Tensión en Colombia por orden de liberar a un capo narco

Tras un fuerte forcejeo entre las autoridades judiciales y el gobierno colombiano, ayer jueves la jueza Luz Angela Montoya falló en favor de Gilberto Rodríguez un recurso de hábeas corpus que obliga a la inmediata liberación del preso por cumplimiento de condena. La jueza señaló en su fallo que declara «procedente el derecho de hábeas corpus que a favor de Gilberto Rodríguez presentó el abogado por prolongación ilegal de la privación de la libertad». En consecuencia, la jueza ordena «la libertad en forma inmediata del señor Gilberto Rodríguez Orejuela, para lo cual se ordena librar la correspondiente boleta de libertad».

La decisión de la jueza Montoya motivó una rápida reacción del ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, quien en Bogotá mostró su desacuerdo con la salida de prisión del ex capo, a quien consideró como uno de los grandes narcotraficantes de la historia.

«Tenemos que cuidar muy cuidadosamente el hábeas corpus. Estamos dedicados a examinar si no hay otros jueces del país que estén solicitando a este señor y que estén cumplidos los requisitos» para su salida, dijo Londoño, expresando una vez más el malestar del gobierno por el hecho.

«Esto es un golpe terrible, este es un momento de luto, de dolor para la imagen del país, para la administración de justicia de Colombia», aseguró el ministro en declaraciones a la prensa. También se pronunció la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, a través del consejero adjunto para asuntos políticos Francisco Fernández.

«Nosotros lamentamos mucho la decisión, pero entendemos que es una cuestión jurídica dentro del país y que el gobierno ha hecho todo lo posible para tratar de evitar la liberación», aseguró el consejero. En este clima generado por la posible liberación del narco, el miércoles pasado frente a la sede diplomática de EEUU, la Registraduría Soberana del Poder Ciudadano llevó a cabo una votación simbólica para la legalización del consumo de drogas en Colombia.

Hacia las 14.30 locales se vivía una situación de tensión frente a la cárcel de Cómbita, población a 125 km de Bogotá, con unos 100 miembros de la Policía y el Ejército rodeando la instalación penitenciaria, en medio de una jornada lluviosa. El pasado viernes el juez de ejecución de penas de Tunja, Pedro Suárez, ordenó la excarcelación de Gilberto Rodríguez y de su hermano Miguel, argumentando que ya cumplieron las tres quintas partes de sus penas de 16 y 15 años, rebajadas en tres años por buen comportamiento.

Pero en el caso de Miguel Rodríguez, un tribunal colombiano lo condenó  el mismo viernes  a cuatro años adicionales de prisión por un intento de soborno a un juez en 1996, lo que le impide aspirar a una pronta libertad.

Desde que el juez anunció la excarcelación el viernes pasado, el gobierno, por medio del propio presidente Alvaro Uribe, manifestó su disposición a evitar la salida de prisión de los narcotraficantes. El sábado, Uribe dijo que había ordenado «no conceder» la excarcelación a los Rodríguez Orejuela «mientras existan dudas jurídicas sobre su liberación», posición reiterada el martes, cuando señaló que «es mejor que algunas personas le digan a uno arbitrario, a que simplemente por ser blandito se afecte la dignidad nacional».

La posición del presidente y de su ministro del Interior ha generado una avalancha de críticas de parte del sector judicial que, inclusive, llevó a un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que el martes acusó al gobierno de Uribe de interferir en las decisiones de los tribunales. «Es evidente la interferencia del Ejecutivo en decisiones de los jueces, lo cual desconoce la autonomía que por mandato constitucional corresponde a la distintas ramas del poder público», señaló un comunicado emitido por los magistrados de la Corte Suprema. * (AFP)