La Justicia emitió un pedido de captura y el cierre de fronteras para el prestamista denunciado

Decenas de funcionarios públicos y particulares víctimas de estafa

En la tarde de ayer se conoció una estafa millonaria de parte de un prestamista contra más de sesenta funcionarios del Palacio Legislativo, de la Intendencia Municipal de Montevideo y del Banco de Previsión Social.

Sábado 29 de junio de 2002 | 12:00
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 Veinticinco
de los estafados son funcionarios del Parlamento.

Más de sesenta funcionarios públicos y varios particulares gestionaron préstamos monetarios ante la Gestoría del Parque, ubicada en Bulevar Artigas y Camino Burgues, a través de la oferta de un préstamo de 300 mil pesos uruguayos. El mismo era a pagar hasta en 10 años en cuotas de 4.300 pesos reajustables cada tres meses por Indice de Precios al Consumo (IPC).

En el caso de 25 funcionarios del Palacio Legislativo, que gestionaron el préstamo sobre sueldo, debieron adelantar dos cuotas para la autorización del empréstito y a su vez presentar una serie de documentaciones, ya que en la jornada de ayer supuestamente se les iba a hacer efectiva la prestación con dos letras de cambio, una a nombre del Banco República, porque se les obligaba a cancelar el BROU, y otra a nombre de los solicitantes.

Varios damnificados señalaron a LA REPUBLICA que “se desconoce el paradero del señor Fernando Díaz Anilivia, el gestor que firmó los recibos, quien ya habría estado preso por estafa y quien recibió 14 denuncias más por las mismas causas”.

Asimismo, los damnificados –cifra que asciende a aproximadamente 60–, presentaron formalmente la denuncia, en el Departamento de Delitos Económicos de Jefatura por defraudación y estafa.

A raíz de la denuncia contra Díaz Anilivia se solicitó un pedido de captura y una solicitud de cierre de fronteras, ya que se desconoce su paradero.

El dinero para efectivizar el empréstito provenía, según el propio prestamista, de una supuesta inversión para un proyecto denominado “vivienda fácil” el cual aparentemente no prosperó, por lo cual había disponibles cerca de 15 millones de pesos depositados en un Banco de Cancún.

Asimismo, los afectados señalaron que el monto de la estafa es “incalculable, porque hubo quien adelantó ocho o siete mil pesos, pero también alguien llegó a poner 1.500 dólares, entre ellos varios escribanos y abogados. También hay muchas personas que perdieron los títulos de propiedad de su domicilio a cuenta del préstamo”.

“Es una situación muy delicada porque este señor cuenta con toda nuestra documentación, como por ejemplo, fotocopia de cédula de identidad, domicilio real y recibo de sueldo”, indicaron varias víctimas del engaño.

“Díaz Anilivia tiene domicilio real en la calle Santa Mónica, pero la tramitación de los préstamos la realizaba en la Gestoría del Parque, aunque citaba a quienes recibirían la prestación inexistente en una oficina ubicada en la Calle Brandzen que arrendaba diariamente”, indicaron los denunciantes.

Según trascendió, una ex secretaria de un ex senador nacionalista habría presentado a Díaz Anilivia a un funcionario del Palacio para tramitar los préstamos. Además de los veinticinco funcionarios del Parlamento también han sido perjudicados empleados de la Intendencia Municipal de Montevideo y del Banco de Previsión Social y particulares. *

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