Red conosureña para trabajar sobre aborto

La reunión tuvo lugar en Montevideo, los días 24 y 25 de junio pasados. Por Argentina participaron las médicas Sandra Vázquez y Nilda Calandra del Hospital Argerich, primera institución de ese país donde se hizo una investigación sobre el uso del misoprostol como método para interrumpir el embarazo; el médico Walter Barbato, la ginecóloga Alicia Cacopardo y la socióloga María Alicia Gutiérrez.

Uruguay estuvo representado por integrantes de las Clínicas Ginecotocológicas A y C que funcionan en el hospital Pereira Rossell, como los médicos ginecólogos Enrique Pons, Fabián Rodríguez, Gonzalo Vidiella, Mónica Gorgoroso, Leonel Briosso, Beatriz Masena, Marcela Gómez, Ana Visconti y Ximena Azambuya; la doctora Mónica Rodríguez de Atención Primaria en Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP); la antropóloga Susana Rostagnol, el ex diputado Rafael Sanseviero y la socióloga Mónica Guchín.

Los tres últimos son integrantes de la Red Uruguaya de Autonomías (RUDA), que se dedica a la investigación, intervención y promoción de los derehos humanos como práctica, y de quien partió la iniciativa de establecer contactos con profesionales de la vecina orilla con una experiencia semejante en la atención de mujeres enfrentadas a la necesidad de practicarse un aborto.

El encuentro incluyó a dos médicos paraguayos y uno uruguayo que están haciendo pasantías en el Pereira Rossell. La doctora Cristina Grela, responsable del Programa de Salud de la Mujer y Género del MSP, acompañó parcialmente las deliberaciones.

 

INTERCAMBIO Y APOYO

Tanto en Argentina como en Uruguay el aborto está penalizado, con algunas excepciones que disminuyen y hasta eliminan la sanción, aunque no resuelven en la práctica la situación de las mujeres, particularmente la de aquellas de escasos recursos que no pueden pagar una atención adecuada para interrumpir su embarazo.

Más allá de las polémicas que desata cuando se propone alguna solución a este grave problema de salud pública y justicia social, el aborto es un tema marginal en las agendas públicas, sean académicas, sociales o políticas. No obstante, en Argentina adquirió relevancia en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la toma de posición a favor de la despenalización formulada por el ministro de Salud Pública, Ginés, acompañada por algunos otros funcionarios provinciales de jerarquía. Mientras el debate continúa, con fuerte intervención contraria de la Iglesia Católica y de los sectores más conservadores de la sociedad, y si bien no se cuenta con servicios específicos, hay experiencias informales similares a las que en Uruguay amparan las Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo (Iscarcr).

A partir de que el MSP oficializó estas normas, su aplicación obligatoria en todos los servicios de salud públicos y privados, pero están funcionando a pleno sólo en el Pereira Rossell, donde se ha creado una clínica específica para asesorar a las mujeres antes y después de practicarse un aborto, es decir, en el margen que deja la legislación penal criminalizadora vigente.

Rafael Sanseviero, autor del proyecto de ley en que se basó la iniciativa rechazada el año pasado por el Senado que  en un marco de atención integral de la salud sexual y reproductiva  liberaba el aborto en las doce primeras semanas de la gestación, informó a La República de las Mujeres que el objetivo de la red cuya aprobación se decidió en la reunión binacional, es intercambiar experienias, explorar posibilidades y respaldarse mutuamente en estos temas. La próxima reunión de la flamante iniciativa  aún innombrada  será en aproximadamente dos meses en la ciudad de Buenos Aires.