La violencia contra las mujeres en la justicia internacional

El Estatuto de Roma, aprobado por la comunidad internacional en 1998, además de incluir pioneramente una definición de género, reconoce muchos delitos de violencia sexual. La violación, la esclavitud sexual, la persecución por motivos de género, el embarazo forzado y la trata de mujeres son tipificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Las víctimas, especialmente en el caso de violencia sexual, deben ser tratadas con dignidad y respeto durante todo el proceso judicial y, para garantizarlo las normas procesales incorporan la perspectiva de género.

Se trata del primer instrumento internacional no dedicado a los derechos de las mujeres con estas características, y las organizaciones de derechos humanos coinciden en que se trata del mejor modelo de práctica internacional para las leyes y procedimientos penales propios de los estados.

A la fecha, ha sido ratificado por cien países de un total de 141 firmantes. Uruguay lo ratificó en junio de 2002, aunque todavía no ha sancionado la ley que lo implemente a lo interno. El actual gobierno encomendó al doctor López Goldaracena la elaboración de un anteproyecto en tal sentido, que se encuentra a consideración de la Presidencia de la República.

Estados Unidos es uno de los países que no sólo no ha ratificado el documento, sino que realiza campaña en su contra. «La presión constante ejercida por el gobierno estadounidense para la firma de acuerdos bilaterales de impunidad (ABIs) es un hecho político que podría debilitar el compromiso de los países con la CPI», advierte Laura Gómez, integrante del Grupo CPI-Impunidad de AI-Uruguay. Efectivamente, siete países latinoamericanos  cinco de los cuales son signatarios o han ratificado el Estatuto- ya los han firmado. También los hay que se negaron expresamente, como Uruguay. Una ley firmada por el presidente George W. Bush autoriza al gobierno que preside a cortar los fondos de ayuda económica a las naciones que sostentan esta última postura, pese a que encuestas de 2004 muestran afinidad de la población estadounidense con la CPI.

 

LA VIOLACION EN LA HISTORIA

En palabras de Marisa Ruiz, presidenta del Comité Ejecutivo de AI-Uruguay, «La violencia sexual en la guerra, salvo excepción, fue largamente invisibilizada, trivializada y considerada una cuestión privada. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los dos tribunales internacionales de Nuremberg y Tokio, donde las potencias aliadas juzgaban los crímenes de guerra de los vencidos, la violación no fue nombrada ni considerada como una ofensa en sí misma. También se ignoró en Tokio, donde más de 200.000 adolescentes y mujeres de origen no japonés fueron secuestradas y llevadas junto a la tropa como esclavas sexuales». Estas últimas comenzaron a denunciar la situación recién varias décadas después, en los años 90.

Hasta los genocidios de la ex Yugoeslavia y Ruanda siguió el silencio, aunque los derechos de las mujeres se fueron fortaleciendo dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Hitos de este proceso son la Plataforma de Acción de Viena en 1993 y la de Pekín en 1995, donde consta la necesidad de reconocer la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos y de incorporar el tema a la agenda de Naciones Unidas.

El Tribunal ad hoc para la ex Yugoeslavia reconoció la violación como crimen de lesa humanidad. En Ruanda pasó más desapercibida hasta que «un médico belga publicó que una cantidad inusual de mujeres se estaban presentando a parir nueve meses después del comienzo del genocidio: eran los productos de las violaciones», ubica históricamente Ruiz destacando la sentencia contra Akayesuy, primera en reconocer que la violación y la violencia sexual son actos constitutivos de genocidio. También es la primera que recoge una definición ampliada de violación, «al concebirla como una invasión física, de naturaleza sexual, librándola de descripciones mecánicas que requieren la penetración de la vagina por el pene».

Gracias al esfuerzo de las organizacoines internacionales de mujeres, el Estatuto de Roma recoge esta valiosa herencia, e incluso incorpora disposiciones para evitar la revictimización y asegurar reparación integral a las víctimas.

 

JAPON EN LA MIRA

Además de su campaña «No más violencia contra la mujer», AI está embarcada en otra que persigue la ratificación universal del Estatuto de Roma. A corto plazo, tiene tres países en la mira, uno de los cuales es Japón.

La forma de presión escogida es el envío masivo de postales al primer ministro Koizumi Junichiro, en las que se le recuerda que durante la Segunda Guerrra Mundial su país fue responsable de crímenes de lesa humanidad contra las mujeres. «Al ratificar el Estatuto de Roma, Japón ayudaría a garantizar que, si en el futuro se cometen crímenes similares, los responsables podrán ser procesados», dice la tarjeta que recuerda el papel de la CPI en la erradicación de este tipo de violencia.