Ofensiva contra la industria de la clonación de libros y textos

Esta «campaña», encabezada por la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y el Fondo de Cultura Universitaria, se suma a iniciativas similares lanzadas por otras instituciones, como ser la Cámara Uruguaya del Disco, la Unión Uruguaya del Video, la Cámara Uruguaya del Software, y diversas empresas internacionales, que a través de sus representantes en Uruguay han desatado el combate contra la piratería y falsificación de marcas.

En el último año, como fuera informado en ediciones anteriores bajo el concepto del «Uruguay clonado», se advirtió cómo estos sectores comenzaron a proteger por la vía judicial a la industria establecida, que acuciada por la crisis económica vio que el crecimiento del informalismo amenazaba aun más sus perspectivas.

En el período mencionado han sido procesados empresarios, vendedores ambulantes y comerciantes, que se dedicaban a la producción, distribución y comercialización de los productos falsificados. Si bien en relación al fotocopiado de libros existen antecedentes, en este marco, la noticia de nueve procesamientos en una misma causa supone el génesis de una mayor presión al respecto.

Fuentes del Fondo de Cultura Universitaria dijeron a LA REPUBLICA que existen nuevas investigaciones que se convertirán en denuncias penales. En este tipo de delitos la Justicia no actúa de oficio, por tanto los damnificados deben presentar los casos para dar inicio a la maquinaria judicial.

El prólogo

Días atrás el juez Penal de 5º Turno decretó el procesamiento de nueve personas en virtud de la violación al artículo 46 de la Ley de Derechos de Autor 9.839, en su redacción dada por el artículo 23 de la Ley 15.913, relacionada con la reproducción ilícita de textos. El caso fue tortuoso y se extendió durante varios años, e incluso la denuncia fue archivada por falta de méritos, lo cual motivó a los denunciantes a recabar mayores elementos para reabrir el expediente.

En el escrito original, las instituciones demandantes le hicieron saber al magistrado que «desde hace muchos años se observa con preocupación la expansión de las casas de fotocopiado en las que se reproduce total o parcialmente, sin el consentimiento de los titulares de los derechos de autor, libros editados por los comparecientes y otros miembros de la cámara».

Afirmaban por entonces que «esto se acentúa a comienzos de cada año (iniciación de los cursos anuales o semestrales), habiendo adquirido al presente proporciones alarmantes, al punto que se nota una merma en las ventas de los libros de texto que son, en lo fundamental, el mayor objeto del fotocopiado ilícito».

Y agregaban: «Lo grave no es que los particulares soliciten el copiado de un texto determinado, a cuyo efecto proporcionan el original a fotocopiar, sino que informadas del material a utilizar por los docentes, estas empresas ya tienen el ejemplar a copiar, o varios preparados previamente, de acuerdo con la demanda, los que ofrecen públicamente mediante avisos con textos más o menos encubiertos».

La trama

El fundamento de la denuncia estaba acompañado por material probatorio, el cual fue ampliado tiempo después ante el archivo provisorio de la denuncia. Entre los elementos recabados y puestos a disposición del magistrado actuante, figuran las direcciones donde se desarrollan estas actividades, como así también volantes publicitarios, entre otras cosas.

Por ejemplo, la Fundación de Cultura Universitaria para comprobar estos hechos ordenó la compra de la fotocopia ilícita del libro del doctor Cassinelli Muñoz «Derecho Público», y del Curso de Derecho Laboral del doctor Américo Plá Rodríguez, y otros tantos. Pero los representantes de la Fundación aclaraban entonces que «no son las únicas obras que se reproducen ilícitamente».

Las fuentes dijeron que, teniendo en cuenta sólo las obras mencionadas en el escrito y otras similares, la maniobra podría ubicarse entre los 200 y los 300 mil dólares durante el período analizado. Los demandantes exigían que, de acuerdo con la legislación vigente, los instrumentos que permitieron la consumación del delito (fotocopiadoras) deberían ser confiscados.

Contratapa

Los denunciados por la CUL y la Fundación eran básicamente los locales emplazados en la Galería Montecarlo, sita en 18 de Julio y Eduardo Acevedo (frente a la Facultad de Derecho), y una mujer que a través de un volante se daba a conocer como Marisa y ofrecía reproducciones de todo tipo.

Después del extenso proceso penal finalmente el magistrado entendió suficientes las pruebas reunidas en el expediente y dispuso los procesamientos indicados.

Las fuentes destacaron que esta ofensiva, potenciada por el dictamen judicial tras varios años de actuaciones, continuará en la misma línea, procurando la defensa del autor y de las editoriales.

Como se decía al principio, si bien no fue el primero, la resolución del juez Penal de 5º Turno fue la más contundente, teniendo en cuenta el número de personas y locales involucrados.

El antecedente más cercano data del 28 de julio de 1999 por parte del Juzgado Penal de 14º, y más atrás en el tiempo se cuenta la resolución del juez Penal de 6º Turno, que en 1995 procesó al responsable de un salón sito en Eduardo Acevedo 1428. *