Veinte policías sumariados desde que asumió Navas en Cárceles

Actualmente el Penal de Libertad aloja unos 300 delincuentes y otros 150 fueron redistribuidos tras el motín que dejó el centro destrozado. Desde entonces los reclusos viven en condiciones si no infrahumanas, que al menos no cumplen ni mínimamente con las disposiciones basadas en los derechos humanos, que prevén las leyes carcelarias. Así lo reconocen los propias jerarquías que dirigen el sistema y que a la vez no están dispuestas a permitir «ni un solo motín más».

Los contenedores ubicados en el penal, donde habitan los presos -lo mismo que el centro La Tablada-, son alojamientos «transitorios (…), de ninguna manera adecuados, ni desde el punto de vista de la infraestructura ni desde el punto de vista físico, para albergar a los reclusos», dijo Navas a este matutino. Por eso se dispuso la compra de «módulos de acero», llamados antibandálicos, que estarían llegando en estos días a Uruguay desde Estados Unidos.

Los módulos se ubicarán en el penal y tendrán capacidad para unos 600 hombres, a razón de tres por celda. Este negocio fue ideado por el ex director de Cárceles, inspector principal (r) Carlos De Avila, actualmente preso.

«Yo quiero verlos», expresó el inspector, subrayando su total rechazo a que los reclusos terminen, con esta iniciativa, hacinados como ahora. «Yo quiero ver los módulos; tres presos por celda no sé… quiero verlos antes de opinar».

De cumplirse el proyecto tal como fue pactado, en realidad sobraría espacio para alojar a los delincuentes más peligrosos del Uruguay, que el inspector estima son unos 500. Por otra parte, Navas se propone reacondicionar el celdario central del penal y con esta medida busca, por un lado descongestionar otras cárceles que se encuentran «completamente superpobladas» y por otro, no utilizar los pisos «sólo para reclusión, sino también para trabajo y enseñanza».

Máxima seguridad

El sistema carcelario que Navas quiere e intenta aplicar, denominado de «progresividad», se divide en «tres etapas». La primera es, precisamente, que exista un centro en el país de máxima seguridad. Allí se ubicarán a los presos más peligrosos, que estarán aislados del resto de la población carcelaria rodeados de estrictas medidas de seguridad y vigilancia, sin derecho a abandonar la zona.

En la segunda fase, las medidas de seguridad revisten menores exigencias a la vez que se permiten algunos beneficios. Por ejemplo, oportunidades de trabajo. «Este es ya un régimen más liberal». Finalmente, se alcanza la tercera etapa, llamada de preegreso, «donde no hay muros. Es decir que se basa en la confianza y no hay vigilancia o guardia armada a la vista». Esta fase no existirá según el plan de Navas en el penal.

«Nuestro plan primero es reimplantar este principio de progresividad para lo cual se necesita recuperar el Penal de Libertad como lo fue entre 1986 y 1990: de máxima seguridad. En ese momento (NDR: con Navas al mando), no había motines, pero se decidió cambiar esto. Por denuncias de violaciones a los derechos humanos se les dio excesiva permisividad y se perdió el principio de autoridad y así pasó lo que pasó. Sobrevino la ley del más fuerte y pasaron a dominar los pesados, los delincuentes más peligrosos», sostuvo el inspector principal.

Luego «siempre viene el motín y la destrucción de las instalaciones. Por eso Uruguay, como todo el mundo, tiene que tener un centro con categoría de máxima seguridad y separar a los más peligrosos de los que quieren cumplir su condena en paz y tener una segunda oportunidad. Cuando no es así, con la ley del más fuerte los más débiles son los que más sufren y son maltratados, violados, vejados por los más fuertes y a ellos tenemos que protegerlos. Yo les llamo la mayoría silenciosa».

Empleo de fuerza

Públicamente, el jerarca no ha ocultado que está dispuesto a utilizar la fuerza para reprimir cualquier nuevo intento de amotinamiento. No sólo no lo ha ocultado, sino que hasta lo ha prometido.

Para Navas, esta medida es inevitable. «El empleo de la fuerza es una facultad y un deber que tiene la Policía cuando hay un serio quebrantamiento de la ley y el orden, que pone en riesgo la integridad física de las personas (se trate de policías, reclusos o civiles)», definió.

Significa que si un grupo o un solo recluso «promueve el ataque a otro, puede intervenir la Policía penitenciaria actuando como fuerza organizada y empleando el grado de coacción necesario para desarticular la agresividad (…) y subrayó que no se trata del uso abusivo de la fuerza», sino de su utilización «profesional».

El entrevistado ejemplificó su posición: «Si me atacan con piedras y palos no respondo con balas, sino con bastonería y gases». Es la ley penitenciaria, «que obliga al personal a usar la fuerza cuando los presos la emplean o se autoinfringen heridas».

Policías corruptos

Como parte indispensable para sanear el sistema carcelario, Navas reconoció otro punto: la corrupción de algunos funcionarios. Concretamente en el penal y en los últimos meses se ha separado del cargo a unos 20 policías. Los motivos: corrupción o abuso de autoridad. «No hay lugar para policías corruptos, que se vayan, no queremos abusos ni corruptos, queremos policías honestos».

Un caso citado por el jerarca a modo de ejemplo, «fue el de un policía que le hurtó su walkman a un recluso. Este se quejó, ni siquiera lo denunció porque claro, tenía miedo, y nosotros ordenamos una inmediata investigación. Se encontró el walkman en el placard de un policía». El agente fue derivado a la Justicia, bajo el cargo tentativa de hurto agravado por el abuso de función, pero terminó absuelto. «Lamentablemente no fue procesado, pero nosotros lo sumariamos con retención de sueldo y aunque ahora es sólo imputado de esta gravísima falta, pienso que lo van a destituir».

El inspector principal aseguró que todas las semanas mantiene reuniones con los familiares de los reclusos a fin de que entiendan su posición y le planteen cualquier inquietud. «Buscamos transparencia y respeto, paz y serenidad». Hoy se hacen gestiones con ONGs y empresas privadas buscando fuentes de trabajo para los presos que «así lo merezcan».

«Queremos combatir el analfabetismo carcelario (…) pero nada de esto se puede hacer sin seguridad, no se puede rehabilitar sin seguridad», concluyó el inspector Navas. *