El italiano se defiende

 

Poco después de las 18 horas de ayer Maximiliano Cianciotta reunió a la prensa para realizar sus descargos a raíz de la nota publicada por LA REPUBLICA, dando cuenta del procedimiento de Interpol, que le allanó la casa y lo entregó a la Justicia, en cumplimiento de una orden de captura internacional en su contra lanzada desde Perú.

Cianciotta dijo que «el procedimiento fue brutal, no fue correcto» y agregó que no cometió ningún delito. Cuando se le preguntó por el pedido de captura peruano manifestó que se trata de una investigación y que desde 2000 lo estaban buscando, pero como no lo encontraban se emitió ese exhorto.

El empresario afirmó que en los últimos tiempos entró y salió varias veces del país, teniendo su pasaporte sellado, por lo cual no entiende cómo no fue interceptado antes si es que realmente lo estaban buscando.

«El pedido de Perú no se ajusta al derecho internacional», sostuvo el empresario, asegurando que sus abogados uruguayos le indicaron esta realidad. Entre otros elementos porque, según dijo, hasta el número de pasaporte y su nombre están mal en el expediente. Aseguró que no tiene pensado abandonar San José y que dará las explicaciones que tenga que dar ya que «no tengo problemas ni he cometido ningún delito».

El caso

El hombre llegó a San José atraído por la política de Chiruchi para conseguir inversores extranjeros. Pero mientras se instalaba con una fábrica de fibra de vidrio, apareciendo en canales locales o fotografiándose junto al intendente y su equipo de gobierno, Perú lo requería por defraudación aduanera y al Estado.

La responsabilidad que la intendencia podría tener en este caso fue ayer extensa y públicamente debatida en San José; en particular, por los actores políticos locales, pero también por varios empresarios y profesionales a quienes Cianciotta «en la chiquita», habría de alguna manera estafado, no pagándole por trabajos o contratos establecidos.

Una calificada fuente policial había informado a LA REPUBLICA sobre las referencias que Cianciotta dio en el Juzgado ante Núñez: el intendente Juan Chiruchi y el presidente de la Junta Departamental, Alexis Bonahón. Inclusive, desde altas esferas se manejaba que el intendente habría puesto una propiedad suya como garantía, a favor del empresario.

Ayer, el jerarca se encontraba reunido con la cúpula nacionalista, tratando la posibilidad de que el partido se retire de la coalición, por lo cual no emitió declaraciones sobre el tema. Oficialmente, su vocera fue la secretaria de la intendencia, contadora Beatriz Martínez, que negó enfáticamente que la comuna o el propio intendente, le hayan servido en forma alguna a Cianciotta de garantía.

Por otra parte, otros altos representantes del oficialismo manifestaron a LA REPUBLICA su intención de deslindar responsabilidades con lo sucedido. «La intendencia o la Junta, no puede salir a buscar los antecedentes policiales que pueda tener un hombre que llega al país y cruza la frontera reiteradamente. Eso es trabajo de la Policía. En el caso del presidente de la junta, lo que hizo fue presentar comercialmente al individuo ante el BROU, por ejemplo, pero no dar referencias personales. Ese procedimiento es protocolar. No pasó otra cosa y la pregunta es ¿cuándo se libró el pedido de captura?; porque Cianciotta está en San José y a la vista de todo el mundo desde diciembre, es decir hace casi un año. La otra pregunta es ¿qué estaba haciendo Interpol uruguaya en caso de que el hombre estuviera requerido, que no lo detenía, si salía en la prensa y continuamente cruzaba la frontera?», expresó un alto dirigente chiruchista a este matutino.

El juez confirma

De la cantidad de información que ha surgido en las últimas horas a raíz de este caso, cabe señalar que lo confirmado hasta ahora por el propio juez que lleva adelante la investigación, Núñez Ramallo, es la siguiente:

El empresario italiano de nombre Maximiliano Cianciotta fue detenido por Interpol, por estar requerido por la Justicia peruana por las acusaciones ya mencionadas, que hacen a un fraude al Estado por varios millones de dólares. Se lo acusa de «declarar exportaciones y cobrar los incentivos por cifras muy superiores a las reales (…) Por ejemplo una exportación de 29.000 dólares se transformaba en una de 500 mil». Núñez Ramallo ordenó el cierre de fronteras para el hombre, determinando que fijara un domicilio en San José, cerca de la sede del Juzgado, hasta que Perú haga efectivo o no el pedido de extradición. Para esto tiene 10 días, tras los cuales Núñez decidirá si es procedente o no el pedido peruano. *