A once años de Belem do Pará

La Convención de Belem do Pará es el más completo instrumento americano para el combate de la violencia doméstica y sexual. Con ll años de vigencia, no ha alcanzado pleno acatamiento al interior de los países parte, lo que supone adecuaciones de las legislaciones locales pero también políticas públicas que atiendan sus objetivos.

Para el Grupo de Mujeres de Amnistía Internacional-Sección Uruguay, representado el l0 de junio en el Palacio Legislativo por Florencia Faccio y María Goñi, urge que los gobiernos «tomen en serio» el compromiso de aplicar la convención, al tiempo que su contenido se difunda ampliamente para conocimiento de toda la sociedad. De ello depende, a juicio de las ponentes, que se logre «asegurar a las mujeres vivir plenamente su calidad humana», una deuda que se expresa con una mujer muerta cada 9 días por violencia doméstica y un total de muertes por esa causa que es al menos «25 veces más alto que en España».

Se trata de «un proyecto a largo plazo que involucra a generaciones que todavía no nacieron», advierten Faccio y Goñi, por lo que insisten en comenzar a educar para la equidad desde la infancia, a través de los juegos. También destacan que mientras los medios de comunicación sigan calificando a la violencia doméstica como «crimen pasional», quedará oculto que cada desenlace fatal supone años de padecimientos de todo tipo. «Habrá menos violencia donde haya sanciones  es decir: cuando se acabe la impunidad  y donde existan lugares seguros para las víctimas» afirman, en referencia a los refugios que en Uruguay todavía existen.

 

ACOSO SEXUAL Y MORAL EN EL TRABAJO

Desde el PIT-CNT, Amagda Caetano, responsable del tema violencia en su Departamento de Género y Equidad, pone el énfasis en la necesidad de leyes que contemplen el acoso sexual y moral en el trabajo, » un tipo de violencia extramuros para la que no hay una figura jurídica».

«La violencia hacia la mujer ocurre en todos los espacios del accionar social y político, fortalecida por patrones culturales que no respetan los derechos humanos», contextualiza Leonor Rodríguez, en representación de la Comisión Nacional de Seguimiento-Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía (CNS), y propone diálogo y coordinación para sensibilizar a autoridades, medios de comunicación y sociedad en general.

 

MUJERES EN PELIGRO

El 9 de junio pasado, fecha exacta en que la Convención de Belem do Pará cumplió 11 años, Amnistía Internacional presentó internacionalmente un informe sobre el feminicidio en Guatemala. Según las autoridades de ese país, entre 2001 y 2004 fueron asesinadas l.l88 mujeres y niñas, muchas de ellas en circunstancias excepcionalmente brutales. La violencia sexual está presente en muchos de estos crímenes. Hasta la fecha, solo se ha investigado el 9% de los casos. Las familias se quejan: hay que demostrar que las víctimas eran «respetables», porque es frecuente que las autoridades las culpen.

Ana de León, integrante de AI-Sección Uruguay compara la situación guatemalteca con lo que viene sucediendo desde hace más de una década en Ciudad Juárez, localidad fronteriza del norte de México. Mujeres jóvenes de origen humilde, que tienen trabajos precarios o son estudiantes, desaparecen y luego se encuentran sus cadáveres en cualquier sitio. «Estos crímenes son ignorados o vanalizados por el gobierno, que hasta culpó a las propias víctimas», denuncia de León. Las estadísticas de muertes varían según las fuentes, pero en 2003 AI contabilizó 370, y todos los crímenes permanecían impunes. Hay más de 600 mujeres desaparecidas, y el fenómeno está extendiéndose a otras ciudades de la zona.

 

DE JUSTICIA Y TORTUGAS

Desde el público asistente a la mesa redonda, se escucharon demandas y propuestas. Una, dirigida específicamente al PIT-CNT, es la de generar mecanismos de protección para las trabajadoras cuando denuncian violencia laboral, de modo de evitar el despido. Respecto del acoso sexual y moral en el trabajo, se reclamó además de la tipificación legal del delito, reglamentaciones en las empresas, recordando que ya existen en la Intendencia de Montevideo.

También se denunció que «la justicia uruguaya viaja arriba de una tortuga, y cuando se trata de mujeres es peor». Y se hizo notar el vacío institucional en el compromiso de prevenir: hay campañas oficiales contra el tabaco y las drogas, por ejemplo, pero ninguna contra la violencia de género.