Allanaron polvorín "clandestino" en pleno barrio de Carrasco
Los seis detenidos declaraban anoche ante el juez Penal de 2º Turno, Gustavo Miraballes, quien procura establecer si la fábrica de proyectiles tenía las habilitaciones correspondientes y la autorización del Servicio de Materiales y Armamento del Ejército (SMA), aunque ya se confirmó que no contaba con permiso de Bomberos ni de la Intendencia. Por otro lado se pretende dilucidar quiénes serían los compradores de la municiones.
Todo comenzó de forma rutinaria al mediodía de ayer cuando una patrulla de la Seccional 14ª detuvo a dos personas en actitud sospechosa. Al registrarles las pertenencias los funcionarios hallaron que tenían varias puntas de proyectiles y cápsulas vacías, declarando los sospechosos que trabajan en una fábrica de municiones.
Ante lo que parecía ser una irregularidad, los funcionarios se comunicaron por radio con el titular de la repartición, comisario Alvaro Vergara, quien desconocía la existencia de ese polvorín en el corazón de Carrasco. Por tal motivo, el comisario informó de la situación al juez Miraballes, quien extendió orden de allanamiento para la presunta fábrica.
Momentos más tarde una nutrida comitiva policial llegaba a la finca de la calle Havre 2023 y procedieron a ingresar. Los policías intervinientes comprobaron que al frente de la fábrica de proyectiles se encontraban los tres socios que dirigen las tareas de fabricación y venta del material. También estaban dos empleados y un ex militar que cumple tareas de «asesor» de la fábrica.
Luego de revisar las instalaciones se ubicaron nueve «carros» de pólvora (barriles de madera de 5 kilos cada uno) con un total de 45 kilos de pólvora. Otros cinco kilos del mismo explosivo fueron hallados sobre una mesa de trabajo junto a una morsa, junto a un torno y las herramientas apropiadas para rellenar las cápsulas con la pólvora y luego colocarles los proyectiles.
Se trataba de un taller completo pero precario en sus instalaciones y medidas de seguridad.
Indagaciones
El militar retirado, que dijo ser el asesor de la fábrica, manifestó que la pólvora había sido comprada al SMA, para lo cual dijeron tener el trámite de habilitación en curso. Sin embargo, las autoridades policiales constataron que el establecimiento carecía de habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos y del correspondiente permiso municipal.
Resultaba evidente, dijeron las fuentes, que aunque se tratara de una fábrica en regla, cosa que no está comprobado, nunca podría funcionar en un barrio rodeado de fincas particulares por el peligro que significaba para muchas personas un eventual estallido de la pólvora.
Una vez constatado el volumen del polvorín se informó al juez Miraballes, quien se hizo presente en el lugar. Asimismo se solicitó la presencia de un equipo de la Policía Técnica y de personal idóneo del Ejército en manipular explosivos.
Entre el material hallado, aparte de la pólvora, se encontró numerosa cantidad de proyectiles en proceso de fabricación. Se trata de las vainas y los proyectiles o puntas para armas de todo calibre, tales como 22, 32, 38, 9 mm y calibres 243 de caza mayor. Los socios informaron que pensaban exportar las balas a la Argentina, lo que parece algo muy lejos de la realidad ya que el vecino país posee fábricas militares para todo tipo de armamentos y balas.
Asimismo señalaron que venden municiones a amigos y conocidos que se dedican a la caza deportiva. Anoche, los seis detenidos declaraban ante el juez actuante, quien busca aclarar, sobre todo, la reglamentación y los permisos para el funcionamiento de una reducida fábrica militar en pleno Carrasco.
También se busca confirmar si la compra de pólvora al SMA estaba ajustada a las reglamentaciones existentes en torno a la manipulación de material explosivo altamente peligroso. *
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