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Así se violan los derechos humanos de las uruguayas

Así se violan los derechos humanos de las uruguayas

Casos de violación a los derechos humanos de las mujeres ocurridos en nuestro país, que no son excepcionales pero sí paradigmáticos, que tienen en común haber transcurrido en sus cuerpos, fueron presentados en el primer Tribunal de los Derechos de las Uruguayas, que sesionó el pasado 6 de diciembre en el Palacio Legislativo. Abogadas y abogados expertos en derechos humanos escucharon, deliberaron y formularon en vivo recomendaciones que, a grandes rasgos, desnudan las carencias de capacitación de los actores jurídicos y la resistencia a aplicar la normativa nacional e internacional que rige en la materia.

Escrito por: ALICIA, VICTIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA

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Tenía 20 años cuando conoció a Eduardo de 35. Vivieron juntos poco más de un año, durante el cual Alicia intentó dejarlo varias veces. El reaccionaba con más violencia. Antes de lograr irse de la casa, lo denunció dos veces, en Canelones y en Montevideo, pero no se tomó ninguna medida.

El arreció su acoso y hostigamiento hacia ella y su familia. La seguía, la amenazaba, la vigilaba. Alicia presentó una tercera denuncia penal. El juez dispuso la libertad del denunciado, fijando una audiencia para un mes después y sin remitir los antecedentes a la justicia de Familia. Veinte días más tarde, Eduardo aborda a Alicia y la amenza con matarla y suicidarse. Lo denuncia nuevamente, esta vez ante la Comisaría de la Mujer y acude en busca de asesoramiento a la Casa de la Mujer de la Unión. Por nuevas amenazas de llenarle “de balas la cabeza”, y ya con apoyo de una abogada, amplía la denuncia y alerta sobre la gravedad de la situación. Otro juez dispone vigilancia domiciliaria, que se retira al día siguiente por falta de “novedades” y porque los efectivos hacían falta para otro procedimiento. La policía sigue buscando a Eduardo sin éxito. Pero dos días antes de la audiencia esperada, es él quien encuentra a Alicia en la parada del ómnibus y dispara dos balas que impactan en el cuerpo de su madre, que la acompañaba e intentó protegerla. La madre muere y Alicia intenta escapar seguida por Eduardo, que dispara una tercera bala con la que le perfora los intestinos. Luego se suicida.

Previa colostomía, Alicia se recuperó y retomó sus estudios universitarios. Junto con su abuela cuida a su hermano de 5 años, a quien Eduardo dejó huérfano de madre. Alicia prefirió no iniciar acciones legales de ningún tipo.

 

MARIANA MURIO POR DESAMPARO E IGNORANCIA

Integrante de una familia numerosa y muy pobre, con primaria completa y secundaria incompleta, viviendo en una pequeña ciudad del interior del país, Mariana tenía 16 años y un bebé de 6 meses, sin padre que se hiciera cargo. Sin novio, con un retraso menstrual, mucho miedo y una pastilla de veneno para tucu-tucu que no se atrevió usar cuando se enteró de su anterior embarazo, decidió colocársela en la vagina.

Una hora después era recibida en el hospital del pueblo con fuertes dolores en el vientre, diarrea abundante mal olor y vómitos imparables. La médica de guardia trató de averiguar qué contenía la pastilla. El veterinario que vendió el veneno había emigrado; los otros profesionales daban pistas que no servían. Mientras iba perdiendo el pulso y la presión, la médica seguía indagando desesperadamente. Cuando llegó desde Toxicología de Montevideo la información buscada, ya se había reservado cama en el CTI más próximo, adonde se trasladó a Mariana, algo más estabilizada.

Allí hizo un paro cardíaco. Profesionales especializados procuraron reanimarla sin éxito. La autopsia reveló que murió por los efectos directos del veneno, pero también que Mariana no estaba embarazada. Hoy su bebé tiene 3 años y es criado por su bisabuela, ya que la abuela también murió.

 

ANNABELA NO PUDO SER NIÑA NI MAMA

Vivía con su madre y su padrastro, pero la pobreza la obligaba a almorzar diariamente en casa de su tía, cuyo marido comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 7 u 8 años de edad. A los 10 u 11, él comienza a penetrarla y a los 12 queda embarazada.

A su madre le cuenta que fue violada en el camino de la casa a la escuela; el padrastro la rechaza. Para interrumpir el embarazo, se golpea todos los días el vientre. Atendida y apoyada en la policlínica de la zona, habla del abuso pero no denuncia al perpetrador. Se sospecha del padrastro.

Desalojada la familia cuando la gestación está a término, Annabela pide internación en el INAU, donde plantea que no desea al hijo y comienzan los trámites para darlo en adopción.

Recién cuenta quien es el padre del bebé cuando, luego de nacido, con cinco días de convivencia y muchas dudas que no impiden la entrega del niño, es derivada a un hogar de adolescentes. Pide insistentemente hablar con los técnicos del INAU que la acompañaron y con quienes entregaron al niño en adopción. Le informan que tiene que esperar un año. Se fuga, y reclama ayuda de su madre y padrastro.

Annabela lleva una hoja de ruta, y cumplido el año otra vez pide ser internada en el INAU y que la ayuden a recuperar a su hijo, para verlo, para decirle que lo quiso mucho aunque no pudiera conservarlo.

Es derivada a IACI, que inicia acciones en la justicia penal, donde se solicita examen de ADN del niño y su progenitor para acreditar la violación, y en la de familia para que se ordene al INAU revelar el paradero del niño.

El juez penal cita a Annabela y la interroga en forma inapropiada; también a su tío pero no ordena el examen de ADN. El fiscal de familia dictamina que la partida de nacimiento tiene vicios formales y no habilita acciones; el INAU no da los datos y el juez archiva las actuaciones. El tío, que vive puerta por medio, comienza a amenazar a la familia.

Cuando sucedieron los hechos, la ley no habilitaba a adolescentes a reconocer a sus hijos; hoy sí lo permite. Las profesionales que la apoyan todavía tienen esperanzas de que Annabela recupere fuerzas para seguir adelante.

 

ESTELLA, MARISA, IGNACIO: ACOSO MORAL EN EL TRABAJO

Diariamente, al cabo de la jornada laboral, trabajadoras y trabajadores eran revisados por personal de la empresa o policiales para detectar si pretendían llevarse dinero u otros valores. Les obligaban a desnudarse en presencia de personal armado de su mismo sexo. Esto es lo que la empresa denominaba “revisación normal”. Si verificaba faltante de efectivo se profundizaba con tacto vaginal a las mujeres (incluso con un mismo guante a más de una), saltos de rana y mano entre las nalgas a los varones.

Por tratarse de empresas financieras, fue la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) quien denunció los hechos ante la Inspección Nacional del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y en Sede Penal. Gracias a que se trata de un sindicato fuerte, que obtuvo mucha repercusión pública para los hechos, la primera sancionó a la empresa, y la segunda procesó a su jefe de seguridad y a una mujer policía.

No sólo formaba parte de la cultura empresarial la práctica violatoria de la intimidad y dignidad de las y los trabajadores: hasta estos, poco conscientes de sus derechos, la consideraban “normal”. AEBU denunció también que se usó contra empleados que promovían la creación de un sindicato.

 

LETICIA, RECHAZADA POR EL COLOR DE SU PIEL

Con título expedido por la Universidad del Trabajo, Leticia se presentó a un llamado a aspirantes al cargo de secretaria, ofrecido por una agencia de selección de personal. Fue elegida, pero el mismo día que se presentó a trabajar la oficina de personal de la empresa le informó que prescindían de sus servicios. No deseaban empleados afrodescendientes.

A partir de entonces, la agencia comenzó a solicitar foto reciente de los aspirantes.

 

POR FALTA DE NORMAS NO ES

Violencia doméstica, falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, abuso sexual, acoso moral en el trabajo, discriminación racial: violaciones todas de derechos humanos, de derechos fundamentales.

Javier Miranda, defensor de derechos humanos; Alberto Pérez Pérez, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la República; Edith Wieder, presidenta del Colegio de Abogados del Uruguay y la diputada Beatriz Argimón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cáma
ra de Representantes, actuando como secretaria la doctora Martha Scarpita del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), integraron el tribunal ético jurídico que deliberó y dictaminó. Los casos fueron presentados por la Casa de la Mujer de la Unión, Comisión Nacional de Seguimiento (CNS), Infancia, Adolescencia, Ciudadanía (IACI), Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT y Mundo Afro.

El primer Tribunal de Derechos de las Mujeres Uruguayas fue una de las actividades de la Semana de los Derechos Humanos 2005, que con el lema “Todos los derechos humanos para todos y todas”, organizó el Sistema de Naciones Unidas en Uruguay y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, con el apoyo de la presidencia de esta última, la Intendencia Municipal de Montevideo y los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores.

En todas las situaciones descriptas, se violaron disposiciones del derecho interno, comenzando por la Constitución Nacional que en su sección de Derechos, Deberes y Garantías consagra el derecho a ser protegido en el goce de la vida, honor, libertad, seguridad, trabajo, salud, educación. Particularmente en el caso de Alicia no se aplicó correctamente la ley 17.514 para preservar la vida e integridad física y psíquica de la víctima. Mariana padeció las consecuencias de la falta de educación sexual, pero también de la criminalización del aborto consagrada en los artículos 325 y siguientes del Código Penal. A Annabela no la benefició el Código de la Niñez y la Adolescencia; le fue negado el derecho a la satisfacción de sus necesidades básicas, a la protección familiar, a no sufrir violencia sexual, a la protección judicial, a conocer a su hijo y a criarlo; a su hijo también se le negó el derecho a conocer a su madre y saber que fue querido. A Estella y Marisa, al igual que a Ignacio, se les desconocieron los derechos a la intimidad y a la dignidad. Leticia fue víctima de discriminación racial.

El Estado uruguayo también estuvo omiso en el cumplimiento de una copiosa normativa internacional, que ratificó y por lo tanto rige internamente. Entre ella, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Belém do Pará); Convención de los Derechos de los Niños y las niñas; Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Protocolo de San Salvador; Convenio 111 de la OIT; Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial; Declaración de Filadelfia.

 

RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL

Al cabo de las deliberaciones, el tribunal formuló una serie de recomendaciones para cada caso. La difusión de los derechos para poder exigirlos, capacitación de los operadores jurídicos; mejora de condiciones para acceder a la justicia; ingreso por concurso y control democrático de la gestión judicial; fomentar el conocimiento y aplicación de la normativa internacional, son comunes a todos. educación sexual y legislación en salud sexual y reproductiva apuntan particularmente a la situación de Mariana. Revisar las normas sobre adopción para el de Annabela. Dotar al Poder Judicial de mejores recursos para la aplicación de la ley 17.514 para el de Alicia. Aplicar el principio de carga dinámica de la prueba (tiene que probar quien puede hacerlo), medidas afirmativas, comisiones tripartitas para analizar la discriminación racial y revisión de políticas que la perpetúan, para el de Leticia.

Reactivación del funcionamiento del derecho laboral y de la organización sindical, y colectivización del conflicto para los de Estella y Marisa.

A partir de las crecientes denuncias que llegan a la Comisión que preside Argimón y a los despachos de las legisladoras, la diputada llamó la atención sobre la lentitud de la Suprema Corte de Justicia en casos de mala actuación de jueces respecto del abuso sexual de niñas y niños. Acompañada por colegas, ella misma aportó al tribunal superior pruebas en tal sentido más de una vez, pero todavía no se ha tomado medida alguna. “No hace falta mucha especialización para darse cuenta que se está sometiendo a niñas y niños a interrogatorios crueles” señaló Argimón, además de revictimizarlos con la insistencia en visitas que no desean y los desestabilizan.

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