La salud reproductiva entre votos y vetos

En 2004 el Senado rechazó el proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, que había sido aprobado en Diputados en diciembre de 2002. Aunque el tema estuvo ausente del debate parlamentario durante 2005, ese año no puede considerarse en blanco para la causa.

«Fue impresionante la cantidad de actividades a nivel de base, comunitario, de iglesias como la Metodista y la Valdense, entre otras. Esta reivindicación ya no hay que promoverla, surge de mucha gente. Va a ser interesante ver durante el Mes de la Mujer como lo expresan las mujeres de los barrios, del interior del país, rurales», evalúa Lilián Abracinskas, coordinadora ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguimiento-Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía (CNS).

El pasado 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres, el aborto inseguro fue denunciado como una violencia de Estado. Antes, el presidente Tabaré Vázquez anunció su voluntad de vetar todo pronunciamiento legislativo a favor de la liberalización del aborto.

 

UN NUEVO CONSENSO

La senadora frenteamplista Mónica Xavier estima que «Durante el 2005, con la instalación del nuevo gobierno, elecciones municipales en el primer semestre, debate presupuestal en el segundo, casi seguro este tema iba a quedar invisibilizado por los otros. Y el Parlamento debe generar la mayor difusión y resonancia en temas que como éste nos afectan en nuestras vidas, y nos comprometen a encontrar un nuevo consenso en esta sociedad. Tenemos casi 70 años de una ley que caracterizamos como injusta, discriminadora e ineficaz, dada la realidad que vivimos. Creemos que la experiencia acumulada en la legislatura pasada ha dejado instalado el tema en el debate ciudadano y en la agenda política, y nos da un nivel de involucramiento de la sociedad».

La legisladora está convencida de que en el 2006 hay que reintroducir en el debate parlamentario la defensa de la salud reproductiva, y no porque no existan otras reformas importantes para tratar: la de la salud y la de la educación son dos de ellas.

Abracinskas advierte que «no está claro cuál va a ser el lugar de la salud sexual y reproductiva en la reforma de salud que se está gestando». Para Xavier: «Hay que tener claro que aspectos concretos de los derechos y de su ejercicio, mediante accesibilidad y calidad de atención, también pasan por incorporar la salud sexual y la salud reproductiva, viendo la integralidad de lo que significa para la persona el concepto de vida saludable».

En materia educativa, la senadora opina que «Hay que ver los puntos de intersección en lo que significa para el crecimiento y desarrollo de niñas y niños a lo largo de su vida, la incorporación de valores de autoestima, de respeto al otro, de tolerancia por el diferente, y tener en cuenta que en determinado momento van a enfrentarse a una sexualidad que tiene que ser libre de prejuicios, de tabúes, dotada de información veraz y calificada que los haga seres responsables para enfrentar esa sexualidad y eventualmente la reproducción. Son instancias que debemos aprovechar para después no lamentar que se recurra de manera importante al aborto cuando en la historia previa no ha habido una consejería ni accesibilidad adecuada a los métodos de anticoncepción».

Por ahora, la agenda parlamentaria de la bancada oficialista no está terminada de definir, pero Xavier se anima a afirmar que «si no es decisión unánime de la bancada, un proyecto sobre Salud Reproductiva va a ser planteado por todos aquellos legisladores y legisladoras que adquirimos un compromiso en el debate de la legislatura anterior».

 

CON PAUSA Y SIN PRISA

Las mujeres organizadas evalúan que las señales del gobierno para mejorar la situación durante la postergación del debate parlamentario no fueron claras. «Seguimos teniendo normativas ministeriales como las de anticoncepción y las de atención pre y post aborto que todavía no se están difundiendo ni implementando como debería ser», apunta Abracinskas. Efectivamente, fuera del Centro Hospitalario Pereira Rossell las últimas no tienen expresión, cuando su aprobación por decreto ministerial supone la obligatoriedad de su aplicación por los efectores públicos y privados de salud de todo el país. La distribución gratuita de anticonceptivos corresponde desde fecha reciente a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), organismo desconcentrado del Ministerio de Salud Pública, y se realiza vía farmacias y stock de medicamentos de esa cartera. Pero no está acompañada de una campaña de promoción y prevención que haga saber a la población los derechos que tiene y los servicios en los que puede hacerlos efectivos.

Según Xavier se trata de «dificultades en la implementación de un cambio de modelo que pasa por la conformación del primer nivel de atención donde está incorporada la salud sexual y reproductiva». Reconoce que es esencial definir una línea de trabajo con equipos multidisciplinarios capaces de registrar las demandas y ser factor de educación de la población, dimensionada a nivel nacional con descentralización.

 

MEJORAR SI, RETROCEDER NO

Para reinstalar el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos en la agenda legislativa habría que presentar un nuevo proyecto de ley. «Como movimiento social no vamos a retroceder respecto de los contenidos del proyecto anterior, porque creemos que aborda la problemática desde todos los aspectos», asegura Abracinskas desde la CNS.

«Todos los que estamos contestes en este tema pensamos que hay que mantener ese grado de integralidad que la ley tenía», coincide Xavier. No obstante, puntualiza la necesidad de algunos cambios fundados en adelantos científico-tecnológicos, como la existencia de procedimientos químicos para la interrupción del embarazo, «que le quitan un poco el morbo que muchos han colocado en esa ley». La legisladora admite que incluso podría autorizarse el uso del Misoprostol, que actualmente forma parte del paquete informativo de la consulta pre aborto pero al que luego no pueden acceder las mujeres sino en el circuito clandestino, porque los médicos tienen prohibido recetarlo para interrumpir un embarazo. «¿Por qué razón no dar un tratamiento bien informado y suministrado adecuadamente en la relación médico-usuaria, siendo que se usa muchas veces mal y recurriendo a circuitos clandestinos, o no se accede por razones económicas?», cuestiona la legisladora.

«En materia médica las cosas avanzan muchísimo  recuerda Xavier-.Por ejemplo, se han desfasado los tiempos en que se pueden detectar nuevas patologías del feto incompatibles con la vida y los aceptados para ‘interrumpir’ ese embarazo. Tenemos tristísimos ejemplos de mujeres a las que les han dado un diagnóstico de incompatibilidad cuando el embarazo estaba muy avanzado y no han podido interrumpirlo justamente porque el diagnóstico fue tardío en relación a lo considerado aceptable para hacerlo. Acá también tenemos un problema de accesibilidad a la información y de consulta. Hay debate en varios países, sobre todo europeos, sobre si a la interrupción voluntaria del embarazo debe dársele un período mayor de amplitud para que no se produzcan estas situaciones donde hay dos alternativas: o se utilizan los caminos no legales o se transcurre por experiencias vitales muy dolorosas que muchas veces inhiben la posibilidad de enfrentar una maternidad con seguridad».

Agrega que asimismo en un nuevo proyecto se podría «desarrollar con mayor precisión el área de la prevención, y devolverle lo que originalmente el proyecto tuvo: una dimensión que iba más allá de lo reproductivo e involucraba lo sexual tambi