El gobierno tiene un plan

Hay 1.675.470 razones para pensar que nuestro país necesita un Plan Nacional de Igualdad de Derechos y Oportunidades», afirmó Carmen Beramendi en referencia al 52% de la población uruguaya discriminada por el sólo hecho de ser mujer.

Datos estadísticos actualizados al 2004 y presentados recientemente en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sustentan su afirmación: la uruguayas constituyen el 46% de la población activa del país urbano, pero persiste la segregación laboral y la discriminación salarial. Entre el personal directivo, las mujeres reciben una remuneración media por hora 42% inferior a la de los hombres por la misma tarea. Esta brecha se mantiene entre las empleadas de oficina (23% menos), las profesionales y técnicas (19% menos) y las vendedoras y trabajadoras manuales (11% menos).

Las mujeres ocupan apenas el 11.1% de las bancas parlamentarias, a pesar de su mayor nivel educativo. Una mujer muere cada nueve días víctima de violencia doméstica. El trabajo remunerado no las exime de las responsabilidades domésticas, y la doble jornada es un obstáculo para la equidad.

Son las más pobres entre las pobres: más del 40% de los niños que atiende el Plan de Emergencia Nacional son niñas; más del 60% de los jefes de hogar son jefas; 80% de las personas que participan en el programa Rutas de Salida son mujeres.

«Diversidad y desigualdad no son sinónimos. El problema no es la diferencia, sino la carga valorativa que tiene la misma», ilustra Beramendi, explicando que el plan es una hoja de ruta donde el Estado reconoce desigualdades, identifica problemas y define estrategias. Ya está en el Parlamento el proyecto de ley que establece sus contenidos, sistematizados en tres ejes: garantizar el respeto y vigilancia de los derechos humanos de las mujeres; promover la ciudadanía plena, garantizando el ejercicio igualitario de los derechos; promover cambios culturales que permitan compartir en condiciones de igualdad el trabajo productivo y las relaciones familiares.

La construcción del plan supone un amplio proceso participativo que involucra al gobierno y la sociedad civil, y muy particularmente a organizaciones de mujeres y feministas, a lo largo y ancho del país. Culminará con un cabildo en Tacuarembó.

 

EL GABINETE INFORMA

Excepto los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Mujica, y de Vivienda, Mariano Arana, y de la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, todos los integrantes del gabinete, por sí, representados por sus subsecretarios y hasta por informe escrito, se advinieron a rendir cuentas de los avances en los compromisos asumidos el 8 de marzo del año pasado. En general, tienen comienzo de ejecución aunque todavía no puedan medirse sus impactos.

Eduardo Bonomi, ministro de Trabajo y Seguridad Social, se lució con el anuncio del reciente acuerdo, en la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades, sobre el contenido de un proyecto de ley de trabajo doméstico que será enviado en breve al Parlamento. La ministra de Salud, María Julia Muñoz, dio cuenta del reciente levantamiento de la prohibición de ingreso de mujeres embarazadas al régimen de las Comisiones de Apoyo, fundándolo en que su cartera «defiende la vida desde la concepción hasta la muerte». Respecto a la incorporación en la historia clínica de las usuarias de las preguntas para detectar violencia doméstica, reconoció atraso al igual que en la capacitación del funcionariado. Jorge Brovetto, ministro de Educación y Cultura, se congratuló de que a iniciativa de su cartera el nuevo presupuesto contemple la licencia por paternidad de los funcionarios públicos. También aseguró que en el debate abierto sobre reforma educativa que se lanzará este año estará presente el género. Desde Turismo, Héctor Lescano reseñó medidas que están abriendo las puertas del turismo social y del deporte a las mujeres de diversas edades. Actuando como ministro interino de Industria, el subsecretario Martín Ponce de León adelantó una meta para 2006: que en el 50% de los cursos de capacitación que se dicten esté presente el tema género, además de priorizar el asesoramiento a empresarias. El ministro de Economía, Danilo Astori, dio cuenta del estado de la investigación sobre Seguridad Social y Género que se está llevando a cabo en su área, y Belela Herrera, subsecretaria de Relaciones Exteriores, de las tareas de seguimiento del cumplimiento de compromisos internacionales del país que se canaliza por el Grupo Ad Hoc para cuestiones de género. El ministro del Interior, José Díaz, confirmó la remoción de normas presupuestales que discriminaban a las mujeres policías, aportó datos sobre avances en la capacitación de funcionarios, y la asunción de compromisos que incluyen, entre otros, la erradicación del acoso sexual y moral y ascensos según capacidades.

El ministro de Transporte, Víctor Rossi, envió su informe por escrito, centrado en la campaña de buen trato en el transporte público, que este año se apoyará en elementos audiovisuales.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, Marina Arismendi, que se consideró muy bien representada por lo informado por Carmen Beramendi, reclamó una ley de acoso sexual en los lugares de trabajo.