La neutralidad presupuestal no sirve

En general, los presupuestos se presentan como neutrales respecto al género. La propia formulación ignora los roles, responsabilidades y capacidades de hombres y mujeres que son determinados socialmente. Se asume que los presupuestos y políticas del gobierno afectan a todos de igual forma, para servir al interés público y a las necesidades de la ‘gente en general’, por lo que se necesita información desagregada para demistificar esta aparente neutralidad de género». Así lo advirtió la contadora Diana Marcos, directora general del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante el Seminario Regional sobre Modermización del Estado y Equidad de Género, organizado conjuntamente por el Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay y el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) de Chile.

«Es característica de los presupuestos de América Latina revivir viejos supuestos sobre el rol de las mujeres, ubicándolas sólo como amas de casa, receptoras de los programas de alivio a la pobreza», recordó Marcos, explicando que los que incluyen la variable género, en cambio, «previenen costos mayores como lo es el empobrecimiento de las familias y la infantilización de la pobreza, ayudan a bajar las tasas de morbilidad y mortalidad infantil y materna, disminuyen gastos hospitalarios, ect.». La estrategia más exitosa hasta la fecha para lograr ese objetivo, apuntó, consiste en «poner el énfasis en la elaboración de las prioridades, en lugar de incrementar el gasto público», y «destacar la reorientación de los programas dentro de los sectores, en lugar de cambios en las cantidades generales asignadas a sectores específicos».

 

LOS COSTOS OCULTOS

Los presupuestos tradicionales no toman en cuenta costos «ocultos» que absorben las mujeres, señala Marcos: «Al considerar el cuidado como un bien entregado gratuitamente por la naturaleza, sin incluirlo en el cálculo económico, no se consideran sus costos ni los efectos de su escasez. El desconocimiento del aumento del peso del trabajo no pago fuera del mercado, del deterioro en la salud y de la declinación en las capacidades de las mujeres (deserción en la enseñanza, embarazo adolescente, etc.) puede incluso dar la impresión de efectividad de las estrategias políticas y de desarrollo».

Tampoco consideran los costos que generan las leyes inadecuadas o la ausencia de las necesarias para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. En Uruguay -donde por fin se cuenta con una normativa, aunque persisten dificultades para su aplicación- se calcula que el costo de las consecuencias de la violencia doméstica asciende anualmente al 1.8% del Producto Bruto Interno (PBI).

 

EL EJEMPLO CHILENO

Al cierre del seminario, que en el marco de la Estrategia de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, contó con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la la Presidencia de la República de Uruguay, Cecilia Pérez Diaz, ministra del Sernam, enfatizó la inutilidad de «la falsa noción de neutralidad», enumerando los pasos de un proceso que evalúa exitoso en su país: adecuación legislativa, acción directa de la dependencia a su cargo, mecanismos para que cada agencia del Estado asuma compromiso con la perspectiva de género en su ámbito de acción.

Desde 2000 Chile cuenta con un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades; en el mismo año creó el Consejo de Ministros por la Igualdad de Oportunidades; en 2002 se incorporó el Sistema de Enfoque de Género al Programa de Mejoramiento de la Gestión, un instrumento técnico orientado a perfeccionar el desempeño institucional de los servicios públicos.

Pérez está convencida de que la sociedad chilena cree en este proyecto, porque «la igualdad de oportunidades está en el sentido común de las personas». Las políticas públicas son justamente las que ordenan e impulsan el proceso, que puede culminar con la asunción en marzo de 2006 de una mujer -Michele Bachelet- como presidenta del país.

La ministra también recordó que muchos ojos expectantes están puestos sobre Uruguay, que debe «construir el cambio con sus mujeres en roles centrales. Si no es así, es el país el que pierde».