trabajador@s sexuales dialogaron con autoridades

Se esperaban alrededor de 80 participantes, incluyendo al equipo del Programa anfitrión, pero resultaron muchos menos. No obstante, el trabajo fue fecundo. A ello contribuyó una lógica atinada, que permitió a las y los protagonistas discutir sus problemas durante gran parte del día para estar en condiciones de exponerlos al final a representantes de los ministerios de Salud Pública (MEP), del Interior (MI) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Las tres organizaciones de trabajadoras y trabajadores sexuales que existen en el país -Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (Amepu), Asociación de Travestis del Uruguay (ATRU) y la más reciente Red Uruguaya de Trabajadores Sexuales Trabajando en Sida (Redutrasextrasida)- estuvieron representadas por Adriana Giménez, Gloria Alvez y Magdalena Carrere, respectivamente. Las acompañaron Elena Reynaga, secretaria general de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe (Redtrasex) y Marcela Romero, coordinadora general responsable de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas Trans (Redlactrans).

En la apertura del encuentro participaron, además de la directora del Programa de ITS/sida del MSP, socióloga María Luz Osimani, el director general de Salud, doctor Jorge Basso.

Un primer taller destinado a la prevención del VIH/sida y otras enfermedades de transmisión sexual ilustró sobre la correcta utilización del condón, tanto masculino como femenino, con los aportes de la doctora Cristina Iglesias y la sexóloga Zobeida Falco. La mesa destinada a analizar los derechos laborales y específicos del trabajo sexual contó con la participación de la doctora Diana González por la Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos del Parlamento. En grupos nucleados en torno a las tres organizaciones nacionales, se puntualizaron los problemas que trabajadoras y trabajadores advierten en su actividad cotidiana, incluyendo recomendaciones y propuestas concretas de solución.

 

EXCESOS E INCONDUCTAS POLICIALES

Entre los problemas detectados destacan los relacionados con la actuación policial en el control del trabajo sexual, que está regulado en la Ley 17.515 de 2002 y su reglamentación, aprobada en 2003. Tanto la primera, de muy largo trámite en el que participaron las organizaciones no gubernamentales involucradas, como el segundo que se aprobó casi de apuro durante el gobierno del doctor Jorge Batlle, no satisfacen plenamente las expectativas de trabajadoras y trabajadores, aunque los mayores problemas derivan del segundo.

Intervenciones más allá de las normas y hasta desafiándolas explícitamente, arbitrarias invasiones de la intimidad que incluyen control de identidad hasta de los clientes, limitaciones a la libre circulación, fueron algunas de las denuncias que se formularon en el encuentro, en presencia del asesor del MI, doctor Miguel Migliónico. Interesado en precisar en qué lugares y circunstancias se verifican estas inconductas, Migliónico dio garantías sobre la voluntad ministerial de trabajar conjuntamente para «dar vuelta esas conductas» , incluyendo la reforma de la reglamentación que hoy sustenta algunas de ellas. También se mostró afín al reclamo de que los controles sobre el trabajo sexual salgan del MI y se concentren en el MSP y el MTSS, estrategia en la que hubo absoluta coincidencia entre las autoridades participantes.

 

SEGURIDAD SOCIAL, UNA PRIORIDAD

En el aspecto propiamente laboral, preocupa el reconocimiento del carácter de trabajador por parte del MTSS, tanto como encontrar una figura que permita cumplir con las obligaciones impositivas y previsionales de acuerdo a la realidad económica de cada quien. Actualmente, ese objetivo se puede alcanzar por la vía de la constitución de una empresa unipersonal, pero su formalización y costo mensual no están al alcance de muchas de las personas que ejercen la prostitución. Con reiteración se reclamaron vías expeditas para asegurar una jubilación digna, sobre la base de aportes personales pero también de los dueños de prostíbulos y otros locales comerciales que se benefician con la actividad. También se pidió una amnistía para aquellas personas que al llegar a los 60 años no cuenten con aportes, la que cuenta con antecedentes en el país y consiste en que el Banco de Previsión Social haga lugar al beneficio y se reembolse los aportes a partir del propio haber jubilatorio.

El doctor Carlos Cabacín, de la Inspección Nacional de Trabajo del MTSS se comprometió a fungir de nexo con quienes corresponda para estudiar estos aspectos.

 

RIESGOS DE SALUD

La salud preocupa a trabajadores sexuales, una población expuesta al riesgo no solo de ITS/sida sino de otros deterioros derivados de las condiciones que se realiza la actividad, que se propuso fuera caracterizada como insalubre. El equipamiento y demás recursos de los centros de salud, la sensibilización y capacitación de profesionales y técnicos, la descentralización de servicios, dotación suficiente y oportuna de condones, absoluta observancia de la confidencialidad, atención más completa y en doble horario, acceso a psicólogos y asistentes sociales fueron, entre otros, los reclamos. María Luz Osimani recordó la preocupación del MSP al advertir que quienes realizan trabajo sexual se están controlando menos, lo que dio lugar a una reunión con los responsables de policlínicas de todo el país en la que se discutió un nuevo protocolo de atención, actualmente a consideración de la cúpula ministerial. También recomendó que las situaciones de atención deficiente o discriminatoria se denuncien, preferentemente a través de las organizaciones para evitar exposiciones individuales, pero cuidando de consignar correctamente la mayor cantidad de datos posibles.

Desde ATRU se escucharon demandas específicas, como el cumplimiento del acuerdo de instalar un centro de atención a transexuales que cuente con las especialidades de urología y endocrinología y la capacitación especial del personal de salud con énfasis en el respeto a la identidad de este colectivo. También la habilitación para acceder a los programas de emergencia social y a las bolsas de trabajo.

Desde todas las organizaciones se planteó la necesidad de que el Instituto Nacional de la Infancia y la Adolescencia del Uruguay (INAU) controle el creciente ejercicio de la prostitución por parte de menores de edad tanto en la calle como en bares, casas de masaje y karaokes. Al respecto, Carlos Cabacín anunció que el MTSS, a través de su cuerpo inspectivo, podría colaborar en esta tarea.

Para seguir trabajando en estos y otros temas emergentes, se fijó una próxima reunión entre organizaciones no gubernamentales y representantes ministeriales para el 26 de febrero de 2008.