Desafíos del progresismo

La equidad de género en el Estado no es solo indicativa de la calidad de la democracia: es indispensable para el avance de todas las mujeres en todos los aspectos de la vida.

La configuración del gabinete de la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, demuestra que depende de la voluntad del gobierno. Sus designaciones fueron equitativas pero también sin «meritocracias partidarias». Si gobernar es el arte de hacer las cosas bien, se precisan los mejores hombres y mujeres para ello, independientemente de los premios a la militancia. Un hecho que desde el vamos distancia la de Bachelet de otras conductas progresistas.

En Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, hay avances en medidas afirmativas de equidad para los cargos públicos. En las últimas décadas, algunos de esos países ya incorporaron la cuota (de 30% para mujeres o no más del 70% para un mismo sexo). Uruguay pasó a ser uno de los más atrasados, tanto en general como particularmente en participación política.

Siendo esas medidas afirmativas eficaces para combatir la discriminación por género, tampoco reflejan a cabalidad la equidad que debe regir, no solo en los lugares de decisión política sino en todos los aspectos de la vida, es decir: la igualdad o paridad.

Cuando un partido progresista llega al gobierno, el tema de la equidad entre mujeres y hombres es la prueba de fuego (junto con los derechos sexuales y reproductivos) de su verdadero progresismo. Otro es el de los derechos humanos y su visión amplia o restringida.

El combate a la discriminación  en todo y en particular para adentro y en la política  debería haberse concretado antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se avecina. Y no solo con cuotas, sino con real paridad. El 50/50 (a pesar de que hay mas mujeres que hombres) es una necesidad si se quiere avanzar no solo en la adaptación de la anticuada legislación uruguaya a la segunda modernidad, sino en la demostración de voluntad política para reflejar efectivamente la realidad. ¿De qué sirve ratificar todos los convenios internacionales si luego no se aplican?

El sistema electoral debe modificarse, con las mayorías requeridas. Ahí también se jugarán el prestigio los partidos que gobernaron anteriormente, y que son responsables de un precioso tiempo perdido en la sustentación de un desarrollo sostenible, que no es posible sin equidad entre mujeres y hombres. Ignorar, minimizar o poner trabas a la democracia equitativa ha dejado al país en una posición obsoleta y ridícula.

El tema de la concepción de los derechos humanos no es menor. En «As tensoes da modernidade», una exposición realizada en el Foro Social Mundial, el profesor Boaventura de Sousa Santos afirma que observa con perplejidad la forma como los derechos humanos se han transformado en la política progresista. «La izquierda consideró los derechos humanos como parte integrante de la política de la Guerra Fría. Tuvo dobles criterios en la evaluación de los derechos humanos, complacencia con dictadores amigos, defensa del sacrificio de los derechos humanos en nombre de los objetivos del desarrollo. Fuera en los países centrales como en todo el mundo en desarrollo, las fuerzas progresistas prefirieron el lenguaje de la revolución y el socialismo para formular una política emancipatoria. Mientras, no obstante la crisis aparentemente irreversible de esos proyectos de emancipación, esas mismas fuerzas progresistas recurren hoy a los derechos humanos para reinventar el lenguaje de la emancipación». Es  dice Boaventura, un hombre de izquierda  como si los derechos humanos fueran invocados para llenar el vacío dejado por el socialismo. ¿Podrán  se pregunta  llenar ese vacío? Su respuesta es un sí «muito condicional».

Algunos gobiernos progresistas tienen un concepto muy limitado de los Derechos Humanos. Sólo se ocupan de ellos si las violaciones fueron cometidos por otros, en especial por dictaduras de derechas. Pero olvidan las violaciones cotidianas de los derechos humanos, en especial los de las mujeres y las niñas y niños, perpetrados no sólo por particulares dentro de un Estado que debe garantizar la vida, integridad, igualdad y derecho a una vida libre de violencia a todos los humanos y humanas, sino cometidos o tolerados por el propio Estado supuestamente democrático o más aun supuestamente progresista. Un ejemplo es la violencia institucional que se da no solo en las prisiones, sino en la aplicación por el poder competente de las propias leyes impregnadas con la perspectiva de género; en los hospitales, las escuelas. En la violencia tanto en la calle como en la familia contra mujeres, niñas y niños, víctimas asimismo de prostitución, pornografía y tráfico de personas; en el aborto en condiciones inseguras.

Modificar todo esto, ampliar el concepto de Derechos Humanos, transformar la ley electoral para que exista verdadera paridad en el plano político (y avanzar en la verdadera paridad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida), es una espada de Damocles para el partido de gobierno y una materia pendiente para los representantes de los anteriores gobiernos, que nada han hecho al respecto y que ahora pueden al menos lavar aquella imagen conservadora y anticuada, levantando una mano «modernosa» desde la oposición. Ahora es casi gratis, no tienen muchos cargos a perder, ni siquiera en los próximos años a mi entender. Y siempre pueden acusar a quien debe llevar la delantera, que es el partido de gobierno, de los pecados cometidos por ellos, que así es la política.¿Quién sabe?: quizá hasta algunos se conviertan en «campeones de la equidad»…

El 8 de marzo de 2007 podríamos saber realmente cuán progresista es este partido de gobierno en materia de reconocimiento de los derechos de mujeres, de la equidad y justicia de género, de la integralidad y universalidad de los derechos humanos y del respeto por la diversidad.

 

(*) Directora de Gepeq (Consultora en género para políticas de equidad).