La rebelión de los retirados

 

El 5 de noviembre la secretaría de Estado libró una circular a todas las Jefaturas de Policía del país. En la comunicación  a la que tuvo acceso LA REPUBLICA  se informó sobre las nuevas disposiciones en materia de descuentos a los pasivos policiales por servicios brindados por terceros.

El documento señala que a partir del 1º de enero de 2003, de acuerdo a lo que establece el Artículo 121 de la Ley 17.296 (Rendición de Cuentas), «los descuentos de terceros que realiza la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial sobre las prestaciones, jubilaciones y pensionarias que sirve, no podrán superar el 80 por ciento de los haberes líquidos (nominal menos descuentos legales)».

De esta manera, tanto retirados como pensionistas deberán percibir como mínimo el 20 por ciento de sus haberes líquido. Actualmente, en forma directa a través de las Jefaturas, se procede a efectuar descuentos que van desde deudas que contraen por previsión de carne u otros alimentos producidos por las respectivas chacras, hasta deudas que contraen con instituciones civiles, cooperativas u asociaciones de cada departamento.

Altamente perjudicial

En Minas, la comisión directiva de la Asociación de Retirados y Pensionistas Policiales de Lavalleja emitió un comunicado informando a los afectados y fijando posición ante la nueva normativa. La misiva señala que «notamos con profunda preocupación las consecuencias altamente perjudiciales para nuestra asociación y para retirados y pensionistas en general» que la resolución conlleva.

La asociación de ex policías señala que «peligran los contratos con Camdel, SEM y todos los beneficios que estos deparan a pensionistas, esposas e hijos de retirados policiales, la cobertura sin límites de edad ni exámenes médicos, con un favorable descuento en la cuota mutual».

Por otra parte, alerta que a partir del próximo 25 de noviembre se cancela «el uso de carnicería y farmacia, cuando la situación económica es por todos conocida. Se les suspende un importante beneficio a los más necesitados, causando un hondo problema social. Estamos hablando de medicamentos y alimentación nada menos», advierten los dirigentes.

Asimismo, subrayan «el obstáculo que representa a nueva normativa a futuras realizaciones ya encaminadas, para mejorar la calidad de vida de retirados y pensionistas policiales».

Reunión con el jefe

A su vez informan que ante los hechos mencionados «esta comisión directiva no se quedó con la primera información y procedió a dar los siguientes pasos en defensa de los retirados y pensionistas policiales». Se solicitó y obtuvo «inmediatamente» una audiencia con el jefe de Policía, José María Pose Sanmartín, quien se mostró «dispuesto a colaborar» con todo lo que fuera necesario para lograr solucionar este grave problema.

«La situación es seria y preocupante por lo que se llama a una asamblea para considerar este temario el próximo sábado 23 a las 16 horas en la sede social. Invitamos a todos los retirados y pensionistas policiales, sean socios o no, ya que las circunstancias requieren que estemos todos unidos».

El comunicado está firmado por el suboficial mayor (r) Orosmán Pintos, presidente de la Asociación y Yolanda Rigau de Garandán, secretaria. *