78% de los abortos inseguros ocurren en países pobres

La IPPF se fundó hace 54 años, con la impronta definitoria de Margarethe Sanger, quien incluso sufrió cárcel por defender los derechos de las mujeres. Hoy tiene instituciones afiliadas en 151 países. En el nuestro este lugar lo ocupa la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar (AUPF).

El objetivo prioritario de la IPPF es disminuir la necesidad de abortos. «Las mujeres sólo abortan porque tienen embarazos no deseados», y si bien no se puede desterrar el aborto porque los métodos anticonceptivos a veces fallan y hay circunstancias personales de las mujeres y las parejas que pueden hacer cambiar las decisiones originales, su incidencia «se puede disminuir mucho», asegura Carmen Barroso.

Otro de los pilares de la Federación es asegurar el derecho de todas las mujeres que así lo decidan a hacerse un aborto en condiciones seguras. «No sólo en la ley, también en políticas y en la conciencia de las personas», advierte la coordinadora regional, destacando la absoluta compatibilidad de que cada persona viva según su moralidad en un Estado laico. La cuestión es aceptar que la moralidad de las mujeres «es tan válida como la de otros».

Aumentar el acceso a servicios de aborto de calidad es la tercera prioridad de la IPPF. La Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha elaborado protocolos para la realización de abortos seguros, caracteriza los inseguras como aquellos que se realizan sin asistencia de profesionales calificados y en ambientes que no reúnen estándares médicos.

En condiciones seguras, el aborto es una intervención sin riesgos. En condiciones inseguras, tiene riesgos para la vida y la salud de las mujeres, «todas consecuencias no necesarias», enfatiza la especialista. Actualmente, la IPPF está apoyando a ocho países de la región que están en proceso de modificar sus legislaciones para liberalizar el aborto. La publicación que Barroso vino a presentar en Montevideo fue elaborada a petición del gobierno inglés quien, distanciándose de la posición de George W. Bush, apoya actividades para disminuir en el mundo el aborto inseguro.

«Muerte y negación: aborto inseguro y pobreza», aporta cifras ilustrativas de la magnitud del problema del aborto inseguro: ocurren aproximadamente 211 millones de embarazos anuales en el mundo; 87 millones de mujeres se embarazan de manera no intencional, 46 millones de esos embarazos terminan en aborto inducido; 47 millones de ellos acaban en aborto, otros 31 millones en abortos espontáneos o mortinatos. 19 millones de los abortos inducidos se realizan en condiciones inseguras: más del 96% de ellos en países en desarrollo, donde además el aborto es ilegal.

Que el aborto sea delito no libra a las mujeres del estigma de la clandestinidad, pero si tienen recursos económicos se aseguran condiciones sanitarias adecuadas. Las pobres pagan con su vida o su salud.

 

UNA PELEA DE ABSOLUTA JUSTICIA

En el encuentro realizado en la Sala Anacahuita de la Torre de los Profesionales, acompañaron a Barroso la senadora frenteamplista Mónica Xavier, el ex diputado Rafael Sanseviero, Lilián Abracinskas, en representación de Mujer y Salud en Uruguay, la Comisión Nacional de Seguimiento-Mujeres por democracia, equidad y ciudadanía y la Coordinación Nacional de organizaciones por la defensa de la salud reproductiva, y el director de la AUPF, Alberto Carreira.

Xavier reconoció que «el aborto es una práctica extendida en Uruguay a lo largo de toda su historia», y que justamente la falta de abordaje integral de la salud sexual y reproductiva, que incluye servicios de aborto seguro pero también educación sexual y acceso universal a planificación familiar, es lo que fomenta su práctica como método contraceptivo. Pertenecen a la misma fuerza política  el Partido Socialista del Uruguay  y actualmente integran el mismo gobierno, pero del presidente de la República Tabaré Vázquez, a Xavier la distancia es mucha en esta materia. La legisladora insiste en cumplir con el mandato legislativo: discutir y sancionar una ley de salud sexual y reproductiva que habilite el debate público para que los derechos sexuales y reproductivos sean efectivos. «Hay que generar conciencia social con tolerancia y respeto. La laicidad reconoce la diversidad. Esta es una lucha de absoluta justicia, y hay que exigirle a los parlamentarios porque se trata de una pelea ciudadana», compromete Xavier.

Firme en la necesidad de construir un nuevo consenso que legitime lo que desde la recuperación democrática no se logró -pese a que en cada una de las legislaturas hubo un proyecto sobre aborto-, Xavier explicó una vez más la diferencia entre plebiscitar una ley -resultado obligatorio- y realizar un referendum consultivo, que podría habilitarse por ley -ya hay una iniciativa en el Parlamento en tal sentido- pero no pasa de una gran encuesta política, sin efectos vinculantes.

Desde la AUPF, Alberto Carreira puntualiza la diferencia entre gobierno y Estado: el primero es circunstancial; el segundo está obligado a garantizar los derechos de toda la población, y una democracia supone brindar a la ciudadanía las mayores posibilidades de libertad de pensamiento y decisión.

 

CUANDO EL ABORTO ES EL UNICO BIEN POSIBLE

La Coordinación Nacional de Organizaciones por la Defensa de la Salud Reproductiva relanzó este año la campaña que desarrollará intensamente desde 2002 al 2004. En su representación, Lilián Abracinskas también trajo cifras, que dan cuenta del estado de opinión nacional según las últimas compulsas: más del 65% de la ciudadanía aprueba la educación sexual en todos los niveles; 99% el acceso universal a métodos anticonceptivos; más del 58% que las mujeres tengan derecho a decidir sobre su salud reproductiva, ya se trate de embarazarse o de abortar, y que ese derecho sea respetado por los servicios públicos.

Si esto no le gusta a autoridades y otros sectores, «lo que tienen que hacer es garantizar más educación y condiciones para asegurar la responsabilidad de esas decisiones. Decidir por los demás no le hace bien a la democracia ni a la ciudadanía, pero menos que a nadie a las mujeres», propone Abracinskas, recordando que los derechos son inherentes al ser humano; no se dan ni se quitan, se respetan o se atenta contra ellos, y «si no hay políticas que aseguren su pleno ejercicio, se atentan».

Contrario al discurso del aborto como mal en sí mismo, Rafael Sanseviero prefiere centrar la atención en el embarazo no viable, que se mide por la decisión de la mujer de interrumpirlo. En esos casos, «para la mujer el aborto es el único bien posible», afirma quien continúa teniendo un gran protagonismo en este tema, no sólo por haber presentado un proyecto de ley cuando era diputado que es la base de los subsiguientes, sino por su investigación sobre cuánto y cómo se aborta en Uruguay y por su compromiso permanente con la causa.

Para Sanseviero, la tendencia autoritaria de la sociedad se expresa de manera alarmante en materia de aborto.

 

EL DILEMA VIDA O MUERTE

Desde un público donde coincidían, entre otros, activistas nacionales e internacionales y profesionales de la salud, llegó un planteo que refleja inquietudes cotidianas. «¿Cómo se responde a quienes afirman que con la liberalización del aborto lo que se está buscando es consagrar el derecho a matar?».

Para Carmen Barroso en primer lugar hay que pensar en la complejidad de definir cuando empieza un ser humano. En las religiones no hay unanimidad, ni siquiera en la Iglesia Católica, firme opositora al aborto. Para Santo Tomás de Aquino la calidad humana se adquiría recién a los 90 días de embarazo.

Para los cientistas la
vida es un continuo, pero a nadie se le ocurre pensar que cuando una mujer menstrúa y pierde el óvulo, o cuando se pierden espermatozoides en una polución nocturna, se haya matado a nadie.

«Desde cuando hay ser humano depende de la mujer: hay un ser en su cabeza desde que lo desea, lo imagina. Si no lo desea, el embrión sólo es una parte indeseable de su cuerpo», afirma Barroso. También recoge una interpretación que remite al derecho de defensa en caso de invasión entre naciones. Por analogía, podría pensarse que cuando una mujer decide interrumpir un embarazo indeseado está defendiendo su territorio más personal -el propio cuerpo- de un invasor.

Para Abracinskas, cargar las tintas en la muerte cuando se trata de aborto es una forma de vanalizar el conflicto -«ninguna mujer quisiera pasar nunca por un aborto»- y colocar otra vez a las mujeres en el lugar de incapacitadas para tomar decisiones responsables. Advierte también que todo el conflicto entre vida y muerte se carga en el embarazo, y no en otras situaciones como la guerra, donde el derecho a la vida es violentado y el derecho a matar está legitimado.

«Cada uno transita por el dilema vida o muerte como mejor puede. Pero tampoco alcanza con vivir: hay que tener calidad de vida. Y lo mínimo que un niño precisa es que el entorno lo quiera», afirma la representante de la sociedad civil, al tiempo que recuerda que el del aborto «es un tema donde las respuestas serán diferentes según se sea hombre o mujer, porque el proceso sólo transcurre en el cuerpo de las mujeres».