Se mantiene la situación de tirantez en Artigas por varios temas municipales

Artigas – El intendente municipal había salido al cruce de la serie de comentarios, señalando que debido a la denuncia penal realizada debería dejar sin efecto unos 50 o 60 contratos con funcionarios, de manera de poder y tener los recursos necesarios para hacer frente a esas erogaciones, al tiempo de señalar que estaba gestionando un convenio al respecto y que una docena de intendencias está en la misma situación que la de Artigas.

Estas afirmaciones tuvieron inmediata respuesta en el ámbito de la oposición. Mientras el ex candidato a intendente por el Herrerismo, Sergio Arbiza, acusó a Signorelli de querer «trasladar las culpas» al presidente de la bancada de ediles blancos, Roque Máximo, dijo que «se está faltando el respeto a la tarea del edil».

Celulares

Con respecto al hecho de que se dio un gasto excesivo en celulares durante algunos meses, el jefe comunal exhibió un documento, fechado en abril de 1998, donde se establecían topes para el gasto de los directores, de entre 1.200 y 2.200 pesos uruguayos, y que a los que se excedieran debía descontársele del sueldo. Al ser consultado con respecto a lo ocurrido en los meses de abril y mayo, deslindó responsabilidad ya que en ese momento se encontraba al frente de la comuna, Pedro Florines.

Estas declaraciones ameritaran nuevos pedidos de información donde se buscaría saber si en los casos en que hubo exceso de la cifra mencionada, se dispuso el descuento correspondiente.

Combustibles

En este tema, Signorelli advirtió que fue la Intendencia la que dispuso una investigación administrativa por el hecho de que un camión que no tenía motor, aparece gastando una importante cantidad de combustible, indicando que se hizo el sumario correspondiente y se ha dado el plazo para realizar los descargos los funcionarios y luego de concluidas las actuaciones, podrá ir el pedido de destitución del mismo.

Se estima que sobre todos estos temas se producirán novedades, incluso algunas de ellas provenientes de la sede judicial en donde los ediles del Encuentro Progresista presentaron una denuncia por el no vertido de los llamados «indisponibles» en tiempo y forma.