Colapso carcelario

De acuerdo a las estadísticas obtenidas por LA REPUBLICA sobre la entrada y salida de presos en lo que va del año, teniendo en cuenta los establecimientos que están a cargo de la Dirección Nacional de Cárceles (Comcar, Libertad, La Tablada, Mujeres y Centros 1 y 2), 1.696 personas fueron procesadas con prisión entre enero y setiembre inclusive. En el mismo período fueron liberados 888 presos.

La diferencia arroja que la población reclusa aumentó en nueve meses en 808 personas. Esto significa un ritmo de crecimiento de tres personas por día. De mantenerse esta frecuencia y proporciones de entradas y salidas, al finalizar 2002 el incrementó incluiría a 276 personas más. Aproximadamente el 65 por ciento de los presos de Comcar y Libertad tienen entre 18 y 29 años, la misma franja etaria que padece las peores estadísticas de desempleo fuera de prisión.

Así las cosas, la superpoblación de la que se viene hablando desde el motín de 1999 amenaza con convertirse ahora en un hacinamiento de riesgo máximo.

En este contexto, la Policía se encuentra saturada. En Comcar, donde existe la realidad más delicada, la relación funcionarios-presos es de sesenta a uno, aproximadamente.

El pasado martes, en ocasión de dar detalles sobre un enfrentamiento con heridos entre bandas rivales, el director nacional de Cárceles, inspector principal Enrique Navas, sostuvo que el Comcar iba en camino de convertirse en una «cárcel abierta».

Reflejaba así la dramática situación que se vive. En esa oportunidad dijo que el sacrificio de los funcionarios era la explicación para que las cosas aún «estén bajo control».

Tensión

Desde el motín de marzo pasado se han reestructurado los poderes internos de las cárceles, aun más luego que el ex director de Cárceles, inspector principal Carlos de Avila, fuera procesado junto al coordinador ejecutivo y el ex jefe de Comcar y Libertad, Pablo Machado, por abuso de funciones. La llegada de Navas impuso nuevas reglas de juego que hasta el momento los presos parecen respetar.

Si bien se han frenado los homicidios (tras el alzamiento seis presos aparecieron ahorcados), la tensión no se ha disipado y los presos y sus familiares han realizado denuncias varias sobre las condiciones de vida y el riesgo de muerte que muchos padecen.

El lunes pasado en Comcar se enfrentaron dos bandas rivales integradas por presos que habían estado en Libertad cuando el motín. Se pasaron facturas viejas y lucharon por parcelas de poder. Hubo cuatro heridos, dos graves.

Actualmente hay más de 2.600 presos en el penal de Santiago Vázquez. Cualquier episodio podría desatar el caos. A las pésimas condiciones de alojamiento (hay celdas en las que los presos deben dormir en el suelo) se suman en los últimos meses dos factores que generan tensión.

Una de ellas hace al estado sanitario de los reclusos. Desde el 9 de agosto a la fecha seis presos murieron por problemas de salud, cinco de ellos del Comcar.

De generarse un foco de enfermedad, el hacinamiento existente podría funcionar como promotor de una epidemia, tal como en su momento sostuvieron distintas autoridades en el marco de la comisión tripartita que analiza el tema carcelario, integrada por la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio del Interior y el Parlamento. El otro aspecto que preocupa es el alimenticio.

En julio pasado el ministro del Interior, Guillermo Stirling, anunció que los recortes impuestos por Economía significarían carencias graves para la cartera, remarcando que escasearía la comida tras las rejas.

De acuerdo a las fuentes consultadas por LA REPUBLICA, esto ya empezó a ocurrir, en parte por el aumento de la población reclusa, ya que con el mismo dinero se debe alimentar a más gente. A partir de mediados de agosto, comenzó a faltar el pan y también otros insumos. La carne escasea.

Proyección

De aquí a fin de año podrían ocurrir dos cosas que de alguna manera aliviarían levemente la situación, aunque según aquellos que están en el tema sólo por pocos meses. Una de ellas es la llegada de los contenedores comprados en Estados Unidos por el hoy recluso inspector De Avila. Según se estima, una vez ensamblados –nunca antes de fin de año– permitirán albergar a unos 600 hombres.

Por otro lado, se espera para finales de año la visita anual de Cárceles por parte de la Suprema Corte de Justicia, oportunidad en la que decenas de reos podrían quedar en libertad por la gracia de los altos magistrados. Otro punto que podría traer alivio, pero que está lejos de concretarse, está relacionado con un proyecto de ley elaborado por el diputado herrerista Fernando Araujo.

Como se informara días atrás, el legislador pretende extender el beneficio de la libertad anticipada para los procesados no penados. Hoy por hoy acceden al mismo aquellos que están penados y han cumplido la mitad de la condena.

La propuesta de Araujo implica que los procesados que hayan cumplido la mitad de la sentencia por el delito que han sido procesados, también puedan solicitarla. En Comcar el 77 por ciento de los presos no tiene sentencia firme y en Libertad el 41 por ciento se encuentra en esa situación.

La diferencia entre ingresos y egresos, que redunda en un aumento constante de presos, preocupa también a los parlamentarios que integran la Comisión de Derechos Humanos.

En distintos ámbitos se especula hasta qué punto la situación podrá seguir estando bajo control, por más sacrificio y voluntad que puedan poner los funcionarios. *