En San José recurrirían a la Justicia para frenar la nueva reglamentación

 

Un duro documento elaborado desde San José por la Asociación de Retirados y Pensionistas Policiales y la Comisión Administradora del Fondo de Medicamentos de la Policlínica Policial enviado a LA REPUBLICA, denuncia el descontento que la «resolución ministerial» provocó en los integrantes de estas organizaciones.

Según aseguraron a este matutino representantes de los retirados de San José, sólo en este departamento unas 700 personas se verán directamente «perjudicadas» con la normativa. Estas personas mantienen, por ejemplo, un convenio colectivo con una asociación de asistencia privada (Asociación Médica de San José) ubicada en la capital maragata, y si la medida no «va marcha atrás, el convenio se cae y tendría que tratarse cada caso en forma individual».

A la vez, la decisión del Ministerio del Interior afecta a «la Proveeduría de la Jefatura, que brinda créditos a las instituciones». En este plano, «la familia policial se vería perjudicada» en relación a los servicios de alimentos que perciben de los comercios locales. Ante la situación planteada ambas asociaciones han aunado esfuerzos «con el fin de defender los logros sociales conquistados durante muchos años de empeñoso trabajo de quienes nos han precedido en la conducción de nuestras asociaciones civiles», sostiene el comunicado suscrito por el sargento retirado Iván González y el oficial ayudante retirado, Antonio Pérez.

Afirma en este sentido que «la disposición hace peligrar el bienestar de nuestras familias al cercenar los más que legítimos derechos a la alimentación y a la salud (ya que no se efectuarían los descuentos de cuotas sociales y gastos de provicentro y farmacia, entre otros), haciendo que se tenga que volver a la indeseable condición de mendigar créditos, fuera de nuestros ámbitos naturales, lo que sabemos que sería imposible de lograr ahora por la difícil situación de indigencia e indignidad».

Los denunciantes han mantenido contacto ya con las jerarquías de la secretaría de Estado, pero advierten: «Si no logramos que reviertan esta atropellada resolución, seguiremos el caso ante la Justicia (…) se trata de una situación clara de abuso de autoridad fuera de la Constitución». *