva. Ello a pesar de ser plenamente conscientes de la reiterada voluntad de veto del presidente Vázquez. Xavier reafirmó su deseo de que «la Cámara de Representantes consagre la iniciativa en un marco legal a la brevedad», enfatizando que «el Parlamento debe cumplir con el proceso de sanción de la ley» pues no hacerlo implica «poner la excusa del veto para no cumplir con nuestro deber».

Gallo, que integra la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Cámara de Diputados, expresó que mantiene «la misma opinión que cuando el proyecto fue votado por primera vez antes de ser reformulado en el Senado». El legislador coincide con Xavier en la importancia de «cumplir con el proceso parlamentario» y destaca que ya el hecho de contar con la aprobación del Senado es «un hecho histórico para nuestro país que nunca se había conseguido» y debe culminarse.

Si el proyecto de ley fuera aprobado también por la Cámara de Representantes y el presidente de la República interpusiera efectivamente su veto, quienes lo promueven podrían convocar a la Asamblea General, donde deberían obtenerse los tres quintos de votos de los miembros presentes para evitar que se frustrara el proceso legislativo. En caso de estar presentes tanto los 99 diputados como los 31 senadores, para levantar el veto se necesitarían 78 votos a favor.

Por su parte, la diputada nacionalista Beatriz Argimón incorporada recientemente a las filas de Alianza Nacional, quien en 2004 votara negativamente un proyecto de contenido similar al que se discute actualmente, expresó su voluntad de rectificar esa posición votando a favor esta vez. A modo de fundamento, recordó que tal es la posición que sostiene desde hace años la Bancada Femenina, ahora Bicameral, porque «no es concebible que sigan muriendo mujeres por prácticas de aborto en condiciones de riesgo».

 

LA OPORTUNIDAD POLITICA

El diputado Álvaro Vega (Movimiento de Participación Popular), que preside la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, opina que es «absurdo» plantear que el proyecto de ley se trate durante el período restante de gobierno, pues «las leyes tienen su oportunidad política» y, aunque dice concordar «completamente con el texto» del mismo, «¿qué sentido tendría tratarla si sabemos que el presidente la vetará y no contamos con los votos para levantar un veto?».

A su juicio, «no es conveniente» accionar al menos hasta el fin del período, tiempo que podrían aprovechar los representantes para abocarse a «negociar con el presidente para que la decisión se tome por la ciudadanía en un referéndum junto a las elecciones nacionales del año 2009″.

En opinión de la diputada Nora Castro, del mismo sector político que Vega, lo que debe discutirse a la interna de la bancada frenteamplista no es el contenido del proyecto, para el cual «aporté, trabajé y elaboré contenidos» y respecto del cual «es conocida mi posición favorable», sino cuál es el momento justo para realizar su votación, en definitiva, la «oportunidad política». Sobre el punto, estima que la bancada oficialista aún no ha elaborado «un acuerdo que es necesario». «Si se planteara que la oportunidad está dada, deberíamos ver en qué lugar y cuándo se ubicaría su tratamiento en el marco de los tantos proyectos que priorizamos como partido de gobierno», afirma Castro.

Sobre su propia posición sobre dicha «oportunidad», vinculada al veto presidencial, la diputada emepepista asegura que es algo que «está abierta a discutir», sin comprometer un pronunciamiento.

 

LA VOLUNTAD  CIUDADANA A MERCED DEL LEGISLATIVO

Para quienes sostienen que el proyecto debe ser discutido de todos modos, el debate no debe centrarse en qué es lo que hará Tabaré Vázquez. En todo caso, opina el diputado Gallo, debe ser después de aprobado el proyecto en Diputados que se tendrá que negociar para asegurar un compromiso del presidente de «permitir que quienes estamos a favor de su aprobación iniciemos un proceso, para que en definitiva sea la ciudadanía la que le de el respaldo en un referéndum», para lo cual «hay que negociar que no vete la ley».

Mientras, las organizaciones de mujeres y sociales nucleadas en la Coordinadora por la Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva mantienen su firme voluntad de movilizarse para que el proyecto de ley se apruebe durante el año en curso.