El 222 va a la Justicia

La situación planteada en el Plantel de Perros, dependiente de la Dirección de Grupos de Apoyo, es similar a la suscitada meses atrás en la Jefatura de Canelones cuando el por entonces tercero en el mando elaboró un informe sobre las maniobras que se realizaban, decidiendo el jefe canario, inspector principal (r) José Luis Pereyra Roldán, dar cuenta a la Justicia.

El tema preocupa de manera especial a la Policía (básicamente al personal subalterno) que deja en este servicio contratado por terceros buena parte de su vida. Las nuevas irregularidades constatadas ahora en Montevideo ponen en el tapete nuevamente la naturaleza de este servicio, que funciona como una «economía en negro» sin estar gravado por ningún impuesto y sin generar ningún tipo de beneficio previsional para los trabajadores.

En su momento, el ministro del Interior, Guillermo Stirling, planteó la necesidad de legislar en la materia. Por ejemplo reduciendo progresivamente las horas del servicio y aumentando proporcionalmente el salario de los uniformados, de manera que éstos no pierdan lo que actualmente significa en muchos casos el mayor ingreso en su hogar.

En 1999 el por entonces jefe de Policía capitalino, Juan Suárez Silva, a raíz de una serie de irregularidades comprobadas intentó disminuir de 240 horas mensuales a 180 las que un efectivo podía realizar, lo cual puso a la Policía al borde de la huelga, evitada por la contraorden de Stirling que dejó sin efecto la medida.

 

Servicio de perros

Uno de los principales problemas que provoca el servicio es la falta de control que tiene, el cual recae casi exclusivamente en las autoridades de cada repartición facultada a realizarlo.

Esta realidad determinó que en el Plantel del Perros la situación se fuera de control para los dos comisarios que se encontraban al frente. Estaban en la dependencia hacía más de cuatro años.

La información obtenida por LA REPUBLICA indica que una investigación iniciada en los últimos meses de 2001 y concluida semanas atrás logró comprobar en primera instancia la existencia de irregularidades.

Se ha podido comprobar, por ejemplo, que si un organismo solicitaba cuatro funcionarios por el artículo 222 se le mandaban sólo dos, pero obviamente se cobraba por cuatro.

También, según las fuentes consultadas, se hacía figurar en las planillas a efectivos «fantasma» o a funcionarios que venían del Interior a recibir cursos en el manejo de los canes, y que nunca se enteraban del uso de su nombre para perjudicar a terceros. Una vez trascendidas las maniobras, el jefe de Policía de Montevideo, inspector principal (r) Nelsi Bobadilla, mandó investigar, y tras obtener un informe preliminar decidió separar de sus cargos a los dos comisarios.

Paralelamente designó a un nuevo titular e instruyó al jefe de Grupo de Apoyos para que realice nuevos movimientos.

Al parecer no sólo estos dos oficiales estarían comprometidos, sino también al menos otros tres uniformados de menor rango. Bobadilla, a la vez que continúa las pesquisas por la vía interna, trasladó el caso a la Justicia Penal al entender que había hechos de apariencia delictiva.

La información reunida indica que las instituciones afectadas serían tres: la Intendencia Municipal de Montevideo, el Hipódromo de Maroñas y el Colegio Crandon. Fuentes de Jefatura dijeron que luego de concluidas las investigaciones, de ser necesario, las damnificadas serían resarcidas.

 

Más de lo mismo

Mientras se aguarda el epílogo de lo denunciado en Canelones, nuevos elementos surgen en este departamento con relación al 222 y los problemas para cobrar los servicios. Hay funcionarios que hace seis meses que no perciben dinero por la seguridad brindada en todo este tiempo, lo cual les trae aparejados varios problemas.

Uno de ellos económico, ya que mientras todas sus obligaciones (luz, agua, comida, vivienda y demás) no aceptan dilaciones, ellos no tienen en el bolsillo lo que han ganado para hacer frente a las mismas. Entonces deben contraer créditos e ingresar en un círculo que, de recibir el pago en fecha, podrían evitar.

En Montevideo existe un sistema de pagos diferente al de la mayoría de las unidades policiales; se le paga al policía el servicio realizado haya o no el contratante abonado el mismo. En Canelones esto no ocurre y al igual que en el resto del país si una entidad no salda su deuda, el efectivo no percibe lo generado.

Esto hace que los organismos no recaudadores (como pueden ser los educativos) demoren todos estos meses en ponerse al día con las Jefaturas.

Varios policías canarios dijeron que la asignación de los servicios está digitada, al igual que lo expresado por el alto oficial que elaboró el informe que culminó en la Justicia, y entonces «los mejores destinos, de aquellos que pagan regularmente, quedan en manos de pocos». Las mismas fuentes indicaron que a esta angustiante situación se le suma el atraso en percibir las compensaciones por el Operativo Verano Azul.

A mediados de enero sólo habían cobrado 1.180 pesos, correspondiendo a 10 días, cuando la temporada había comenzado el 15 de diciembre de 2001.

 

En bomberos

Aunque la situación parece ser otra, también existen investigaciones en la Dirección Nacional de Bomberos sobre presuntas irregularidades en este servicio, que en esta unidad ejecutora se comprende en el artículo 272.

Un inspector general de la dirección que hace muchos años no tiene destino alguno dentro de Bomberos presentó una denuncia en la Fiscalía del Ministerio del Interior. Dijo que había maniobras y entonces el fiscal comenzó a investigar y solicitó una serie de informes y documentos, los cuales fueron aportados por el comando.

Hasta el momento no surgieron elementos que confirmen las presunciones. Las autoridades de Bomberos entienden que este tema estuvo motivado por cuestiones personales y dijeron que lo mejor que puede pasar es que el fiscal culmine su investigación para demostrar que no había manejo irregular de los fondos. *