¿una realidad invisible?

La Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad, que lleva varios años funcionando en nuestro país, está integrada por el Ministerio del Interior, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), las Comisiones de Equidad y Género y la dedicada al Seguimiento del Sistema Carcelario, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), entre otros organismos e instituciones.

Se trata de un espacio de articulación que se propone actuar colectivamente en relación un objetivo común: promover y defender los derechos de las mujeres privadas de libertad y mujeres liberadas del sistema penitenciario, tratando de mejorar sus condiciones desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género, proponiendo acciones destinadas a su inclusión social.

«Mujeres privadas de libertad. ¿Una realidad invisible?» fue el tema de la jornada convocada en los primeros días de diciembre del año pasado por dicha mesa de trabajo, que se realizó en el Palacio Legislativo y fue inaugurada por el vicepresidente de la República y presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa; la entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia, doctora Sara Bossio, el subsecretario del Ministerio del Interior, inspector principal ® Ricardo Bernal; la diputada Daniela Payseé, presidenta de las Comisiones de Equidad y Género y la de Seguimiento del Sistema Carcelario, y el director Nacional de cárceles, inspector mayor ® Julián Rodríguez.

El objetivo de la actividad fue aportar visibilidad a la problemática de las mujeres privadas de libertad en el Uruguay, que no siempre está presente cuando se analiza o se menciona el tema carcelario.

La criminóloga Carmen Anthony, invitada especial de la jornada, fue decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta en Chile, formó parte del Instituto de Criminología de la Universidad Nacional de Panamá como investigadora y subdirectora, y ejerció el cargo de directora del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma casa de estudios terciarios.

Además, la abogada ha realizado investigaciones de importantísimo valor en cuanto a la situación de la mujer en los sistemas jurídicos que, como ella afirma, son el principal reflejo de los patrones culturales de una sociedad; «Perspectiva de género en el Proyecto de Modificación del Código Penal Chileno» es la más reciente al respecto.

 

OMITIDAS

En el trabajo presentado en nuestro país -«Mujeres invisibles: las cárceles femeninas en América Latina»- Anthony resalta la falta de estudios que existen sobre la delincuencia femenina en el subcontinente, lo que legitima la ausencia de un tratamiento de las presas que contemple las desigualdades ya establecidas en los roles de género a nivel cultural.

En opinión de la experta, no es justificable en términos profesionales la ausencia de bibliografía sobre las mujeres en la criminología, pues por más que su número de delitos es menor al de los hombres, son parte de la población sometida a sanciones penales y, por tanto, sólo se derivaría de que las investigaciones han estado cargadas de estereotipos sobre la mujer que «solo contribuyeron a distorsionar la realidad».

Por otro lado, las discriminaciones pueden visibilizarse claramente en el tratamiento que las mujeres reciben tanto en la legislación penal como en los centros penitenciarios pues, por lo general, carecen de establecimientos adecuados para la reclusión y la ley se centra en una mirada masculina de la delincuencia.

 

DOBLE ESTIGMA

En Uruguay, el decreto ley 14.470, conocido como «Ley penitenciaria» es el que rige la privación de libertad y en el mismo se alude en escasas ocasiones a las mujeres, casos en que, en su mayoría y según afirma el informe realizado por la Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad a fines de 2006, se hace referencia a la reclusa embarazada, «estableciendo que las únicas necesidades de las privadas de libertad son las que están en función de la maternidad».

Según el informe, la legislación de nuestro país en la materia «se rige bajo un concepto erróneo de la igualdad, que parte de la ideología de que hombres y mujeres son iguales y que por tanto ambos están incluidos en un término genérico reclusos», lo que apoya claramente la hipótesis de Anthony: la falta de una política criminal con perspectiva de género.

Pero la ausencia de una mirada específica sobre la criminalidad femenina, genera además mayor sufrimiento para la mujer en situaciones de privación de libertad, pues constituye una doble estigmatización ya que no sólo se trata de una persona infractora de la ley, que de por sí genera un estigma, sino además de una mujer que no cumple adecuadamente con el rol asignado: ser sumisa, dócil, buena esposa y madre.

 

REPRODUCCION CULTURAL

Por otro lado, el trabajo de Anthony afirma que las características de los establecimientos penitenciarios en América Latina son «sospechosamente similares», entre las que sobresalen los regímenes duros, largas condenas, alto porcentaje de reclusas procesadas sin condena (75% frente al 62% en varones en Uruguay), mal estado de las instalaciones, falta de atención y tratamientos médicos especializados, escasa o nula capacitación laboral. Lo más preocupante es que esos indicadores refuerzan la asignación de roles de género, pues se privilegian actividades que si bien pueden ser recreativas, no generan perspectivas de trabajo para la vida posterior a la privación de libertad, y por tanto alimentan la identidad de la mujer como dependiente, «incapaz de tomar decisiones», etc.

Sobreabundando, las actividades que tienen en general las mujeres presas como «supuesta formación profesional», tienden a desarrollar destrezas típicamente asignadas al rol femenino como coser, cocinar, hacer pequeñas artesanías, aprendizajes que poco fruto pueden darles para su independencia económica o profesional, y que parecen tener como objetivo devolverlas a la sociedad como «verdaderas mujeres», afirma Anthony.

 

DERECHOS SEXUALES

Existe también una fuerte discriminación hacia la población femenina reclusa en cuanto a las «visitas íntimas» o «higiénicas», pues se les asignan mayores exigencias que a los varones en cuanto a la «calidad» del visitante, debiendo ser únicamente su marido o pareja estable, condición que no está presente en las cárceles de hombres.

Carmen Anthony realiza sobre el final del trabajo una serie de recomendaciones tendientes a introducir una perspectiva de género en el sistema penal de los países latinoamericanos, entre las que se destaca en primer lugar la de «poner término al tratamiento diferencial aplicado a hombres y mujeres encarcelados en lo que concierne a la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad y a la concesión de beneficios extra penitenciarios».

La criminalista recomienda «terminar con situaciones específicas de violencia que sufren las mujeres en prisión en la privación o limitación de sus derechos sexuales y reproductivos», así como mejorar la atención médica y la asistencia jurídica para las reclusas.

Exhorta, asimismo, a elaborar «modelos de reinserción social que terminen con los conceptos que legitiman los roles asignados por la división sexual del trabajo», así como a aplicar los tratados y convenciones internacionales, para lo cual debe corregirse de ser necesario, la legislación nacional.

 

ALGUNAS INICIATIVAS

Consultado por La República de las Mujeres, el Alto Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, doctor Alvaro Garcé, reconoció que tomando como referencia el informe elaborado por la Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad en 2006, no ha habido cambios significativos.

No obstante, Garcé destacó algunas iniciativas como la construcción de la Casa de la Mujer
en Florida, una idea de la jefa de Policía del departamento, inspectora Alida Silva, que está en ejecución. También la construcción en la chacra policial de un pabellón para alojar a las mujeres privadas de libertad, las que actualmente se encuentran en una pequeña habitación lindera a la cárcel departamental.

En la misma línea de trabajo, la Jefatura de Policía de Lavalleja proyecta un hogar con características similares al de Florida.