Magistrados rechazan agravios a juez Cavalli tras procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco

La Asociación de Magistrados del Uruguay rechazó tajantemente, en un comunicado a la población, lo que considera agravios vertidos contra la persona del juez Eduardo Cavalli, luego de que éste procesara con prisión al ex canciller de la dictadura militar, Juan Carlos Blanco, por entender que éste era imputable de un delito de privación de libertad contra la secuestrada y desaparecida maestra Elena Quinteros. El Consejo Directivo tuvo una sesión con quórum completo para analizar la situación, de la que derivó el comunicado al que aludimos. El doctor Eduardo Borges, presidente de la gremial de magistrados, indicó leyendo el texto que “la Asociación de Magistrados del Uruguay, por este medio, lamenta y rechaza enérgicamente los agravios emitidos a la persona del juez doctor Eduardo Cavalli, vinculados a su intervención en las actuaciones de público conocimiento, sin efectuar pronunciamiento alguno sobre los aspectos jurisdiccionales y mucho menos políticos vinculados a la causa. Reitera, en igual sentido de comunicados anteriores, su respeto a la libre divulgación del pensamiento y a la crítica que la opinión puede y debe ejercer sobre sus autoridades, pero entiende que los términos en que esto se realiza no debe transcurrir por el camino de la descalificación personal”. No obstante, el comunicado no hace referencia a los dichos públicos de los ministros de Defensa y del Interior del Uruguay, o de algunos legisladores, efectuados días atrás a los medios de comunicación apenas se conociera la resolución que puso a Blanco tras las rejas. Borges precisó que “en este momento nosotros pretendemos simplemente señalar lo relativo al agravio personal a la figura del juez, sin pronunciarnos en otros aspectos. Las personas que ejercen un cargo público, como los magistrados, y máxime en decisiones de esta envergadura, siempre van a ser criticadas. Siempre van a haber opiniones a favor y en contra. Pensamos que en eso consiste el derecho a la libre expresión del pensamiento, que es una emanación directa del principio de libertad, regulado por nuestra Constitución, de manera que sobre ese aspecto no tenemos ningún comentario en particular”.