El Parlamento observa

A partir de la experiencia de recibir en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados o en sus propios despachos, a personas angustiadas por respuestas que vulneran los derechos de las víctimas recibidas de ámbitos jurisdiccionales que atienden sus denuncias de violencia doméstica y abuso sexual, la Bancada Femenina Bicameral decidió, el pasado 25 de noviembre, la creación de un Observatorio de la aplicación de la Ley 17.514, de prevención de la violencia doméstica, y normas concordantes de derechos humanos. Su efectiva instalación fue anunciada el 16 de febrero con la presencia de legisladoras, operadoras sociales en la materia y representantes de la prensa.

Su tarea es velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país al ratificar las convenciones de Belem Do Pará, de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

 

ANALISIS SISTEMATICO

Los casos, siempre judicializados y a partir del año de inicio de las actuaciones, se recibirán en la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos, que hasta la fecha preside la diputada nacionalista Beatriz Argimón, a quien este año sustituirá su par frenteamplista Daniela Payseé. Deberán ser presentados por profesionales u operadores sociales intervinientes (abogados, médicos, psicólogos, docentes, educadores, etcétera) munidos del consentimiento de la víctima o, en su caso, el de sus representantes.

La documentación incluirá copia de las actuaciones administrativas y judiciales, con reserva de los datos identificatorios de las víctimas, y un resumen de los hechos elaborados según una pauta general que contempla cuatro aspectos básicos: duración de la intervención institucional, participación e incidencia de la víctima, de otros actores (defensores, jueces, fiscales, técnicos, familia), y restitución de derechos (medidas de protección, tratamientos, etcétera).

El Observatorio no dará respuestas a situaciones individuales, sino que a partir del análisis de los casos identificará y sistematizará fortalezas, obs-
táculos y vacíos en la actuación del Estado, y evaluará el sistema de protección, las prácticas institucionales y la calidad de la aplicación del marco jurídico vigente, para elevar las conclusiones, observaciones y/o denuncias que correspondan a las autoridades competentes.

Como herramienta, contribuirá a llevar a la práctica el compromiso consecuente de las legisladoras de no agotar su actuación en la aprobación de leyes, acompañando las alternativas de su aplicación para garantizar que sea la correcta.

 

INVESTIGACION DE LA SCJ

En varias oportunidades, la Comisión de Derechos Humanos recibió a madres de hijos abusados sexualmente por sus padres biológicos y a profesionales que las asisten, quienes expusieron las dificultades, trabas, destratos, obstáculos y vulneraciones de derechos humanos a las que se enfrentan en el trancurso de los procesos judiciales. Los hechos fueron comunicados personalmente por las legisladoras, con documentación probatoria incluida, a la Suprema Corte de Justicia. Esta resolvió iniciar una investigación administrativa, que encargó al ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, doctor Ricardo Pérez Manrique. Incluye a jueces y juezas de Familia de Ciudad de la Costa y de Montevideo, y aún está en curso, amparadas las actuaciones por el correspondiente secreto.