Matanza de niños en Honduras

NOE LEIVA, TEGUCIGALPA, AFP

 

«En Honduras algunos niños han sido ejecutados por miembros de las fuerzas de seguridad», establece un informe de la relatora especial de la ONU sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Asma Jahangir, que visitó este país en agosto de 2001 para investigar los crímenes.

«En la mayoría de los casos los niños estaban desarmados y no habían provocado a la policía a emplear la fuerza, y mucho menos medios letales», según el informe.

«Ha habido muy pocas investigaciones y juicios en casos de ejecuciones extrajudiciales y rara vez se imponen condenas. Además de la impunidad institucionalizada, existe una campaña para condicionar a la opinión pública a apoyar la ‘limpieza’ de los niños indeseables en las calles de Honduras», añadió.

El informe de Jahangir viene a confirmar y a dar fuerza a una serie de acusaciones que se produjeron en los últimos días en torno a la matanza de menores.

El miércoles anterior, el Ministerio Público involucró a elementos de la policía, guardias privados de seguridad y comités de defensa civil organizados por las autoridades, en algunas de las ejecuciones extrajudiciales, que según sus datos totalizan 2.262 entre 1999 y 2001.

El último informe de Casa Alianza, una organización internacional que trabaja en la protección de los menores en América Latina, asegura que 1.361 menores de 22 años han sido asesinados en Honduras entre 1998 y la primera quincena de setiembre pasado.

Otra denuncia que conmocionó al país se produjo el pasado 25 de setiembre, por parte de la directora de asuntos internos del Ministerio de Seguridad, María Borjas, quien con base en indagaciones propias aseguró que al menos 20 ejecuciones extrajudiciales fueron perpetradas «a sangre fría» por miembros de la policía.

La oficial acusó al ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, de desarticular su equipo de investigación y de presionarla para que renunciara a raíz de esa investigación. El funcionario la desmintió públicamente.

Sin embargo, el Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin), un órgano integrado por los ministros de Gobernación y Seguridad, la fiscalía, dirigentes empresariales, sindicales, campesinos y organizaciones de mujeres y de derechos humanos, dio su respaldo a Borjas y acordó apoyarla en las investigaciones.

A su vez, el presidente Ricardo Maduro nombró una comisión integrada por ministros y miembros de organizaciones no gubernamentales para que elaboraran un informe, el cual fue presentado la noche del viernes y es coincidente con el documento de Jahangir en el sentido de que hay policías involucrados en el asesinato de menores.

El ministro de Gobernación, Jorge Hernández, quien presidió la comisión, afirmó que ahora «hay que hacer una investigación sobre los autores para llevarlos a los tribunales».

El 29 de diciembre de 1993 el Estado de Honduras aceptó en un informe del gubernamental comisionado de derechos humanos que determina que elementos del ejército organizados por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) y asesores argentinos hicieron desaparecer a 184 personas sospechosas de pertenecer a grupos de izquierda entre 1979 y 1989.

Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), algunos elementos de la policía actual pertenecieron a los escuadrones de la muerte del denominado batallón 3-16 al que se responsabiliza de efectuar las desapariciones. *