Contra la explotación sexual infantil y adolescente, Uruguay ya tiene un plan

El viernes 7 de diciembre, en el Edificio Libertad, se dio a conocer el primer Plan Nacional para la erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, que culmina la labor realizada durante un año y medio por el Comité formado el 27 de octubre de 2004 y formalmente instalado el 6 de noviembre de 2005, que preside el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) a través del doctor Edgar Manzarini.

Desde el preámbulo realizado por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Enrique Rubio, se destacó la «escasísima visibilidad» que tiene el tema de la explotación de niñas, niños y adolescentes, tanto desde el punto de vista comercial como no comercial, en términos de la invasión al cuerpo y la psiquis de las víctimas. A su vez, se acentuó la importancia que tienen los sistemas de creencias en la habilitación de prácticas de explotación sexual comercial no cuestionando o poniendo en tela de juicio la «demanda de relaciones sexuales pagas por adultos con personas menores de edad, ni el consumo o la distribución de material pornográfico en el que participen niños, niñas y adolescentes».

Esto muestra que se requerirá de un profundo cambio a nivel cultural, pues es el propio sistema de valores el que legitima y naturaliza esa realidad. Para Rubio, los protocolos para su tratamiento tendrán que llegar también a los medios de comunicación, a fin de que tomen conciencia del mensaje que eligen dar.

Se trata de un problema de vital importancia, ya que el abuso sexual comercial implica la «violación simultánea de múltiples derechos humanos en una sola persona», que coloca a la víctima en una situación de suma vulnerabilidad y desamparo ante el resto de la sociedad, advirtió Edgar Marzarini. El presidente del Comité agregó que el tema implica colocar la mirada sobre nuestras niñas, niños y adolescentes, y no sólo estar más atentos a si «lloran más de lo que ríen» sino comenzar a fortalecer su lugar en la sociedad, avalado por Uruguay hace ya varios años con la suscripción de la Convención de Derechos del Niño, ubicándolos como «sujetos de derechos», lo que implica también que el mundo adulto les otorgue credibilidad.

El presidente del INAU, psicólogo Víctor Giorgi, precisó a La República de las Mujeres que las niñas, niños y adolescentes tendrán a partir de este plan una línea telefónica para realizar denuncias de forma anónima acerca de las situaciones de abuso que estén viviendo; en la misma forma también podrán hacerlo los adultos, pero todavía no se anunció el número.

El paso siguiente es fortalecer las garantías que se les darán a niñas y niños de que su denuncia será tomada con toda seriedad. Y no sólo por parte de quienes atiendan la línea telefónica, que seguramente estarán formados para ello, sino por los demás actores de las diversas instituciones a las que deberían recurrir para procesar la denuncia.

 

ASIMETRIAS DE PODER

Un aspecto particularmente grave, en palabras de Marzarini, es que «una adolescencia robada no se puede reponer socialmente». Lo que se debe cambiar es el conjunto de creencias que colaboran para que el niño ocupe un lugar de sometimiento: tendrán que «dejar de verse como ejemplar de carne fresca, para pasar a ser vistos como seres humanos».

Hay que tener en cuenta, además, que la explotación sexual, tanto comercial como no comercial, está vinculada a las asimetrías de poder entre adultos e infantes y adolescentes y nada tiene que ver con lo que a veces se adjudica a ellos como forma de eludir la responsabilidad social: la «precocidad», por ejemplo.

Es muy fácil juzgar a las y los adolescentes, pues su momento de vida los asocia a la trasgresión y también sentir lástima por niñas y niños indefensos pero, ¿cómo se puede argumentar a favor del sometimiento de un niño o adolescente al abuso sexual?, ¿qué puede llevar a la sociedad, a sentir indeferencia ante ese hecho?

Se trata de «profundizar la democracia y dejar de ser cómplices», responde Marzarini ante lo que Giorgi apunta con este plan la sociedad uruguaya «ha empezado a romper el silencio, pues discursos e intenciones se plasman en acciones concretas».

Nuestra cultura ha justificado durante mucho tiempo, asume Giorgi, la «renuncia a la dignidad de las personas», por lo que el problema tiende a naturalizarse y minimizarse, partiendo de la criminalización, fundamentalmente de los niños pobres, en lugar de sancionar y reprender a los adultos que ejercen el abuso.

 

A TRABAJAR

El objetivo general del Plan es «garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes del país el ejercicio pleno de los derechos fundamentales reconocidos» por nuestro país, así como implementar acciones específicas para la erradicación del abuso mediante programas de protección, prevención, atención y restitución de los derechos de las víctimas.

Está previsto difundir el plan en la comunidad y entre la instituciones, realizar campañas de sensibilización a través de medios masivos de comunicación, y en 2008 trabajar intensamente con diversos actores sociales en la elaboración de códigos de conducta frente al problema.

Se coordinará especialmente con el Ministerio de Turismo y organizaciones del sector, pues es sabido que de este ámbito proviene el mayor riesgo en cuanto al abuso sexual comercial. También se formarán operadores a nivel de la educación, el turismo, la policía (que cumple un rol fundamental), el Ministerio de Salud Pública y otros ámbitos que pueden involucrarse directa o indirectamente en la prevención.

El Plan también propone una nueva legislación así como la modificación de la que ya resulta inadecuada ante las realidades; diseñar un protocolo de diagnóstico que incluya una perspectiva interinstitucional e impulsar un Código de Ética de los medios de comunicación para el tratamiento de situaciones de explotación sexual.