Los jueces se defienden

La Asociación de Magistrados del Uruguay cuestiona la forma en que se ha opinado sobre la salida transitoria otorgada por un juez letrado de Salto, Duvi Teixidor, al narcotraficante Omar Clavijo fugado en la misma, y un presunto error administrativo cometido en el Juzgado Penal de 12º Turno en Montevideo por el que habría quedado en libertad un recluso al que le restaban 20 años de cárcel por homicidio.

Señalan los jueces que «deteriorar la imagen del sistema judicial no es un buen camino a seguir en un régimen democrático republicano de gobierno» y que «la relación del Poder Judicial con el Ministerio del Interior debe caracterizarse por la consideración y el respeto recíproco», en lo que se entiende como una clara alusión a las declaraciones del ministro del Interior Guillermo Stirling, otras autoridades de esa cartera y mandos policiales que criticaron la actuación de los jueces en estos dos casos.

El caso de Clavijo, fundamentalmente, motivó que el Ministerio del Interior evaluara la conveniencia de las salidas transitorias, estando en marcha la confección de un proyecto que modifique el régimen vigente. Al conocerse la evasión de Clavijo, detenido en octubre de 2001 con 300 kilos de marihuana para un diputado colorado según lo revelara en entrevista con LA REPUBLICA, Stirling afirmó que los jueces deberían dar cuentas públicamente de sus actos y dijo que el beneficio estuvo mal otorgado.

En este contexto, en declaraciones a LA REPUBLICA, el juez salteño sostuvo que la salida fue otorgada dentro de la normativa vigente y que tenía informes policiales que aconsejaban el otorgamiento.

Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Milton Cairoli, confirmó que tres jerarcas policiales (uno de ellos abogado del Ministerio del Interior) habían respaldado a Clavijo con sus informes para que accediera a la salida de carácter laboral.

Leña al fuego

A varios días de este cruce de acusaciones, la gremial de los jueces se pronunció al respecto criticando a quienes los cuestionaron, fundamentalmente por la forma y el tenor de los «ataques» recibidos.

El comunicado expresa lo siguiente:

«La Asociación de Magistrados del Uruguay comunica a la ciudadanía que en los hechos de notoriedad recientemente divulgados, vinculados a la liberación de un recluso y a la salida transitoria otorgada a otro, se atribuyó grave responsabilidad a los magistrados actuantes, frente a la opinión pública, emitiendo declaraciones imprecisas.

Ante esta situación  sin perjuicio de las investigaciones de orden administrativo que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia, en el marco de sus facultades normativas  no podemos permanecer en silencio. Se ha puesto en tela de juicio el desempeño de integrantes del Poder Judicial, sin un completo y acabado conocimiento de causa. Tal proceder afecta la dignidad de un Poder del Estado que constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático.

Cuestionar su actuación incorrecta es justo y adecuado al contralor que la población puede y debe ejercer sobre sus autoridades. La crítica es y debe ser siempre aceptada. Pero no es la crítica como libre intercambio de ideas y opiniones lo que preocupa, sino la forma en que esas opiniones han sido últimamente expresadas y transmitidas.

Deteriorar la imagen del sistema judicial no es un buen camino a seguir en un régimen democrático republicano de gobierno, menos aún tratándose de instituciones que comparten la responsabilidad de reprimir los delitos y velar por la seguridad de la población.

La relación del Poder Judicial con el Ministerio del Interior debe caracterizarse por la consideración y el respeto recíproco, procurando cumplir las respectivas funciones en forma coordinada, en estricta aplicación de la ley, con la mayor rectitud y eficacia, dentro del ámbito de sus competencias específicas».