Migración, trata y femicidio: Las mujeres venezolanas en el exterior

La profunda crisis política, social, pero principalmente económica que se vive en Venezuela, con una hiperinflación sin precedentes (de acuerdo a las proyecciones del FMI alcanzará el 1.370.000% para fines de 2018), altos índices de escasez de alimentos y medicamentos, la vertiginosa pauperización de las condiciones de vida, la pérdida de beneficios laborales, la pulverización de los salarios de la clase trabajadora, la desaparición de la capacidad de consumo de la población, el incremento en el número de personas subalimentadas (según la FAO (3,7 millones, el 11,7%  de la población), así como, el progresivo colapso de los servicios públicos como salud, electricidad, agua potable, gas, transporte público, telecomunicaciones; ha trastocado sin lugar a dudas las condiciones de vida de la población, y ha obligado a la redefinición de sus procesos organizativos y relacionales, ya sean de carácter laboral, educativo, comunitario, familiar, entre otros.  

En este contexto, y como es costumbre en una organización social patriarcal, entre los empobrecidos y depauperados, las más empobrecidas y depauperadas son las mujeres. Las últimas estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, daban cuenta de que para el año 2016 la tasa de actividad femenina era de 48,6%, es decir, más de la mitad de la población de mujeres en edad de trabajar no contaban con ingresos propios, y en su mayoría quienes se mantenían económicamente inactivas se encontraban sujetas al trabajo de cuidado no remunerado dentro del hogar.  Esto supone que las mujeres se encuentran en condición de dependencia, ya sea con respecto a sus parejas, de sus familiares (principalmente padres e hijos) o del Estado. No obstante, en un escenario de crisis económica, de acelerada pérdida de valor de la moneda nacional y de depreciación del salario, los niveles de dependencia y vulnerabilidad de las mujeres aumentan; de aquellas que ya contaban con un ingreso propio y que ahora ven sus ingresos destruidos y su calidad de vida desmantelada, pero sobre todo, de aquellas que no percibían ninguna remuneración.

Si a esto se suma la imposibilidad de acceder al dinero en efectivo, la falta de recursos económicos para movilizarse, la paralización del transporte público, la falta de alimentos, las limitaciones para el acceso a los productos de higiene y aseo personal, la imposibilidad de reposición de vestimenta y calzado, los altos costos de los centros de cuidado infantil y las dificultades para acceder al sistema de cuidado público; ha obligado a las mujeres a realizar dobles y hasta triples jornadas, a desertar de sus puestos de trabajo, y a recurrir a otras actividades económicas que permitan su subsistencia y la de sus familias. Entre estos es posible considerar el trabajo informal, la reventa de productos escasos, el micro contrabando de productos, la prestación informal de servicios de cuidado, la comisión de hurtos, la participación en diversos tipos de delitos y la prostitución.  

Pero esta difícil situación no solo es enfrentada por las mujeres adultas, sino también cada vez más por niñas y adolescentes pues, las limitaciones de las familias para realizar la comprar de uniformes, útiles escolares, cubrir pasajes de traslado a los centros educativos y proporcionar alimentos, ha obligado a padres, madres y representantes a retirar a los menores de las escuelas, principalmente a las niñas. Por su parte las adolescentes abandonan sus estudios secundarios para insertarse cada vez más temprano en el mercado de trabajo informal, con lo cual aspiran colocar algo de comida en las empobrecidas mesas de sus hogares.

Pero estos hechos en su conjunto también han creado las condiciones para que una importante proporción de la población de distintos estratos sociales, pero cada vez más de aquellos con pocos o ningún recurso, se traslade y radique en otras latitudes de la región y del mundo. Según La OIM, Organismo de las Naciones Unidas para la Migración y el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, el número de refugiados y migrantes de Venezuela en todo el mundo ha alcanzado los tres millones. De estos aproximadamente 2,4 millones se encuentran en los países de América Latina y el Caribe, mientras que los restantes 600.000 se encuentran en otras regiones. Pero aunque estas estadísticas no se encuentran segregadas por género, es posible inferir que al menos la mitad de estos migrantes son mujeres. Al respecto, ya en el año 2015 el sociólogo Emilio Osorio señalaba que el fenómeno de la migración en Venezuela era liderado por mujeres.

No obstante, contrario al imaginario social transmitido y difundido, la migración no solo tiene bondades; aunque poco se hable de esto, la migración es también una condición de riesgo para las mujeres, la cual las expone a múltiples y diversas formas de violencia y de las cuales las venezolanas en el extranjero no están exentas, principalmente las más jóvenes y empobrecidas. Desde el año 2015 cuando comienza a profundizarse la crisis económica en el país caribeño, ha sido posible evidenciar un incremento de la presencia de las mujeres venezolanas en los medios de comunicación de la región, en los cuales son reseñadas con frecuencia las múltiples y repetidas formas de victimización a las que están siendo sometidas.

En estos medios se ha visibilizado la presencia de mujeres venezolanas en distintos países de la región bajo engaño o coacción, el desmantelamiento de redes de trata y prostitución (según un estudio realizado por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género en Bogotá, el 99,8% las mujeres extranjeras que ejercen la prostitución en Bogotá son venezolanas), episodios de acoso y violencia sexual (ACNUR estima que un 2% de las mujeres venezolanas en el exterior con entre 15 y 49 años son sobrevivientes de violencia sexual), pero también numerosos casos de femicidio; crímenes cometidos por hombres venezolanos en el exterior, pero también por hombres de los países receptores, dado que, como ha quedado en evidencia, el sexismo y la misoginia traspasan fronteras.

De estas mujeres venezolanas asesinadas por motivos de género en el exterior, una cantidad importante han muerto a manos de sus parejas o ex parejas, otras victimizadas por hombres con quienes las víctimas no mantenían vínculo pero que las acosaban, mientras que otras fueron asesinadas en el contexto de redes de prostitución y de trata. Es decir, las motivaciones de estos femicidios han sido misóginas y sexistas, relaciones y situaciones en las cuales las mujeres han sido objetualizadas y cosificadas, concebidas como propiedad masculina, pero también como mercancía, objeto de consumo, venta e intercambio.

Ante la ocurrencia de estos hechos la respuesta del Estado venezolano ha sido el silencio, al mismo tiempo que, estas mujeres han sido sistemática y repetidamente victimizadas por los medios de comunicación venezolanos pero también extranjeros. En estos sus vidas han sido escrutadas y expuestas en busca de indicios, situaciones, conductas, que permitan naturalizar y justificar los crímenes contra ellas cometidas, donde han sido revictimizadas y su humanidad reducida a narrativas mediáticas hipersexualizadas. Por ello, ante esta problemática es necesaria e imprescindible la toma de acciones por parte del país de origen, pero también de aquellos convertidos en destino, entre estos: el fortalecimiento de los procesos de prevención y atención de la violencia por razones de género, la sensibilización de las mujeres sobre los riesgos de la migración, así como, el seguimiento y monitoreo de  estos crímenes, a fin de generar herramientas para su efectiva, eficiente y oportuna comprensión, prevención, atención y sanción.