Guerra civil y franquismo: saldando viejas deudas

Zapatero, cuyo abuelo fue fusilado por el franquismo, impulsó la ley por la que se reconocen derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la larga dictadura franquista, popularmente conocida como Ley de Memoria Histórica. Aprobada el 10 de diciembre de 2007, luego de meses de negociaciones parlamentarias, no conformó a sectores de la sociedad que esperaban que se declararan nulos los juicios del franquismo y se atacara a fondo la impunidad ni, por supuesto, a todos los que no querían reabrir un debate eternamente postergado en el país tras treinta años de recuperación de la democracia.

Más que nada ha sido un golpe simbólico y político a la memoria del franquismo, ya que ordena retirar todos los símbolos de la dictadura de los lugares públicos, eximiendo a la Iglesia Católica de esta obligación (en muchas iglesias españolas todavía se pueden ver placas conmemorativas de los «caídos por Dios y por la patria»). Se condena la violación de los derechos humanos durante la dictadura, pero no se van a investigar los crímenes ni a juzgar a los responsables que todavía estén vivos. En cuanto a la posibilidad de identificar familiares fusilados y enterrados en fosas comunes, el gobierno resolvió no financiar las excavaciones; se comprometió en cambio a elaborar un protocolo de actuación científica, facilitar mapas y proteger las zonas en las cuales ya se comenzó a buscar -.y encontrar- restos humanos.