La España progresista de Rodríguez Zapatero

El período de gobierno que culmina hoy en España ha tenido un inequívoco signo «bienestarista» orientado hacia la construcción de políticas públicas y sociales de gran porte. José Luis Rodríguez Zapatero (47 años), a quien se acostumbra a identificar por su segundo apellido o simplemente como «ZP», comenzó retirando las tropas españolas de Irak -aunque hoy están en Afganistán- e iniciando, dentro de su país, negociaciones de paz con la ETA. También impulsó una nueva regularización de inmigrantes, de gran impacto, (no significa que el tema esté solucionado), la modificación de los estatutos de autonomía, la revisión del «intocable» período franquista y un notorio incremento del salario mínimo nacional, no obstante lo cual la economía está pasando actualmente por un período recesivo.

Sin embargo, donde queremos detenernos, es en su decidido acento en la construcción de políticas de género especialmente sensibles hacia las reivindicaciones feministas de las últimas décadas.

 

«DIVORCIO EXPRES» Y MATRIMONIO GAY

En los primeros dos años de gobierno, dos leyes progresistas caldearon los ánimos de los sectores más conservadores vinculados al poder eclesiástico y al tradicional rival del PSOE, el PP. La ley de divorcio de 1981 fue modificada para agilitar el trámite: a partir del tercer mes de matrimonio -antes si se dan circunstancias de malos tratos o en interés de hijas e hijos-, se puede tramitar el divorcio en poco más de diez días, por mutuo acuerdo o por voluntad de uno de los integrantes. Se suprime la obligatoriedad de alegar causas, porque se entiende que si nadie tiene que justificar la libre decisión de casarse tampoco hay que hacerlo para separarse. Se prevé la custodia compartida de los hijos por mutuo acuerdo o por decisión judicial.

En cuanto al matrimonio y la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, la modificación del Código Civil equiparó a los contrayentes del mismo sexo con el matrimonio heterosexual y sustituyó «marido», «mujer», «padre» y «madre» por «cónyuge» o «progenitor». Una disposición adicional completa la igualdad, indicando que «las disposiciones legales que contengan alguna referencia al matrimonio se entenderán aplicables con independencia del sexo de sus integrantes».

Un sonriente «ZP» afirmó en televisión ese día histórico de 2005 en que España se convertía en el tercer país europeo en aprobar el casamiento gay: «Este es un paso más en el camino de la libertad y la tolerancia. La ley construye un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros». Las reacciones no se hicieron esperar: el Foro de la Familia presentó 600.000 firmas pidiendo la revisión de la ley al Parlamento y las jerarquías católicas, lejos de ver la mayor dignidad humana que traería el nuevo reconocimiento, afirmaron desafiantes: «España es una nación que no quiere aceptar algo que rompe con la tradición de un pueblo cristiano».

 

VIOLENCIA DOMÉSTICA PENALIZADA

Pero si de atender reclamos feministas se trata, una de las leyes más significativas, recién iniciado el mandato «ZP», fue la aprobación el 22 de noviembre de 2004 de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta norma, que también contempla aspectos de prevención y educación, creó una Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (con rango de Secretaría de Estado), un Consejo Consultivo, un Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer radicado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Juzgados de Igualdad y Asuntos Familiares, la figura de Fiscal contra la violencia contra la mujer y programas específicos para maltratadores en prisión.

Los jueces pueden adoptar distintas medidas de protección, según la gravedad de los casos: desde la salida del agresor del domicilio, el alejamiento y la suspensión de las comunicaciones, hasta la privación de la patria potestad y custodia de menores o la suspensión del régimen de visitas. Las penas contra los agresores van por grados: las amenazas leves se sancionan con prisión de seis meses a un año y el juez puede inhabilitar al progenitor para el ejercicio de la patria potestad o la tutela de los hijos hasta cinco años. En caso de lesiones, se agrava la pena de dos a cinco años cuando la víctima sea la esposa o compañera sentimental aunque no haya habido convivencia.

La penalización del maltrato doméstico sólo cuando el agresor es un hombre y la víctima una mujer, fue rechazada por el PP que se opone a las discriminaciones positivas; también hay que decir que los recursos con los que se dotó toda esta batería de medidas han sido insuficientes desde el vamos. A partir de su vigencia y legitimación social como delito, en enero de 2005 las denuncias, como era esperable, no han parado de crecer colapsando, con mucha frecuencia, al sistema judicial. Las últimas cifras disponibles -año 2007- se sitúan en 60.000; las víctimas muertas en 118 -un 22, 9% más que 2006- 99 de las cuales eran mujeres y a 75 las mató su pareja o ex pareja; 60 vivían aún con quien las pasó a cuchillo, las estranguló o les disparó hasta matarlas. Además perdieron la vida 16 menores de edad, 11 niñas y 5 niños, según informa el Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer (www.observatorioviolencia.org)

Desde que hay estadística judicial -año 2002- nunca se había tocado ese techo; todas las tipologías se han incrementado por lo que la ley, a tres años de aprobada, para muchos es demasiado tibia o poco efectiva a la hora de actuar preventivamente.

El 26 de febrero pasado, cuatro mujeres fueron asesinadas en España por sus parejas o ex parejas; al menos dos de ellas habían denunciado previamente a sus asesinos, sobre los que pesaban órdenes de alejamiento.

El líder del PP, Mariano Rajoy, que en su campaña apenas había mencionado al pasar el tema, condenó los hechos al día siguiente y prometió que si accedía al gobierno sería » implacable y absolutamente contundente» en la materia.

«ZP», que en ningún mitin dejó de referirse a la violencia doméstica, lanzó un compromiso: la primera decisión que tomará si vuelve a la Presidencia será convocar a todos los presidentes de las comunidades autónomas de España para establecer una política de Estado, global y concertada, contra ese flagelo. «No puedo estar tranquilo ni conforme hasta que no logremos erradicar esa lacra intolerable que es el machismo criminal, que parte de una concepción indeseable de que las mujeres son inferiores», tronó «ZP». Las autonomías son imprescindibles, porque al haberles sido transferidas competencias en políticas sociales, son las que deben aportar fondos para casas de acogida, programas de inserción laboral y de enseñanza, advirtió el PSOE.

 

PARIDAD: ¿DE VITRINA?

Pero la norma que más polémica ha generado, al punto que el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad recientemente desestimado por el Tribunal Constitucional (TC), es la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (marzo de 2007), calurosamente defendida por todo el elenco de gobierno. La misma establece una paridad de 60 a 40 en la integración de las listas electorales, los órganos estatales y también en las direcciones de las empresas, algo que ha molestado muchísimo en ese sector. Obliga también a las empresas de más de 250 empleados a negociar planes de igualdad y prevé que, en un plazo de ocho años, los consejos de administración de las grandes compañías tengan al menos un 40% de mujeres.

Otras novedades que introduce esta ley es la ampliación del permiso de maternidad para los casos de parto prematuro o cuando el recién nacido deba permanecer hospitalizado a continuación del parto. Además, se reconoce un permiso de paternidad de trece días, que se ampliará de manera progresiva hasta llegar a los 4 meses en el año 2013; bonificaciones a trabajadoras autónomas; exencion
es de aportes a la Seguridad Social y el subsidio de maternidad para las menores de 21 años aunque no hayan cotizado.

«ZP» comenzó su mandato de la mano de una vicepresidenta mujer, María Teresa Fernández de la Vega, jurista de conocida trayectoria feminista -hoy candidata por Valencia- y formando un gabinete ministerial con paridad a rajatabla: 8 ministras y 8 ministros. Sin embargo, al interior de las secretarías de Estado, en las delegaciones de gobierno o en las embajadas las mujeres siguen siendo muy pocas y esto ha sido sabiamente explotado por la oposición que le achaca una «paridad de vitrina» y haber sido cooptado por el colectivo feminista. Zapatero siempre se ha declarado feminista, un «ista» que parece ser hoy más cómodo de llevar que otros.

 

IGUALDAD DE GENERO AL CENTRO DE LA CAMPAÑA

Así las cosas, no es difícil darse cuenta que el electorado femenino es protagonista en estas elecciones y puede definir la contienda, máxime cuando los resultados serán muy ajustados. «ZP» no ha dudado en centrar su campaña electoral en «la lucha por la igualdad de género» y en «la revolución económica» que supone utilizar energías renovables, algo en lo que está embarcada toda la Unión Europea.

Una de las promesas de campaña fue la equiparación salarial: «Se va a acabar que una mujer, por el mismo trabajo que un hombre, cobre un 20% menos; no es aceptable ni asumible». Parece tener muchas aliadas -y aliados- en esa cruzada. En cuanto al reclamo por una revisión de la ley vigente sobre aborto, considerada muy restrictiva, «ZP» ha sido muy cauto y no la incluyó como tema de campaña electoral.