Repolitizar la maternidad

FANY PUYESKY (*)

DEL AGORA A LAS INSTITUCIONES MODERNAS

Desde la polis, la esfera pública es aquella donde se pacta entre iguales (hombres no esclavos, poseedores de bienes inmuebles), se negocia entre personas con reconocimiento y autonomía, los pactos se respetan y se defienden con solidaridades recíprocas. Está legitimada por los reconocimientos o elecciones «democráticas» de los que en ella actúan, y en quienes reside el poder económico, los honores, los contratos, etc.

A la vuelta del ágora los hombres tenían asegurada la satisfacción de sus necesidades básicas y domésticas (comida, ropa, limpieza, servicios sexuales, cuidado) proporcionados por la esfera privada gratuita.

Como las mujeres votaron milenios después, no solo no eran elegidas sino que tampoco elegían a los hombres ciudadanos que, supuestamente, representaban el universo masculino-femenino y hacían las leyes que regulaban todos los aspectos de la vida familiar y el cuerpo de las mujeres, los esclavos, los niños, los pobres, las herencias, los bienes, el dinero, el poder y el acceso a ellos, privando a unas en favor de otros.

En la esfera privada rige un poder basado en la jerarquía sexual (masculina) atribuido por la religión primero y luego por las leyes. Un poder familiar antidemocrático, basado en la supuesta superioridad de un sexo sobre el otro o de un género sobre los demás, que no surge de ningún lado y solo puede imponerse por la fuerza; que permea no solo la familia: actualmente también la empresa privada, la escuela, la academia, la ciencia, las instituciones.

Sin olvidar la omnipresente Iglesia Católica y otras religiones patriarcales masculinas, como la judía y la musulmana, creadoras del patriarcado religioso y fundadoras y seguidoras férreas del patriarcado social.

Estos «poderes» antidemocráticos, autoritarios, androcéntricos y basados en supuestas de inferioridades políticas, biológicas, morales, sexuales, genéricas que se unen con las otras de edad, de poder económico, de identidades sexuales, étnicas, religiosas, de color, y/o raza, institucionalizan la figura del pater familiae en las leyes y lo continúan en el resto de la institucionalidad.

El racionalismo prefirió mantener intacto el «orden divino» y sustituirlo por un «contrato social» (Rousseau) entre supuestos iguales, donde quedaban nuevamente excluidas las mujeres. Con el «contrato social» se instaura un «contrato sexual» que, como advierte Carol Pateman, siempre supedita a la mujer al hombre. Se generan en masculino las nuevas instituciones racionalistas, cayendo la Egalite en la Revolución Francesa, simbolizada en la figura de Olimpia de Gouges, mandada guillotinar por pretender la equidad entre mujeres y hombres.

Hoy la reproducción se concibe como hecho social, materia de derechos sociales y políticos, y como una opción personal. Los debates sobre las institucionalidades y su construcción -que revelan las relaciones asimétricas de género- se vienen dando con fuerza desde que el pensamiento feminista colocó el tema en la agenda pública.

 

AUTODETERMINACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Al regular la reproducción, la maternidad, los derechos sexuales y reproductivos, negándolos como poder que emana del cuerpo, se restringen las ciudadanías.

La regulación del cuerpo no es casual. El cuerpo es el contenido de los derechos; de él emana un autopoder superior que no se rige por hombres, maridos, padres, médicos ni instituciones. El cuerpo tiene derecho a su autodeterminación, así como los pueblos lo tienen. No se le puede negar a la persona humana lo que se pregona para los pueblos como colectivo. El cuerpo tiene derecho a tener derechos (Hanna Arendt) y a que esos derechos no se vulneren por los atributos biológicos o identidades sexuales ni por el propio Estado, que debe velar por la autonomía de sus ciudadanos y ciudadanas. En la subjetividad emancipatoria, la privacidad pasa a ser el atributo esencial de lo privado, y ella se define por el derecho inalienable de la persona a su autodeterminación.

En América Latina estos debates se combinan con ciudadanías frágiles o incompletas, la persistencia de patrones culturales y de sociabilidad autoritarios, jerárquicos, conservadores y discriminatorios, muy difundidos por el tejido social y que tornan realmente muy difícil el desarrollo de una cultura realmente democrática en las relaciones de la vida cotidiana (Line Bareiro).

 

TABARE VAZQUEZ Y EL ABORTO

Ejemplo de la confusión entre marcos de conocimiento y legitimidad es la posición del presidente de la República Oriental del Uruguay, el médico Tabaré Vázquez, y sus declaraciones sobre la despenalización del aborto.

Como presidente, él tiene el poder legítimo (que le otorga el marco jurídico y las elecciones democráticas) de vetar la ley de despenalización del aborto, así como toda otra ley, pero después que el Parlamento la apruebe y asumiendo los costos políticos de su acción. Lo que no puede (ni debe) es anunciar que va a hacerlo sustentado en razones de orden natural o biológicas, por sostener las cuales no fue votado. Eso constituyó una nada sutil presión, que causó efecto político sobre el Poder Legislativo.

El presidente, en ejercicio de la función pública, no puede traspasar marcos de esferas diferentes, sean familiares o jerárquicos. Y mucho menos traspasar marcos religiosos, de orden «moral» de la doctrina cristiana, fundada en «ordenes divinas», dentro de las fronteras de nuestro Estado laico.

Tampoco fue oportuno el momento en que hizo esos anuncios: saliendo de la representación de un Estado religioso -constituido solamente por hombres-, con el que nuestro laico país mantiene una separación secular que resultó vulnerada.

Esto es una contradicción en la nueva concepción de una democracia genérica, de la que tan lejos seguiremos estando mientras persistan las asimetrías.

 

(*) Abogada. Directora de la Consultora en Género para Políticas de Equidad (Gepeq).